La pelea por los subsidios energéticos: crecen al 50% anual en dólares y proyectan que este año sumarán USD 10.000 millones

En los últimos 12 meses los subsidios a la energía sumaron USD 6.700 millones y de seguir las actuales tendencias y no haber un ajuste adicional de las tarifas de electricidad y gas ya anunciadas por el gobierno, este año terminarán costando unos USD 10.000 millones, dice un estudio del Instituto Argentino de Energía General Mosconi.

El informe, titulado “Subsidios y tarifas energéticas: en camino a una nueva crisis” y elaborado por los economistas energéticos Alejandro Einstoss y Julián Rojo, hace un severo diagnóstico de la situación actual y aunque va en línea con la preocupación del ministro de Economía, Martín Guzmán, acerca del “tsunami” y el costo fiscal de los subsidios, señala que no es legalmente posible, en el marco regulatorio vigente, “segmentar” las tarifas, por lo que sugiere la aplicación de “Tarifa Social” y “subsidios focalizados” en vez del sistema actual, que describe como de subsidios generalizados.

“El affaire Guzmán-Basualdo pone de manifiesto que los subsidios económicos – en particular los energéticos - y el problema que representa aumentar tarifas en contextos de alta inflación, no encuentra solución”, dice un pasaje del estudio, que precisa que en los últimos 24 meses el congelamiento de tarifas, “con costos energéticos que marchan al ritmo de la inflación” hicieron que los subsidios en dólares crezcan a un ritmo del 50% anual.

El riesgo, señalan los especialistas,” es que esa aceleración se transforme en un tsunami de subsidios como el que ya enfrentó la economía entre el 2010 y 2015″. Al respecto, el estudio recuerda que hace diez años, en abril de 2011 los subsidios energéticos anualizados alcanzaban los USD 6.600 millones pero crecieron rápidamente hasta llegar a USD 10.000 millones anuales hacia diciembre del mismo año. Fue el inicio, prosigue el informe de un tsunami que hizo pico en julio de 2015 cuando el monto de subsidios anuales (últimos doce meses) llegó a la friolera de USD 17.000 millones.

“La corrección fiscal era inevitable y la administración Macri redujo los subsidios energéticos en un 72%, finalizando en diciembre 2019 con USD 4.700 millones”, dice el estudio, y precisa que a lo largo del tiempo los subsidios tuvieron un costo superior a los USD 100.000 millones “que se financió devorando el superávit fiscal y el superávit comercial y hundiendo a la macroeconomía en una estanflación hasta el momento indomable”.

A partir del nivel actual de subsidios (USD 6.700 millones en últimos 12 meses) el estudio prevé para los próximos meses un fuerte aumento debido a los consumos de invierno, mayor costo de importaciones (tanto debido al mayor volumen necesario por la caída del 11,4% en la producción local de gas natural como por el fuerte aumento de los precios internacionales) y la continuidad del congelamiento de los precios de la energía. Esa tendencia llevaría a una “segunda ola” que la economía ya no podría afrontar.

El estudio precisa también que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) explica el 75% de los subsidios energéticos porque “hace 20 años financia con fondos públicos la diferencia entre el costo de generación y el precio que paga la demanda”.

Al respecto, precisa que en los últimos dos años los costos de generación crecieron 80%, pero el precio pagado por la demanda aumentó 5%, con lo que la cobertura de subsidios, que cubrián el 32% en abril 2019, superaron el 60% el mes pasado. Eso se traduce, en transferencias a Cammesa que anualizadas superan los USD 4.800 millones, un aumento del 70% desde diciembre de 2019.

Peor aún es la proyección, porque los propios estudios de Cammesa precisan que hacia fin de año los subsidios cubrirán el 70% del costo de energía, “lo que demandará partidas presupuestarias adicionales no previstas en el presupuesto del orden de los $140.000 millones”. A eso deben adicionarse el costo adicional, por los artículos 17 y 87 del Presupuesto 2021, que establecen que la empresa deberá condonar parte de las deudas de las distribuidoras, lo que según informes de la Jefatura de Gabinete insumiría otros $103.000 millones. De ese modo, los $ 441.750 millones (o USD 4.900 millones, al tipo de cambio oficial) asignados a Cammesa no alcanzarían.

En base a supuestos de demanda de los organismos oficiales y asumiendo que los recientes aumentos de gas y luz serán los únicos del año, el estudio estima que los subsidios sumarán $ 904.918 millones (2,4% del PBI), de los cuales Cammesa insumiría $ 633.781 millones, otros $ 100.486 millones serían para IEASA (ex Enarsa, que contrata las importaciones de GN), el Plan Gas Plan gas no convencional $ 58.057 millones y el “estímulo” a la producción de GN otros $ 71.000 millones (la cuenta incluye otras partidas, como $ 7.050 millones para YCRT, la empresa en la que el gobierno designó como interventor a Aníbal Fernández).

El estudio afirma que el reciente aumento del 9% en la tarifa eléctrica de Edenor y Edesur no aliviará la cuenta de subsidios ni modificará la tendencia y recuerda que el presupuesto oficial tenía implícitos aumentos de tarifas del orden del 35% para poder cumplir con las metas fiscales” y fue aprobado por unanimidad en el Congreso.

“La disputa entre el ministro (Guzmán) y su subsecretario (Basualdo) no sería por el actual aumento de tarifas, sino por la necesidad de implementar nuevos aumentos, que deberían concentrarse en el precio de la energía. Este aumento es crucial para encauzar la trayectoria de los subsidios y evitar una segunda ola que gana velocidad”, dice un pasaje del documento, que precisa además que el reciente aumento promedio del 9% se traducirá en un aumento de entre 11 y 12% “para las categorías de consumo representativos de ingresos medios”.

El caso del Gas Natural

En cuanto al Gas natural, dice que la situación es similar a la de la energía eléctrica y que los recientes anunciados por el Enargas (7% para residenciales y 4% para la industria) mantendrán un atraso tarifario superior al 80% y está lejos de solucionar el problema de los subsidios. Al respecto cita que la propia secretaria de Energía precisó en su documento técnico presentado en la audiencia pública de marzo que el Estado cubre 56% del costo de la demanda abastecida por las distribuidoras es cubierto por el Estado Nacional, lo que implica un costo fiscal de $110.000 millones “y una necesidad de partidas adicionales no previstas en el presupuesto 2021 del orden de los $52.000 millones”.

Aunque sus números y argumentos van en línea con las preocupaciones fiscales de Guzmán, el documento señala que la idea del ministro de “segmentar” tarifas chocan contra el marco regulatorio vigente, la ley 24.076, de cuando se privatizó Gas del Estado con el voto del “diputrucho” Juan Abraham Kenan, un asesor del diputado peronista Julio Samid, hermano del polémico matarife argentino Alberto Samid.

“La legislación prohíbe los subsidios cruzados”, recuerda expresamente el documento, lo que sí podría aplicarse es “el mecanismo vigente de “Tarifa Social, que identifica y focaliza el universo de usuarios vulnerables” a través de diferentes bases de datos (como la Anses) y “en base a criterios objetivos que pasan por ser titular de programas sociales, jubilado o pensionado con haberes mínimos, aquellos que reciben seguro por desempleo, o certificado de discapacidad, entre otros”. El mecanismo, agrega el documento, “implica descuentos en bloques de consumo de energía, e incluye criterios de exclusión del beneficio a partir de cruces con los registros de propiedad inmueble, automotor, embarcaciones de lujo, etc”. Se trata de un mecanismo perfectible, dicen Einstoss y Rojo, “pero resulta el instrumento disponible que permite transformar ineficaces y opacos subsidios a la oferta en subsidios a la demanda focalizados en quienes lo requieren”

La idea de “segmentación”, en cambio, implica “implica la necesaria modificación de las leyes que enmarcan el funcionamiento del sector” algo que el documento no considera acorde con “la urgencia que presenta la pandemia y sus consecuencias económicas en los usuarios vulnerables”.

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