El Gobierno prepara el primer aumento en las tarifas de gas que tendrán los hogares en poco más de dos años. En los próximos días el ajuste se oficializará mediante su publicación en el Boletín Oficial . El reajuste será de entre 4 y 6 por ciento para las boletas de comercios y de usuarios residenciales. El impacto se verá reflejado a partir de los saldos a pagar en julio.
Será así el primer incremento en las tarifas de gas desde junio de 2019, cuando se implementó el tercer aumento de una suba global de 29% que tuvieron ese año en tres tramos. Desde ese momento, tras la derrota del entonces oficialismo de Juntos por el Cambio y tras el cambio de Gobierno, el precio se mantuvo sin cambios.
Este año el Poder Ejecutivo encaró el proceso de deshielo tarifario, pero dos visiones contrapuestas dentro de la coalición de gobierno chocaron ruidosamente. Por un lado, el ministro de Economía Martín Guzmán quiso poner en práctica su visión de que las boletas necesitaban incrementos de manera tal de que el Estado no termine gastando en subsidios este año más que en 2020.
El aumento del gas será el primer incremento en las tarifas de gas desde junio de 2019, cuando se implementó el tercer aumento de una suba global de 29% que tuvieron ese año en tres tramos.
Del otro lado, en el ala del Frente de Todos que responde a la vicepresidenta Cristina Kirchner, la postura fue que, en medio de un año electoral y de la crisis económica, los servicios públicos no deberían tener un reajuste que alcance las dos cifras. Tras un enfrentamiento público entre Guzmán y el Instituto Patria por el intento de desplazamiento del subsecretario de Energía Federico Basualdo, terminó por imponerse esta segunda posición.
El incremento en las tarifas de gas desde julio ya había sido adelantado a Infobae por el titular del Enargas Federico Bernal. “Los servicios públicos de transporte y distribución de gas por redes tendrán un aumento en factura para 2021 del orden del 6% para residenciales y menor, del 4% ,para pymes”, dijo el funcionario, otro de los que tienen terminal política en el ala más cercana a Cristina Kirchner.
“Si la tarifa de transición entra a regir en la semana del 24 de mayo, contemplando el tiempo entre lecturas, más unos 15 días hasta que el usuario recibe esa factura, sabiendo además que el consumo facturado es del bimestre anterior, el impacto se estará registrando a partir de julio”, detalló Bernal. De todas formas, advirtió que el cálculo es “muy relativo”.
El aumento se hará público en los próximos días a través del Boletín Oficial e interrumpirá así dos años de congelamiento. En 2019 el último reajuste en las boletas había sido de 29% en tres tramos: 10% en abril, 9% en mayo y 8% en junio. De esa manera, las subas que se reflejarán en los hogares y comercios en julio serán los primeros en 25 meses.
Este aumento en el gas -de la misma forma en que subirá en los próximos días la energía eléctrica un 9%- son incrementos que el Gobierno considera “de transición”. El Poder Ejecutivo instruyó a los entes reguladores a llevar adelante una revisión “integral”, a la que pusieron como plazo máximo dos años.
El mismo día en que salieron a la luz las diferencias entre Guzmán y el sector del oficialismo que responde a la vicepresidenta, el Ente Regulador de la Energía Eléctrica (ENRE) hizo público su propio incremento, que debería reflejarse en las boletas que llegarán en los próximos días.
La cuenta de subsidios tuvo en los últimos dos años, producto de ese congelamiento, una fuerte suba. Tal como consignó Infobae, según datos oficiales, en los primeros cuatro meses del año las erogaciones para subvenciones crecieron un 51% en términos nominales en relación con el primer cuatrimestre de 2020, y lo hicieron un 230% al comparar la partida presupuestaria utilizada en ese lapso de 2019, cuando tuvo lugar el último ajuste.
En ese sentido, un estudio reciente realizado por los economistas especializados en energía Alejandro Einstoss y Julián Rojo marcó que en los últimos 24 meses los subsidios (medidos en dólares) crecieron a un ritmo del 50% anual. El informe alertó sobre el riesgo de que esa aceleración “se transforme en un ‘tsunami’ de subsidios como el que ya enfrentó la economía entre el 2010 y 2015″.
En los últimos días el presidente Alberto Fernández buscó dar por terminado ese capítulo. El jefe de Estado dijo que “hubo un desencuentro innecesario” entre funcionarios, pero que no se va “a discutir más este tema”. En ese sentido, mencionó que el incremento de los servicios estuvo “hablado” con Guzmán y juntos decidieron “fijar un incremento del 9 por ciento, y punto”.
“Además, también es cierto que por ahora no vamos a discutir más ese tema. Porque la verdad es que nosotros nos enfrentamos a un presupuesto que no preveía que iba a pasar esto, no preveía que íbamos a tener la carne creciendo al precio que crece, no preveía que íbamos a tener a las empresas alimenticias aumentando precios sin ton ni son, ganando con unas ganancias extraordinarias. Y no preveíamos que el coronavirus nos iba a atacar de nuevo como atacó”, concluyó el presidente.
Este aumento en el gas -de la misma forma en que subirá en los próximos días la energía eléctrica un 9%- son incrementos que el Gobierno considera “de transición”.
En medio de esa disputa interna, incluso, el diputado del Frente de Todos Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para que en 40 municipios se paguen tarifas diferenciadas de gas con una reducción que oscila entre el 30% y el 50%. La iniciativa presentada este jueves por el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, y legisladores kirchneristas y del lavagnismo, busca alcanzar a más de 3 millones de familias con un alivio en las facturas.
El proyecto impactará sobre usuarios de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta y la provincia de Buenos Aires, en áreas que serán recategorizadas como “zonas frías” para asignar las tarifas de gas y que se sumarían al beneficio que ya tiene la región patagónica.
De ser aprobado en el Congreso, la iniciativa implica una disminución del 30 y 50% sobre las facturas de gas. La reducción del 30% será para todos los consumos de gas de usuarios residenciales, que se extenderá al 50% en el caso de usuarios de mayor vulnerabilidad.
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