Los principales empresarios del país criticaron el proyecto del Gobierno para reformar el Ministerio Público

La lista de instituciones que rechazan la Ley para reformar el Ministerio Público Fiscal continúa ampliándose. En las últimas horas se sumaron el Foro de Convergencia Empresarial, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Asociación Empresaria Argentina y la Cámara de los Estados Unidos en la República Argentina (AmCham) e IDEA ((Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina). Ambas entidades alertaron sobre el peligro institucional que encierra el proyecto de ley que impulsa el Gobierno para modificar la forma de designación y remoción del Procurador General.

“El Foro de Convergencia Empresarial ve con extrema preocupación el proyecto de reforma del Ministerio Público que está siendo tratado en la Cámara de Diputados de la Nación”.

Así comienza el comunicado que emitió este miércoles la entidad que nuclea a las principales asociaciones empresariales del país. Se trata de unas 60 cámaras empresarias y 25 organizaciones no gubernamentales, representantes de los distintos credos, fundaciones y colegios profesionales. Entre ellas, IDEA, ABA, ACDE, Amcham, Sociedad Rural Argentina, la Eurocámara, la Asociación Conciencia, los colegios de Abogados y Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Fundación Libertad, el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, la Cámara de Empresarios Mineros, y otras.

Algunos de los empresarios y ejecutivos a cargo de esas entidades son Miguel Blanco, coordinador del Foro y también gerente general de Swiss Medical, Roberto Murchison (IDEA), Daniel Pelegrina (SRA), Claudio Cesario (ABA), Roberto Alexander (Amcham e IBM), Guillero Lipera (Abogados porteños) y Francisco Lugano (Crea).

También es parte del Foro la poderosa AEA. La Asociación Empresaria Argentina que preside Jaime Campos, reúne a los dueños de las grandes empresa locales, como Paolo Rocca (Techint), Luis Pagani (Arcor), Héctor Magnetto (Clarín), Alferdo Coto (Coto), Alejandro Bulgheroni (PAE), Luis Pérez Companc (Molinos), Carlos Miguens (Grupo Miguens), Marcos Galperin (Mercado Libre), Eduardo Elsztain (IRSA) y Federico Braun (La Anónima y Banco Galicia), entre otros.

Además de adherir al comunicado del Foro, AEA expresó que de aprobarse el proyecto tendría “un efecto muy negativo sobre una de las instituciones centrales de la República y, por consiguiente, sobre la marcha de la economía de nuestro país”.

“Las inversiones que se requieren para retomar la senda del crecimiento necesitan de un marco institucional que brinde seguridad jurídica, que haga que se respeten las garantías constitucionales y, por ende, que las proteja de eventuales decisiones arbitrarias”, destacó la asociación empresarial.

“El acuciante desafío de disminuir la pobreza requiere de instituciones republicanas sólidas, que brinden la previsibilidad y confianza imprescindibles para que aumente la inversión y se generen oportunidades de trabajo y desarrollo”, destacó la entidad que coordina Blanco. “Las modificaciones propuestas en el proyecto de ley debilitan la independencia del Ministerio Público y, por ende, su aprobación tendría un impacto muy desfavorable en cualquier plan que se proponga impulsar para reducir los niveles de pobreza”, agregó.

Desde IDEA criticaron “la injerencia de la política partidaria en el funcionamiento del Ministerio Público”. “La falta de confianza en las instituciones y la incertidumbre desalientan la inversión y, en consecuencia, debilitan el crecimiento económico. En este sentido, la Argentina tiene que reorientar sus prioridades para seguir trabajando en la creación de empleo genuino y en la disminución de la pobreza a fin de mejorar el nivel de vida de toda la ciudadanía”, aseguraron.

El resto del comunicado de Foro

La comunicación del FCE destacó además que:

- “Como ya mencionamos en la carta enviada a los diputados el 30 de abril de 2021, son tantas y tan severas las deficiencias del proyecto CD-180/20,-entre las que cabe señalar la modificación de las mayorías para la designación del Procurador General, las modificaciones en la composición del jurado de enjuiciamiento y las facultades otorgadas a la Comisión Bicameral de Seguimiento, que consideramos que el mismo debe ser rechazado en su totalidad, no pudiendo subsanarse sus defectos mediante modificaciones al texto aprobado en el Senado”.

- “Consideramos inoportuno, además, promover una reforma que genera crispación y divisiones en momentos en que se debe fomentar la unidad de la sociedad para superar el flagelo de la pandemia. En este sentido, una reforma de la naturaleza e implicancias institucionales como la que se impulsa debe ser necesariamente fruto de un amplio consenso, de manera tal que le permita perdurar en el tiempo”.

Por su parte, la ACDE manifestó en las últimas horas su profunda preocupación por el avance del proyecto del Gobierno para modificar las mayorías requeridas para designar al Procurador General de la Nación y los cambios en los tribunales de enjuiciamiento de fiscales federales.

“El proyecto significa un grave retroceso institucional porque cesa la independencia del Ministerio Público establecida por la Constitución Nacional en su reforma de 1994, dejando a los ciudadanos a merced del arbitrio de mayorías circunstanciales en el poder político”, sostuvieron en un comunicado.

Tal como sostuvieron en n comunicados anteriores, los empresarios cristianos consideran que “una justicia independiente es la columna vertebral de un país democrático y republicano, deseoso de atraer inversiones que generen puestos de trabajo y prosperidad para las familias”.

En tal sentido, alertaron que ven con asombro “cómo negociaciones entre bloques parlamentarios a espaldas de la sociedad parecen determinar la suerte de un proyecto de ley, que pone en entredicho la vigencia de las garantías de debido proceso y libertades fundantes de nuestra República”.

“Pensamos, como nuestros constituyentes, que la Justicia debe controlar a los gobernantes de turno, no supeditarse a ellos, y también contar con fiscales independientes que puedan avanzar con causas extremadamente complejas como narcotráfico, corrupción, etc. De ser aprobada por los diputados, esta ley debilitará nuestra justicia y nos llevará un escalón más abajo en la difícil tarea de volver a crecer vía la inversión productiva directa. Porque sin las garantías institucionales necesarias, no hay incentivo posible para la inversión, herramienta fundamental para la construcción de un futuro de desarrollo e inclusión”, enfatizaron.

Finalmente, los hombres y mujeres de las empresa agrupados en ACDE, concluyeron que “no es hora de modificar la Justicia para acumular poder político; por el contrario, es indispensable concentrar las energías delprepaís en generar trabajo, gestionar de forma eficiente la emergencia sanitaria y controlar la inflación mediante medidas concretas, como las que ya funcionan en el resto del mundo”.

Amcham, que además de adherir al comunicado del Foro emitió uno individualmente, destacó que “pretender modificar las mayorías requeridas para la designación del Procurador General de la Nación y los cambios en los tribunales de enjuiciamiento de fiscales federales representa un grave retroceso institucional, porque afecta seriamente la independencia y la autonomía del Ministerio Público establecida por la Constitución Nacional en su reforma de 1994. Por el contrario, mantener la actual mayoría extraordinaria, garantiza la búsqueda de acuerdos y el consenso entre las miembros del congreso, eslabón fundacional de un republicanismo sólido y soberano”,

Más rechazos

En las últimas hora, desde la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), el Club Político Argentino y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires también criticaron duramente el proyecto de cambios que se debate en Diputados.

A través de un extenso pronunciamiento, la FACA advirtió que la reforma de las leyes 27.148 y 27.149, que ya cuenta con media sanción del Senado, “vulnera gravemente la independencia y autonomía funcional del Ministerio Público conforme lo dispuesto por el artículo 120 de la Constitución Nacional”.

La entidad que nuclea a la abogacía organizada del país, realizó una serie de objeciones metodológicas y consideraciones críticas con respecto a las leyes de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, tal como quedaron redactadas tras su paso por el Senado de la Nación.

En el documento se señala que “el avance de la política sobre el Ministerio Público Fiscal, atento el poder que a partir del régimen acusatorio detenta sobre la acción penal puede generar su conversión en una espada del poder político del gobierno de turno para perseguir opositores, o en un escudo para asegurar la impunidad de quienes faltaren a la ley”.

“En vez de buscar una participación más plural en la designación del Procurador General, se permitiría que una sola representación política pueda designarlo o formar mayoría para sancionar a los fiscales en asuntos que afectaren intereses partidarios”, expresó por su parte el Colegio de Abogados de la Ciudad.

El Club Político, en tanto, rechazó la propuesta por ser “gravemente perjudicial para los equilibrios institucionales consagrados en nuestra Constitución”.

SEGUIR LEYENDO: