Duros contra el Bitcoin: el Banco Central y el Gobierno alertaron sobre los riesgos de invertir en criptoactivos

Los criptoactivos presentan riesgos y desafíos para sus usuarios, inversores y para el sistema financiero en su conjunto. En los últimos años la proliferación de los criptoactivos, la dinámica que exhiben sus precios, su tecnología subyacente y alcance global, así como las actividades asociadas a su operatoria, han llevado a que diferentes organismos nacionales e internacionales emitieran recomendaciones al respecto.

En este marco, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) consideraron “oportuno proveer información y alertar sobre eventuales implicancias y riesgos que los criptoactivos pueden acarrear, así como recomendar una actitud prudente a fin de mitigar una eventual fuente de vulnerabilidad para los usuarios e inversores”.

“Si bien los criptoactivos actualmente no evidencian niveles significativos de aceptación y utilización en Argentina, la velocidad de los desarrollos y el creciente interés en ellos hacen necesario la adopción de una actitud precautoria frente a los mismos”, manifestaron las entidades a través de un comunicado conjunto.

El BCRA y la CNV señalaron que los criptoactivos pueden definirse como una representación digital de valor o de derechos que se transfieren y almacenan electrónicamente mediante la Tecnología de Registro Distribuido (Distributed Ledger Technology, o DLT por sus siglas en inglés) u otra tecnología similar.

“Si bien estas tecnologías podrían contribuir a promover una mayor eficiencia e innovación financiera, los criptoactivos no son dinero de curso legal. Es importante que quien decida operar con criptoactivos o invertir con productos relacionados con ellos acceda a información suficiente para entender y evaluar los riesgos asociados a los mismos”, añadieron las entidades de control del sistema financiero.

Por ello consideraron necesario contemplar 7 aspectos:

1) No son dinero de curso legal. Los criptoactivos, que buscan ser utilizados como instrumentos de pago o con fines de inversión, no son emitidos ni respaldados por un banco central o autoridad gubernamental y, tal como se mencionó, no cumplen con las condiciones necesarias para ser considerados dinero de curso legal o título negociable. Como resultado, su aceptación como medio de cancelación de deudas o para realizar pagos en la economía no es obligatoria.

2) Elevada volatilidad. Se observa que las cotizaciones de los criptoactivos pueden fluctuar significativamente en cortos períodos de tiempo, lo cual puede dar lugar a importantes pérdidas financieras para sus tenedores, incluyendo la posibilidad de perder la totalidad de los recursos invertidos. Incluso los denominados criptoactivos “estables” (stablecoins), que han sido Alerta del BCRA y la CNV sobre los riesgos e implicancias de los criptoactivos diseñados para mantener su valor con respecto a otro activo o canasta de activos, muestran generalmente altos niveles de volatilidad en sus precios y tienen niveles variables de respaldo en moneda fiduciaria. Asimismo, el valor de los criptoactivos depende de su grado de aceptación, por lo que puede verse afectado por la ocurrencia de eventos adversos a nivel global.

3) Disrupciones operacionales y ciberataques. Las plataformas de intercambio, negociación y custodia de criptoactivos podrían enfrentar disrupciones operacionales (por ejemplo, interrupciones en la continuidad de los servicios o fallas de sistema) durante las cuales las personas usuarias pueden no tener acceso a sus tenencias y, como resultado no poder realizar operaciones, situación que podría reflejarse en pérdidas económicas. Más aún, dichas plataformas pueden ser objeto de ciberataques que impliquen la pérdida o robo de las claves de acceso de las personas usuarias, lo cual podría suponer la pérdida de los criptoactivos –y en consecuencia la totalidad del capital invertido- sin posibilidad de recuperarlos.

4) Ausencia de salvaguardas. Los saldos registrados en billeteras virtuales de criptoactivos no cuentan con seguro de depósito ni con las salvaguardas que la regulación vigente provee a las personas usuarias de servicios financieros. En la actualidad no existen en Argentina criptoactivos ni tokens cuya adquisición o tenencia puedan beneficiarse de ninguna de las garantías previstas por la normativa para los servicios bancarios o de inversión.

5) Fraude, información incompleta y falta de transparencia. La información provista por los proveedores de servicios de criptoactivos puede ser compleja o incompleta y no revelar adecuadamente los riesgos que enfrentan las personas usuarias e inversoras. Los precios de los criptoactivos se forman en ausencia de mecanismos eficaces que impidan su manipulación, como los presentes en los mercados regulados de valores. En muchas ocasiones los precios se forman sin información pública que los respalde. Asimismo, asociado a la falta de información, los usuarios que realizan operaciones con dichos proveedores podrían estar exponiendo sus datos personales más allá de su intención.

6) Riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y potencial incumplimiento a la normativa cambiaria. Por su fácil acceso, su alcance global y la limitada capacidad que existe para su monitoreo y análisis –por la trazabilidad limitada en función de la tecnología subyacente-, es necesario alertar sobre los potencales riesgos asociados al incumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo y respecto de la normativa cambiaria vigente.

7) Carácter transfronterizo de las operaciones. En algunos casos, los distintos actores implicados en las operaciones con criptoactivos no se encuentran establecidos en Argentina, por lo que un eventual conflicto podría quedar fuera del ámbito de competencia de los tribunales y de las autoridades argentinas; aumentando así el costo de defensa de los derechos de los usuarios e inversores. En el marco de los mandatos legales de los reguladores involucrados y las recomendaciones de los organismos internacionales especializados se emite esta alerta sobre los riesgos para el público en general.

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