Qué es la “pobreza energética”, el índice que elaboró el Gobierno en medio de la pelea interna por tarifas y subsidios

La pelea interna en el Frente de Todos quedó en las últimas semanas en una suerte de stand by por orden de la Casa Rosada: el intento de Martín Guzmán de despedir al subsecretario de Energía Federico Basualdo quedó incompleto y permanecerá de esa manera al menos hasta que haya una decisión presidencial que destrabe la situación.

El armisticio en el Palacio de Hacienda no implica que uno de los desafíos de la política económica más importante que tiene este año el Gobierno no siga adelante: pasados casi cinco meses completos del 2021, las tarifas todavía continúan congeladas y los primeros aumentos que inicien el deshielo de más de dos años recién tendrían un impacto en las boletas de servicios públicos de las familias a partir de julio.

El diseño de una política tarifaria encontró dos posiciones encontradas en el equipo económico. Por un lado, el ministro de Economía buscó seguir a rajatabla la letra aprobada en el Presupuesto 2021: que los subsidios este año no crezcan términos reales, medidos en relación con el PBI. Era una tarea ardua ya que suponía una actualización de tarifas que según algunas estimaciones deberían haber sido de 40%, superiores incluso a la inflación esperada por el Gobierno.

Esa posibilidad quedó atrás cuando chocó con la otra visión enfrentada, que es la que encarnaron, en posiciones de poder distintas, dos funcionarios como Basualdo (primero en el Ente Regulador de la Energía Eléctrica) y luego como segundo de Darío Martínez en la Secretaría de Energía, y Federico Bernal, interventor del Enargas.

Ambos funcionarios comparten la visión de que la política tarifaria no debería corresponder a una restricción fiscal, sino que persiguen objetivos distintos. Por eso, contrapusieron al plan Guzmán de tarifas un sendero de reajustes de gas y de energía eléctrica que no alcance los dos dígitos porcentuales a lo largo del año en ningún caso. A priori, esta es la alternativa que terminó pesando más.

El debate por los datos

Al mismo tiempo, desde algunos sectores del Gobierno comenzaron a hacer en los últimos meses, en el marco de las propias discusiones internas, relevamientos sobre lo que se denomina en el área la “pobreza e indigencia energética”, es decir, un indicador particular que solo refleje cómo es el impacto de los aumentos de las tarifas en las economías de los hogares.

Según pudo saber Infobae, en el Poder Ejecutivo hay al menos dos mediciones distintas (y con resultados divergentes) sobre cuál es el porcentaje de incidencia de la “pobreza energética” en el país. Y se trata, además, de dos indicadores elaborados por organismos sin relación directa en el organigrama del Estado.

Por un lado, uno de los relevamientos los hace el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, que encabeza Victoria Tolosa Paz y que supervisa la Mesa contra el Hambre que inauguró Alberto Fernández durante el inicio de su mandato presidencial. Ese Consejo elabora mensualmente informes de monitoreo de indicadores sociales clave, como desempleo, canasta básica, índice Gini de desigualdad, la cobertura de seguridad social, educación, vivienda y salud, siempre en base a datos oficiales de Indec y Anses.

Pero además incluye mediciones ad hoc del propio Consejo. Una de ellas es la pobreza multidimensional (similar a la que realiza la Universidad Católica Argentina) y que mide el acceso a la vivienda, hábitat y servicios básicos, educación, empleo y protección social, y acceso a la salud más allá de la pobreza por ingresos. La última cifra publicada por el Consejo es que al primer semestre de 2020 el 46,7% de los habitantes son pobres en al menos dos de las dimensiones mencionadas.

Además, agrega lo que definió como la pobreza energética. Un indicador que mide la relación del gasto en combustible (entendido como insumo energético para el hogar) en relación al ingreso total del hogar, y simultáneamente, si una vez que a una familia se le descuenta el gasto en combustibles para la vivienda de sus ingresos totales, el hogar se mantiene en una situación de pobreza monetaria.

Ese indicador le da al Gobierno que hay una pobreza energética de 22,9% del total de la población (17,5% de los hogares), lo que equivaldría a unas 10 millones de personas. Desde octubre, cuando el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales comenzó a publicar este relevamiento, no hubo cambios en esas cifras.

La otra medición paralela que lleva adelante el Gobierno sobre la pobreza energética está en manos de uno de los organismos directamente ligados a la política tarifaria y al diseño de los ajustes de los servicios públicos: el Enargas. Se trata, además, de la oficina que está encabezada por Federico Bernal, uno de los funcionarios con visiones opuestas a la de Guzmán.

En una medición realizada en abril y a la que Infobae tuvo acceso, el Enargas midió la pobreza energética de una manera distinta al Consejo de Coordinación de Políticas Sociales. Las conclusiones de su informe marcan que la pobreza afectó a 1,6 millones de hogares en 2020. Y asegura que en 2019 unos 2,8 millones de familias salieron de esa situación. De todas formas, admite que esa caída responde al sostenimiento de las tarifas sin cambios.

“Esta disminución pudo haber estado vinculada con el mantenimiento del congelamiento tarifario en los servicios públicos a partir de la Ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, así como los distintos programas de asistencia desplegados por el Estado Nacional y a la reducción de la inflación anual, que acumulada a diciembre 2020 alcanzó el 36,1%, de acuerdo al IPC del Indec”, aseguró Enargas.

Por otra parte, el estudio apunta que en 2019 hubo 1,43 millones de hogares con indigencia energética. Según la definición, la pobreza energética se da entre los hogares que destinan el 10% o más de sus ingresos al pago de energía (gas de red, energía eléctrica y GLP envasado o garrafa). Y son indigentes aquellas familias que tengan que utilizar el 20% o más de su ingreso a ese gasto.

En otro relevamiento, el Enargas mostró que para el decil 1 de la población (es decir el 10% más pobre), el gasto en tarifas implica el 17,5% de sus ingresos. Para el segundo decil el peso de las tarifas es de 9,3% de su presupuesto familiar y cae hasta 7,6% para el decil 3 (el tercer décimo de la población con menores ingresos) y va disminuyendo hasta el 2,4% para el sector más rico de la población.

Para Julián Rojo, economista experto en el sector energético, este tipo de mediciones existen por ejemplo en la Unión Europea. “Hay un tema con la medición en Argentina porque las tarifas están congeladas (y es la regla el congelamiento desde 2003) y hay subsidios al GLP. No está tan claro decir ‘no hay pobreza energética’ cuando las tarifas no reflejan los costos del servicio. Sobre todo cuando los subsidios son muy fuertes”, afirmó ante Infobae.

En ese sentido, Rojo dijo: “La medición sirve para tener una referencia en términos de estructuras de gastos y, posiblemente, para hacer políticas tarifarias focalizadas en la demanda. Por ejemplo, si veo que en una provincia sin gas se destina más del 10% del salario en servicios energéticos, entonces es factible pensar en algún tipo de subsidios basados en que gastan demasiado para tener un confort básico”.

La cuestión sobre el peso del gasto tarifario en los hogares fue abordado recientemente por un estudio hecho por la consultora EcoGo, en una presentación que hizo la directora ejecutiva Marina Dal Poggeto en ExpoEFI. Según ese relevamiento desde principios de este siglo, en el momento del estallido de la crisis de diciembre de 2001 las tarifas representaban el 3,1% del presupuesto promedio del hogar.

En diciembre de 2015, con el cambio de gobierno entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri, las familias destinaban en promedio un 1% de su salario para pagar tarifas, por el atraso en los precios de los servicios públicos que se acumuló desde 2003. En pocos meses ese peso en la economía familiar se triplicó y pasó a ser de 3,5% tras el primer aumento durante el macrismo. Con el congelamiento desde abril de 2019 volvió a retroceder hasta 1,3 por ciento.

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