El Gobierno anunció un aumento de la participación estatal dentro de la empresa Impsa, el holding fundado por la familia Pescarmona, que superará el 60 por ciento del total. De esa manera, el Estado nacional pasa a ser el accionista principal de la tradicional empresa metalúrgica.
De acuerdo a fuentes oficiales, la capitalización incluirá USD 20 millones por parte del Estado nacional y otros USD 5 millones por parte de la provincia de Mendoza, ambos en capital de trabajo. Así, la provincia rondará el 20% de las acciones y un 15% quedará en capitales privados. La participación de la familia fundadora se reduciría al 5% del total del grupo empresario.
“El Estado nacional inyectará un total de $1.362.900.000 al capital de IMPSA, por lo que su participación accionaria pasa a ser del 63,7%, mientras que el Estado provincial aportará $454.300.000, quedándose así con el 21,2% de las acciones. El porcentaje restante (15,1%) permanecerá en manos privadas, correspondiendo un 9,8% de las acciones al fideicomiso de acreedores y otro 5,3% para el fideicomiso de la familia fundadora”, informó el Ministerio de Desarrollo Productivo a través de un comunicado.
En agosto del año pasado, la empresa solicitó al gobierno nacional asistencia financiera ante la imposibilidad de reestructurar su deuda
“De esta manera, la compañía recompone su capital de trabajo y se proyecta para posicionarse otra vez como una empresa de vanguardia en desarrollos tecnológicos”, agregó.
El anuncio de la capitalización se realizó esta tarde de manera virtual, y estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez; el ministro de Economía y Energía de Mendoza, Enrique Vaquié; el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló; el CEO de IMPSA, Juan Carlos Fernández.
“Es el modelo Invap”, aseguraron fuentes cercanas a la negociación para describir el perfil de la nueva “Impsa estatal”, en referencia a la sociedad del Estado especializada en energía nuclear.
La compañía, que fue creada hace más de 100 años como una empresa metalúrgica, fue ampliando sus negocios a rubros como soluciones y equipos para la industria de generación de energía hidroeléctrica, eólica y nuclear. En 2018 logró salir de una profunda crisis financiera, que la había puesto al borde de la desaparición. Desde entonces, adoptó un nuevo esquema societario y los acreedores tomaron el control y el management de la compañía. Enrique Pescarmona, nieto del fundador y cuarta generación en la compañía, y Francisco Valenti, uno de los directores de la empresa, estuvieron involucrados en la llamada causa de los cuadernos.
Según pudo saber Infobae, el management seguirá siendo el mismo. El actual presidente de la empresa es Juan Carlos Fernández, un ingeniero electromecánico con posgrados en Stanford y Harvard, que trabajó entre 1979 y 2016 en los departamentos de Ingeniería, Planeamiento y Comercial, y fue presidente de IMPSA Asia y de IMPSA Energy.
“IMPSA vuelve a ser un referente internacional en materia de energía para la exportación de productos industriales de alto valor agregado y reafirma su liderazgo en materia de diseño y fabricación de equipamientos hidroeléctricos, eólicos, nucleares y para la industria del oil & gas. Su alto nivel de especialización y calificación es reconocido a nivel mundial”, señaló Fernández.
En agosto del año pasado, la empresa solicitó al gobierno nacional asistencia financiera ante la imposibilidad de reestructurar su deuda. Desde entonces, el Ministerio de Desarrollo Productivo venía trabajando para lograr que el Estado nacional puediera capitalizar la compañía. En la última asamblea de Impsa, el 16 de marzo, el 100% de los accionistas votaron a favor de la emisión de nuevas acciones y, a su vez, decidieron en forma unánime no ejercer su derecho de preferencia para suscribir las nuevas acciones, para permitir que se ofrezca la suscripción total de dichas acciones al gobierno nacional y al gobierno de la provincia de Mendoza.
Durante abril, la legislatura mendocina convirtió en ley el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo de esa provincia, a través del cual se autorizó a Mendoza a suscribir e integrar hasta 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de IMPSA S.A. Esta autorización quedó condicionada a la efectiva participación del Estado nacional en la suscripción e integración del paquete mayoritario de las nuevas Acciones Clase C de la empresa.
El Ministerio de Desarrollo Productivo ya viene asistiendo a Impsa desde diciembre, cuando aprobó su ingreso al “Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos” (PAEERP), a través del cual pagó el 75% de los salarios de los trabajadores de la empresa.
Tras asegurar que el presidente Alberto Fernández “ha estado al tanto de la negociación” y que le manifestó “su satisfacción” por el resultado de la operación, Kulfas afirmó: “IMPSA es una empresa estratégica para el desarrollo nacional. Debemos trabajar para que con profesionalismo podamos volver a colocarla en los principales mercados del mundo. Industria es investigación, desarrollo, tecnología y trabajo. El país recupera las capacidades productivas de IMPSA y comienza una etapa que esperemos nos permita ofrecerle al mundo trabajo argentino con alto valor agregado”.
Asimismo, el gobernador Suárez destacó lo que representa IMPSA en materia de trabajo “para tantas empresas que giran en su entorno generando empleo indirecto y la importancia que tiene para el país estratégicamente”. Además, aseguró que la operación anunciada hoy no sólo será “muy buena” para la compañía sino también para “la Argentina” y resaltó el trabajo conjunto del gobierno provincial y el nacional “para poner en valor IMPSA en estos tiempos tan difíciles, de tanta grieta”.
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