La Argentina retrocedió seis puntos en el ránking de Calidad Institucional durante el primer año de gobierno de Alberto Fernández como consecuencia de las medidas de aislamiento social y el desplome de la actividad económico durante la pandemia. El índice se elabora anualmente y hace un relevamiento de las instituciones políticas y de mercado.
A nivel mundial, Argentina se encuentra en el puesto en el puesto 112° entre 189 países (75° en instituciones políticas y 137° en instituciones de mercado) por lo que concluyó el 2020 con un retroceso de seis puestos con respecto al año anterior.
“La caída es más significativa teniendo en cuenta que desde 1996 a la fecha, el país retrocedió 68 posiciones y 19 desde el 2007. En Latinoamérica la situación no deja de preocupar ubicándose en el puesto 26 de 35 países que conforman el continente, integrando ‘el final de la tabla’”, consideró la fundación Red Liberal de América Latina (Relial), que elabora el ránking mundial.
El escalafón es una herramienta que coteja ocho indicadores de organismos internacionales y le otorga un puntaje a 189 países. “A mayor puntaje mayor es la calidad institucional lo que redunda en mayor seguridad para el resguardo de los derechos de sus habitantes”, según la definición de Relial.
“Los cuatro países con medidas más estrictas en América Latina han sufrido drásticas caídas de su actividad económica durante 2020 según las estimaciones del FMI Honduras -8% (9% Banco Central de Honduras) , Argentina -11,8% (10% Indec), Bolivia -7,7% (organismo oficial sin datos totales de 2020) y Venezuela -30% (no hay datos del organismo oficial)”, aseguró Martín Krause, autor del índice, profesor en la Universidad de Buenos Aires y Consejero Académico en la Fundación Libertad y Progreso.
Y agregó que “en buena medida se explican no solamente por las medidas tomadas en la pandemia sino por la frágil situación de sus economías antes de que ésta llegara”. Finalmente consideró que “si observamos todos los países que tuvieron fuertes caídas en la economía, no solamente los de América Latina, veremos que son, en general, países de baja calidad institucional”.
Desde 1996 a la fecha, la Argentina retrocedió 68 posiciones en el ránking de Calidad Institucional, y 19 solo desde el 2007.
El documento elaborado por Relial especifica seis grupos de naciones al considerar a los países de la región. En un primer grupo, más destacado, se encuentra aquellos “de buena calidad institucional que deberían protegerla y pueden mejorarla: Chile, Uruguay, Costa Rica e islas caribeñas”, consideró el informe.
En segundo lugar se ubican naciones “de buena o media calidad institucional que deberían mejorar la calidad de sus instituciones políticas: Panamá, Perú, El Salvador”, continuó. El tercer puesto corresponde a países “de buena o media calidad institucional que deberían mejorar la calidad de sus instituciones de mercado: Uruguay e islas caribeñas”.
Entre los países de “mediana a pobre calidad institucional que deberían mejorar ambas cosas, pero principalmente sus instituciones políticas”, el ranking identificó a México, Paraguay, Honduras, República Dominicana, Nicaragua y Guatemala.
Más abajo aparece la Argentina, junto a Brasil y Ecuador. Se trata de aquellas naciones “de mediana a pobre calidad institucional que deberían mejorar ambas cosas, pero principalmente sus instituciones de mercado”. En el último lugar para los países con “gran necesidad de realizar profundas mejoras” se ubicaron Bolivia, Haití, Cuba y Venezuela.
“La mala calidad institucional muestra su costo durante la pandemia, tanto económico como en limitación de las libertades individuales. El resultado sanitario no es mejor al de los países con buena calidad, aunque ya señalamos las dificultades para una comparación precisa entre países con características muy diferentes”, fue una de las conclusiones del informe.
“Una mejor calidad institucional permite hacer frente a crisis como ésta con mayores recursos, dispara más rápidamente la innovación y todo tipo de emprendimientos para hacer frente a las nuevas necesidades que la situación impone, fomenta la cooperación social voluntaria y permite un menor cercenamiento de las libertades individuales, con un costo económico menor”, cerró el documento.
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