Por el congelamiento de tarifas, el gasto del Estado en subsidios aumentó 230% en dos años

El gasto del Estado en subsidios siguió en aumento en abril, mientras se prolongaba el congelamiento de las tarifas de servicios públicos. Según datos oficiales, en los primeros cuatro meses del año las erogaciones para subvenciones crecieron un 51% en términos nominales en relación con el primer cuatrimestre de 2020, y lo hicieron un 230% al comparar la partida presupuestaria utilizada en ese lapso de 2019, cuando tuvo lugar el último ajuste.

La política tarifaria se convirtió en uno de los temas más espinosos para la gestión económica del Gobierno. El intento del ministro de Economía Martín Guzmán por comenzar el proceso de deshielo de las boletas chocó de frente con las limitaciones que le impuso la dinámica interna del Frente de Todos.

Sin consenso para poder llevar adelante una actualización de tarifas que haga mantener en términos del PBI el gasto del Estado en subsidios, el jefe del Palacio de Hacienda se embarcó en una pelea que lo dejó herido. La resistencia al “plan Guzmán” para el descongelamiento tarifario la encabezaron dos funcionarios con terminal política en Cristina Kirchner: el interventor de Enargas, Federico Bernal, y el subsecretario de Energía, Federico Basualdo.

A fines de abril Guzmán le pidió la renuncia a Basualdo, a quien identificaba como una valla a su programa de suba de servicios públicos, que implicaba un aumento cercano al 15 por ciento. Su intento falló: no tuvo el respaldo político que sí el subsecretario en el ala más fuerte de la coalición gobernante, la que responde a la vicepresidenta.

El presidente Alberto Fernández buscó en las últimas horas dar por terminado ese capítulo. El jefe de Estado dijo que “hubo un desencuentro innecesario” entre funcionarios, pero que no se va “a discutir más este tema”. En ese sentido, mencionó que el incremento de los servicios estuvo “hablado” con Guzmán y juntos decidieron “fijar un incremento del 9 por ciento, y punto”.

“Además, también es cierto que por ahora no vamos a discutir más ese tema. Porque la verdad es que nosotros nos enfrentamos a un presupuesto que no preveía que iba a pasar esto, no preveía que íbamos a tener la carne creciendo al precio que crece, no preveía que íbamos a tener a las empresas alimenticias aumentando precios sin ton ni son, ganando con unas ganancias extraordinarias. Y no preveíamos que el coronavirus nos iba a atacar de nuevo como atacó”, concluyó el presidente.

Números detrás de la pelea por los subsidios

Los datos oficiales muestran que el gasto en subsidios se incrementó de manera notoria desde el inicio del congelamiento tarifario. Esto tuvo lugar porque, al mantener “fijo” el costo que pagan los usuarios, el Estado necesita compensar con mayores montos el precio de la cadena de la energía, desde la producción hasta la distribución a los hogares.

Un estudio reciente realizado por los economistas especializados en energía Alejandro Einstoss y Julián Rojo marcó que en los últimos 24 meses los subsidios (medidos en dólares) crecieron a un ritmo del 50% anual. Según ese informe, existe un riesgo de que esa aceleración “se transforme en un ‘tsunami’ de subsidios como el que ya enfrentó la economía entre el 2010 y 2015″, afirmaron.

En ese sentido, el estudio recuerda que hace diez años, en abril de 2011 los subsidios energéticos anualizados alcanzaban los USD 6.600 millones pero crecieron rápidamente hasta llegar a USD 10.000 millones anuales hacia diciembre del mismo año. Fue el inicio, prosigue el informe de un “tsunami” que tuvo su momento cúlmine en julio de 2015. En ese momento el monto de subsidios anuales escaló hasta los USD 17.000 millones.

Durante el Gobierno de Mauricio Macri los subsidios energéticos fueron reducidos en un 72%, por lo que terminaron en unos USD 4.700 millones hacia diciembre de 2019.

Los últimos datos publicados por la Secretaría de Hacienda dejan ver cuál es la progresión del gasto en pesos que hace el Estado en subvencionar las tarifas, una partida presupuestaria que el ministro Guzmán definió hace algunas semanas como “pro-ricos”, por su efecto regresivo ya que, estiman, benefician proporcionalmente más a los deciles más altos de la economía.

En el primer cuatrimestre de 2019, lapso en el que tuvo lugar el último aumento, el Gobierno acumuló $75.659 millones en subsidios. Un año después, la cuenta presupuestaria de subvenciones ya había escalado a $166.236 millones, lo que implicó en ese momento un incremento de casi 120% medido de forma nominal.

Y en los primeros cuatro meses de 2021 Hacienda destinó para subsidios económicos unos $251.177 millones. Esto representaría una suba de 51% nominal respecto a 2020 y de nada menos que 231% en relación con 2019, el último año con subas tarifarias.

Según el informe de Einstoss y Rojo, en base a supuestos de demanda de los organismos oficiales y asumiendo que los aumentos anunciados para gas y luz (que no llegarían en ninguno de los dos casos a los dos dígitos) los recientes aumentos de gas y luz serán los únicos del año, el estudio estima que los subsidios sumarán $ 904.918 millones (2,4% del PBI), de los cuales Cammesa insumiría $633.781 millones, otros $00.486 millones serían para IEASA (ex Enarsa, que contrata las importaciones de GN), el Plan Gas Plan gas no convencional $ 58.057 millones y el “estímulo” a la producción de GN otros $ 71.000 millones.

Recientemente un estudio hecho por la consultora EcoGo, en una presentación que hizo la directora ejecutiva Marina Dal Poggeto en ExpoEFI, midió cuál fue en los últimos 20 años el peso de las tarifas en la economía familiar, lo que muestra los distintos grados de congelamiento o de reajustes que tuvieron lugar. Según ese relevamiento desde principios de este siglo, en el momento del estallido de la crisis de diciembre de 2001 las tarifas de servicios públicos (gas y luz en forma conjunta) representaban el 3,1% del presupuesto promedio del hogar.

En diciembre de 2015, con el cambio de gobierno entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri, las familias destinaban en promedio un 1% de su salario para pagar tarifas, por el atraso en los precios de los servicios públicos que se acumuló desde 2003. En pocos meses ese peso en la economía familiar se triplicó y pasó a ser de 3,5% tras el primer aumento durante el macrismo. Con el congelamiento desde abril de 2019 volvió a retroceder hasta 1,3 por ciento.

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