La larga historia de intentos por controlar el precio de la carne y cuáles fueron los resultados

La nueva intervención oficial en el mercado de la carne vacuna, a través de la Resolución 75 del Ministerio de Agricultura y Ganadería que cerró por 30 días la exportación, desató un paro del campo y miles de preguntas, que Juan Manuel Garzón, investigador de la Fundación Mediterránea, resumió en una: ¿otra vez tropezaremos con la misma piedra?

Gestionar el comercio exterior de carne desde el Estado, observó Garzón, es un cambio de reglas de juego, revela la desconfianza oficial hacia el rol de las empresas, desacredita la inserción externa del sector y del país y tendrá “previsibles efectos nocivos”.

Al respecto, el economista recordó la experiencia reciente. Entre 2005 y 2010, cénit de las intervenciones K, las exportaciones de carne vacuna se redujeron 65%, el país pasó del 8,9% al 5% del mercado global y perdió de exportar unos USD 1.500 millones anuales; la producción se redujo unos 20 kilos per cápita al año; el consumo interno subió al principio, pero al final perdió 5 kilos per capita (de 62 a 57 kilos); el rodeo ganadero se redujo en 10 millones de cabezas; el precio interno de la carne creció al principio menos que los salarios, pero cuando se revirtió el ciclo ganadero se ubicó, en términos reales, muy por arriba del inicio, y los salarios perdieron poder adquisitivo en términos del producto. Además, se perdieron unos 6.000 puestos de trabajo formales en el sector frigorífico.

Pura pérdida

¿Qué hace que tantos gobiernos vuelvan una y otra vez a medidas fracasadas? Todo apunta a la sensibilidad política del precio de la carne vacuna, cuyo peso va mucho más allá del 5,45% de ponderación que el Indec le asigna en el Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires, que es a la vez el que más pesa (44,7%) en el cálculo de la inflación “nacional”.

La cuestión viene de largo, como atestigua “El Matadero”, el cuento de Esteban Echeverría, sobre una inundación que en los años 40 del siglo XIX complicó el abasto de carne a la aldea porteña e inquietó el orden del “restaurador” Juan Manuel de Rosas, autor de “Instrucciones a los Mayordomos de Estancias”, consolidador de los saladeros de carne y prototipo del caudillo que Echeverría detestaba, aunque no llegó a disfrutar su derrota en Caseros. Dos años antes, en 1850, murió, exiliado y pobre, en Montevideo. Según Martín Caparrós, autor de “Echeverría”, el poeta fue, 100 años antes, “el primer antiperonista” argentino.

Barcos y frigoríficos

A fines de ese siglo el proceso de enfriado de carnes, la mejora de razas locales y los buques y plantas frigoríficas vincularon a la Argentina con el mundo, en especial con Inglaterra, y el país se convirtió en el principal exportador mundial de carne vacuna.

Fue el período de mayor inserción comercial e internacional del país, bajo la égida inglesa, pero entró en crisis a partir de la depresión de los 30s, década del Pacto Roca-Runciman para el comercio de carnes con Inglaterra y la creación de la Junta Nacional de Carnes y la Corporación Argentina de Productores (CAP), para controlar el 15% de la cuota estipulada en el Pacto.

Cien años después de Echeverría y Rosas, Juan Domingo Perón emitió la primera intervención que aún consta en Infoleg, el sitio legislativo oficial de la Argentina. El 5 de julio de 1946 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 1.844 que encargaba a la Municipalidad porteña el abastecimiento de carne de consumo y creaba una “Comisión encargada del abaratamiento del producto”. Al parecer, el resultado no satisfizo a Perón, que tres años después, en abril de 1950, por Decreto 8.445, pasó a la órbita del ministerio de Economía el Mercado de Hacienda, el Matadero y el Frigorífico Municipales, al considerarlos “dentro del régimen de Empresas del Estado”.

Los resultados tampoco fueron los esperados. El deterioro de la situación externa y el aumento de la inflación a partir de 1949 llevó, tras varios intentos fallidos de controlar la inflación y el precio de la carne, al “Plan Económico de Emergencia” de 1952, año en que se impuso la veda de consumo de carne los viernes y –usualmente- un segundo día de la semana.

Claudio Belini, investigador del Conicet, estudió las Actas del “Grupo Económico” del Gobierno que integraban, entre otros, los ministros de Economía, Alfredo Gómez Morales, Comercio Exterior, Antonio Cafiero (abuelo del actual jefe de Gabinete) y Agricultura y Ganadería, Carlos Hogan. Entre otras medidas, se creó la “Dirección Nacional de Vigilancia de Precios”, para seguir los problemas de la comercialización; y se ordenó a la Municipalidad porteña tomar el control de los 200 mercados de expendio existentes, “organizando en ellos la venta directa del productor al consumidor, mediante la eliminación del intermediario”.

La carne, precisa Belini, representaba entonces el 30% del gasto en alimentación y el 16,4% del gasto total de la familia obrera. La meta era evitar la suba de precios, pero sin usar subsidios. En mayo de 1952, el gobierno había fijado precios tope en Liniers y precios máximos para la venta minorista, pero el consumo per cápita cayó ese año 9%, de 93 a 85 kilogramos.

En búsqueda de culpables, el gobierno le quitó personería jurídica a la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, la más fuerte de CRA, y buscó a través del IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, creado en 1947, a instancias del entonces titular del BCRA, Miguel Miranda, suerte de Julio De Vido del primer peronismo) y negociaciones con Inglaterra, con la que había mantenido hasta fines de 1948 los términos del Pacto Roca-Runciman, hacerse de divisas, pero a la vez mantener los precios en el mercado interno.

No funcionó. El Grupo Económico culpó entonces a los carniceros pues -consta en Actas- “devuelven una parte de la carne que reciben para mantener existencias reducidas, dando la sensación de escasez ante el público y poder cobrar de esa manera precios arbitrarios”.

Control policial

El fracaso de las medidas oficiales fue lapidario: entre 1951 y 1952 la carne aumentó 200%. Pero en 1953 el gobierno redobló la apuesta e instruyó al Jefe de la Policía Federal y Director Nacional de Abastecimiento, Miguel Gamboa, que creara 25 brigadas especiales para “vigilar” las carnicerías de la Capital y el Gran Buenos Aires. La escasez siguió y crecieron rumores de que se debía a maniobras que involucraban al cuñado y secretario privado de Perón, Juan Duarte.

El 8 de abril, el hermano de Eva Perón apareció muerto de un tiro en la cabeza. La crónica oficial habló de inmediato de “suicidio” al que -dice Catalina D’Elía en su libro “Maten a Duarte”- se atribuyeron diversos móviles: temor a acusaciones de corrupción en el “negociado de la carne”, depresión y pérdida de protección tras la muerte de Evita, angustia por haber contraído sífilis. Lo cierto es que la carne rondó la escena de la sospechosa muerte, al punto que Perón intervino el Instituto Nacional de Carnes.

En cualquier caso, obraban cuestiones de fondo. Como precisa Juan Cruz Jaime en su libro “Carne, ¿quo vadis”, publicado por la Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado, la relación entre el rodeo ganadero y la población del país se había reducido de 7,22 vacunos por habitante en 1869 (13 millones de cabezas, 1,8 millones de habitantes) a 2,59 en 1947 (41 y 15,8 millones, respectivamente), un ratio más poderoso que el voluntarismo y las teorías conspirativas de la mala política.

Otras medidas

Jaime también lista el Decreto 1.043, de 1963, que limita las exportaciones e impone precios máximos y otro de 1964, que impone precios máximos para los cortes delanteros y reinstala los dos días de veda a la semana. En 1965, además, se instituye la obligatoriedad de vender exclusivamente en Liniers. En esa misma década se vuelve obligatoria la aplicación de la vacuna antiaftosa.

Tras la caída en 1966 del gobierno de Arturo Illia, el ministro de Economía de Juan Carlos Onganía, Adalbert Krieger Vasena diseñó un plan anti-inflacionario ortodoxo, pero con veda de consumo interno y retenciones del 15% sobre las exportaciones de agro. En su libro “Auge y declinación de las carnes argentinas”, Alberto de las Carreras recuerda además que en 1967, ante un brote de aftosa, Inglaterra prohibió la importación de carne argentina y en 1968 la reabrió sólo para carne sin hueso. Los cortes con hueso y menudencias quedaban solo para el mercado interno; el asado de costilla se hizo rey.

Ya en 1970, bajo el breve interinato del general Roberto Levingston, el entonces ministro de Economía, Aldo Ferrer, reincidió en la veda y puso piso al peso de faena. Luego, el gobierno de Alejandro Lanusse derogó las intervenciones, pero presionado por la fuerte liquidación de vientres que había empezado en 1967, fijó precios máximos y mínimos en 1971 cuya falta de resultados llevó, al año siguiente, a una desgravación impositiva de gran alcance, a fin de reconstituir el rodeo ganadero. Ese mismo año, la Argentina perdió a manos de Australia la condición de primer exportador mundial de carne vacuna.

Las idas y vueltas de la carne eran un desafío de política económica e incluso académico. El Ingeniero Agrónomo Lucio Reca (quien sería el primer ministro de Agricultura del gobierno de Raúl Alfonsín) y el economista Ernesto Gaba publicaron por entonces el estudio “Poder adquisitivo, veda y sustitutos: un reexamen de la demanda interna de carne vacuna en la Argentina: 1950-1972”, que ganaría fama por su rigor, pero también por la sonoridad conjunta de los apellidos de los autores.

La vuelta del peronismo, en 1973, entronizó el rol de la Junta Nacional de Carnes como comprador y vendedor de Hacienda: se fijaron precios máximos, se cuotificó la faena, se prohibió la actividad de los matarifes y las ventas directas y se inició el tironeo entre curtiembres y frigoríficos tras la prohibición de exportar cueros sin curtir, clave en el posterior crecimiento de curtiembres como la de la familia Yoma.

Tras la muerte de Perón en 1974, el “Pacto Social” con el que el gobierno buscaba manejar a voluntad los precios de la economía, se deshilachó y al primer ministro de Economía en el que habían coincidido Héctor Cámpora y Perón, José Gelbard, le sucedieron como en desfile Alfredo Gómez Morales, Celestino Rodrigo, Pedro Bonanni, Antonio Cafiero y Emilio Mondelli. Rodrigo fue el ejecutor del “rodrigazo”, uno de los más brutales ajustes de la historia económica argentina. Un cóctel de altísima inflación, desabastecimiento, secuestros y muertes precedió al golpe de marzo de 1976, que instauró la más sangrienta dictadura de la historia argentina.

José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía más longevo del “Proceso”, eliminó las retenciones y dispuso una nueva “ley de carnes”, pero su fallida estrategia anti-inflacionaria con la “tablita” y el retraso del dólar dejó fuera de carrera hasta las carnes: una fortísima liquidación de vientres redujo el rodeo vacuno de 61 millones de cabezas en 1977 a 54,2 millones en 1981. A mediados de 1979, con una inflación motorizada en parte por la suba de la carne, Martínez de Hoz inventó el índice “descarnado” de inflación. Tuvo poco efecto, porque se siguieron publicando los dos índices, la inflación con y sin carne, y porque la diferencia no era tanta: 95,7% anual el índice “descarnado”, contra 85,8% el carnal.

Con el retorno de la democracia, en 1984 Bernardo Grinspun, primer ministro de Economía del gobierno de Raúl Alfonsin, reimplantó la veda de carne. En 1985 se fijaron precios máximos y se autorizó a la Secretaría de Comercio a importar carne vacuna en el exterior, para abaratarla internamente. Todas las carnes subían, incluso la de pollo, lo que llevó al gobierno a importar 38.000 toneladas; la mayoría se terminó pudriendo en cámaras frigoríficas por el temor que se instaló a los bautizados “pollos de Chernobyl”. La pésima relación del gobierno con el campo llevó incluso a un choque de discursos entre Alfonsín y el titular de la Sociedad Rural, Guillermo Alchourron, en la exposición de 1988.

En 1989, el gobierno terminó 6 meses antes, empujado por la hiperinflación. El presidente electo, Carlos Menem, prometía “salariazo”, “revolución productiva” y -en la voz de Guido di Tella- “dólar recontra-alto”, pero en su primer año y medio atravesó dos nuevos fogonazos hiperinflacionarios hasta encontrar el rumbo, en abril de 1991, con el uno-a-uno entre el peso y el dólar.

Ese mismo año se eliminaron las restricciones y retenciones a la exportación y se disolvió la Junta Nacional de Carnes. En 1998 se dio por eliminada la aftosa y el IVA, que había aumentado en 3 tramos del 13 al 21%, se redujo para la carne al 10,5 por ciento. La eliminación de la aftosa reabrió el mercado de EEUU, que se volvió a cerrar en 2001, ante un rebrote. Tras el trunco gobierno de la Alianza, Eduardo Duhalde reimplantó las retenciones agrícolas y, ya con Néstor Kirchner, en 2005 Roberto Lavagna reinstauró los “precios de referencia, limitó el peso de faena, eliminó los reintegros a los frigoríficos exportadores y poco antes de irse, en diciembre de 2005, impuso a la carne retenciones a la exportación del 5 por ciento.

Guillermo Moreno

La mayor intensidad regulatoria, sin embargo, llegó de la mano del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. En mayo de 2006, el gobierno prohibió (en principio, por 180 días) las exportaciones de carne un mes antes del inicio del Mundial de Fútbol de Alemania, hasta entonces el principal comprador (por valor) de carne argentina, incumpliendo el abastecimiento de grandes cadenas de restaurantes que pagaban los altísimos precios de la “Cuota Hilton”, un cupo de cortes de alta calidad libre de aranceles (ahora el principal comprador, en cantidad y en valor, es China, que demanda los cortes más baratos).

Se entró así en una etapa de comercio exterior de carnes administrado desde el gobierno, en que a las retenciones se sumaron los cupos de exportación, con “encajes” productivos y un manejo sumamente discrecional a cargo de la luego disuelta (por serias sospechas de corrupción) Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca).

La arbitrariedad del secretario llegó al punto de, en 2008, durante el conflicto con el campo, hacer bajar un cargamento de carne ya embarcado en un buque y con autorización previa de exportación. Esa misma tarde, en un acto en Plaza de Mayo, Moreno y el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, que había pergeñado la Resolución 125 que disparó la batalla con el campo, discutieron duramente en el escenario en el que poco después habló la entonces presidente, Cristina Kirchner.

Juntos son dinamita

Guillermo Moreno y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, armaron una parafernalia de controles a partir de los “Registros de Operaciones de Exportación” (ROE) que abarcó prácticamente toda la producción del agro y usó de anzuelo “compensaciones” de dudosa eficacia económica pero alta seducción rentística. Todo en nombre de “la mesa de los argentinos” y con los resultados que listó Garzón: caída de rodeo y de producción, cierre masivo de frigoríficos y aumento de precios. Entre 2008 y 2010 la harina de trigo aumentó 66%; el aceite de maíz, 80%; el kilo de pollo, 69 % y la leche entera en sachet 94 por ciento.

En la carne el efecto, estimulado por la sequía de 2008, fue aun peor: hacia 2011 el kilo de novillo había aumentado 240%. La política oficial impulsó además una fuerte extranjerización del sector. Dos empresas de EEUU (Cargill y Tyson Foods) y dos de Brasil (JBS y Marfrig) se hicieron de 18 frigoríficos locales, que concentraban 25% del negocio más rentable, la Cuota Hilton.

La estela intervencionista afectó también el empleo: se perdieron 6.000 puestos de trabajo. En junio de 2011, según las planillas de “Distribución Funcional del Ingreso”, de 76 ítems en que el Indec desagrega a la “Industria Manufacturera”, el rubro “Matanza de Ganado” (frigoríficos, industria surgida a fines del siglo XIX), era el que registraba más empleos formales, primado que perdió a manos de “Panaderías”. La agencia estadística dejó de publicar esas planillas, pero las panaderías probablemente retengan aún la condición de principal “empleador industrial” del país.

Moreno ya no está y es un fiero crítico de la gestión de Alberto Fernández, al que considera “no apto” para presidente. Pero su espíritu pervive en un Gobierno que apenas asumido aumentó las retenciones sobre la carne del 5% al 9%, en enero pasado llegó a prohibir la exportación de maíz, a fines de abril creó las “Declaraciones Juradas de Exportación de Carne”, remozada versión de los ROE de Moreno (sujetas al control de su sucesora, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español) y ahora reedita la prohibición de exportar carne.

El primer efecto efecto fue un paro de comercialización y un fuerte aumento del precio en Liniers. Y allí va la Argentina, a otro choque de la obcecación con la experiencia.

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