Las empresas de energía y servicios públicos fueron las más castigadas en los últimos años en medio de la crisis económica y la recesión, con alta inflación, que afecta al país desde 2018. En ese marco, un relevamiento del agente de bolsa Cocos Capital, dio cuenta del deterioro de la capitalización bursátil que sufrieron 13 firmas de los mencionados sectores, entre los que se destacan YPF, Metrogas, Edenor, Transportadora de Gas del Sur y del Norte, y Pampa Energía.
De las empresas analizadas, cuya lista la completan Central Puerto, Naturgy, Camuzzi, Cuyana, Transener, Capex y Enel, se desprende que, en promedio, valen menos del 10% de lo que llegaron a costar en 2018 antes de la corrida cambiaria que se desató en abril y que desembocó en una fuerte devaluación con una gran salida de capitales y una inflación que superó el 47%, según el Indec.
Si se toma en cuenta el caso de la petrolera estatal YPF, su valor de capitalización bursátil al día de hoy –de USD 1.338 millones- es apenas el 14% de lo que costaba en 2018 cuando su valor alcanzó los USD 9.825 millones.
Edenor, que en 2018 tenía una capitalización bursátil de UDSF 2974 millones, hoy cuesta solo USD 182 millones –el 7% de aquel valor.
En el caso de Pampa Energía, que tres años atrás alcanzó un valor de USD 5.538 millones, el costo al día de hoy -unos USD 991 millones- representa apenas el 18% de aquel precio.
En tanto, entre las empresas más devaluadas figuran Camuzzi, cuyo costo actual (USD 41 millones) significa el 3% de lo que valía en 2018 (USD 1751 millones).
Un caso similar es el de Metrogas: mientras en 2018 su valor alcanzaba los USD 2.649 millones, hoy vale apenas un 3% de ese precio (USD 66 millones).
En tanto, Edenor, que en 2018 tenía una capitalización bursátil de UDSF 2974 millones, hoy cuesta solo USD 182 millones –el 7% de aquel valor-.
“En 2018 los bonos rendían 3%. Los ingresos eran certeros o se pensaba que eran certeros a largo plazo. Y ahora los flujos son bastante inciertos. Hubo una caída en las expectativas. Los flujos se volvieron más inciertos por el crecimiento económico, y por lo que pasó con las tarifas”, dijo a Infobae el CEO De Cocos Capital, Ariel Sbdar.
En ese contexto, agregó: “El congelamiento de tarifas hace que los flujos de las empresas no sean certeros y previsibles. Además, el mercado a principio de 2019 inició un lento desgaste porque de a poco empezó a pesar que el gobierno anterior iba a perder el control de la economía y se anticipó al resultado de las elecciones primarias de agosto de 2019”.
“Las caídas son ridículas. Las distribuidoras de gas son las más golpeadas de todo el Merval”, destacó.
La crisis cambiaria de 2018, el derrumbe de la actividad productiva y comercial y aceleración de la inflación a tasas parecidas a la de 16 años antes son algunas de las causas que iniciaron el derrumbe de estas empresas
Actualmente el mercado está comprando acciones a precios de liquidación que están muy lejos del valor real de la empresa.
Muchos economistas alertaban en 2018 sobre la inviabilidad de la meta de inflación en una economía con alzas de precios a un ritmo de dos dígitos altos al año y vuelta al atraso cambiario como ancla para lograr ese objetivo, pese a la historia de fracasos de esa estrategia en el mundo, y en particular la Argentina.
La crisis cambiaria de 2018, el derrumbe de la actividad productiva y comercial y aceleración de la inflación a tasas parecidas a la de 16 años antes son algunas de las causas que iniciaron el derrumbe de estas empresas.
La vuelta del auxilio financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2019 y las inconsistencias inexplicables en el Acuerdo I con el organismo crediticio alimentaron ese derrotero.
La incertidumbre política natural que genera el ingreso a un año electoral que definiría la continuidad del Gobierno o la alternancia con una fuerza de oposición, más el arrastre negativo de la recesión de un 2018 que se perfilaba expansivo, aseguró un 2019 también negativo.
Cabe recordar que el 7 de junio de 2019 Argentina alcanza un acuerdo preliminar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener una línea de crédito stand-by por USD 50.000 millones de dólares, con el que el Gobierno de Mauricio Macri buscaba llevar calma a los inversores tras las turbulencias financieras.
No obstante, el 26 de septiembre de ese año el FMI amplió el programa crediticio a tres años con Argentina en USD 7.000 millones a USD 57.000 millones.
El domingo 11 de agosto de 2019 el presidente Alberto Fernández se imponía al entonces mandatario Mauricio Macri en las elecciones primarias, allanando lo que sería su triunfo en las presidenciales de octubre, una noticia que cayó mal en los círculos financieros.
El 12 de agosto se recordaría en los mercados como el “lunes negro”: la Bolsa argentina cayó 37,9% en pesos y casi 50% en dólares, y el tipo de cambio saltó un 19%, pero eso sería apenas el prolegómeno de su carrera contra el peso argentino.
Sólo en aquel agosto la cotización oficial del dólar acumuló un alza del 35,8%, en medio de una furibunda fuga de capitales y una drástica caída de las reservas del Banco Central que obligaron al gobierno de Mauricio Macri a imponer duras restricciones a la compra de divisas a partir de septiembre.
Asimismo, sobre el cierre del gobierno de Cambiemos se impusieron controles de capitales y se anunció un reperfilamiento del pago de sus deudas acelerando al crisis.
Tarifas congeladas
El congelamiento de tarifas desde abril de 2019, que se extiende hasta la actualidad, afectó la capitalización bursátil de las empresas de energía y servicios públicos.
En diciembre del año pasado, el Gobierno –a través de un decreto– determinó que las tarifas de luz y de gas permanecerían sin cambios hasta el 15 de marzo y ordenó la renegociación de la revisión tarifaria integral (RTI), que estuvo vigente durante el gobierno de Macri, con un plazo de dos años.
Actualmente, se calcula que el Estado destina unos USD 7.000 millones para el subsidio de las tarifas de los servicios y desde el Ministerio de Economía dejaron trascender, en varias oportunidades, que la idea es que el porcentaje que ese gasto representa en el PBI (cerca del 1,8%) se mantenga igual durante 2021
En la Secretaría de Energía ya están trabajando en el borrador de la ley, que debe ser luego debatida en el Congreso. Pero también estiman que puede haber otros proyectos similares presentados por legisladores.
Los principales objetivos que contempla el proyecto son la segmentación de las tarifas con criterios socioeconómicos –que el precio final a pagar esté en línea con los ingresos de los usuarios– y no atar los aumentos a la porción de los costos de los servicios que están dolarizados, según explicaron fuentes cercanas al secretario Darío Martínez.
Actualmente, se calcula que el Estado destina unos USD 7.000 millones para el subsidio de las tarifas de los servicios y desde el Ministerio de Economía dejaron trascender, en varias oportunidades, que la idea es que el porcentaje que ese gasto representa en el PBI (cerca del 1,8%) se mantenga igual durante 2021.
En tanto, el Gobierno oficializó esta semana la suba del 6% de las tarifas de gas para los hogares a partir de junio, a través de una publicación en el Boletín Oficial.
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