El impacto de la crisis sanitaria y económica: así se deterioraron las condiciones de vida de los argentinos en pandemia

El Indec presentó los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares correspondientes al segundo semestre de 2020 sobre las condiciones de vida de los hogares que formarán en algún momento parte de un indicador amplio sobre las grandes deficiencias de las familias y sus habitantes para el acceso a bienes y servicios básicos esenciales, independientemente del nivel de ingresos, sobre un universo de 31 aglomerados urbanos con 28.700.600 habitantes y 9.290.000 grupos habitacionales.

En el primer caso aumentó en 679.000 personas, a un ritmo de 2,42% por año, más del doble que la proyección intercensal a nivel país, a 45,4 millones de personas. Mientras que, en el segundo, disminuyó en 66.300 hogares, aunque el total nacional se incrementó en más de 156.500 los grupos habitacionales.

De ahí surgió como primer dato de las crisis sanitaria y económica que en el primer año dominado por la pandemia de covid-19 aumentó la densidad demográfica en los grupos habitacionales, aunque el organismo oficial de estadística estimó que el “hacinamiento crítico” en términos de personas involucradas disminuyó en 27.000 en los 30 aglomerados urbanos, de los 31 habituales medidos (se excluyó a Ushuaia – Río Grande); y en 67.400 en la proyección al total país.

A nivel nacional la proyección intercensal -cada 10 años- arroja un crecimiento de la población y de los hogares a un ritmo cercano a 1% anual, pero en el caso de los 31 aglomerados urbanos relevados por el Indec la tasa de aumento de los habitantes fue de 2,42% y la de los grupos habitacionales declinó 0,71%, un claro reflejo de un año atípico como fue el 2020, y que en parte se mantiene en el semestre en curso.

El relevamiento fue hecho plenamente en forma virtual, por las limitaciones que impuso la vigencia de las restricciones a la movilidad de las personas, en particular de los empleados del sector público, arrojó que 21,1% de los hogares habitan en viviendas con materiales insuficientes, proporción que se eleva a más de un 1 de cada 4 pobladores en todo el país. Ambas relaciones superaron las estimadas un año antes, previo a la irrupción de la pandemia, equivalente a 1,2 millones de personas.

“Sólo 52,3% de los hogares, que abarca al 46,4% de las personas, accede a los tres servicios básicos de agua corriente, cloacas y gas natural”, menciona el informe del Indec, se redujo en torno a 4% del total, en cada caso en comparación con un año antes.

En tanto, 47,7% de las familias no accede a al menos uno de los servicios considerados, en los que habitan el 53,6% de las personas. Si bien este indicador se presenta a través de una variable dicotómica, existen situaciones de grupos habitacionales que disponen de cámara séptica y pozo ciego, solo de pozo ciego, de hoyo/excavación en la tierra o quienes no poseen baño.

Más lejos de la casa propia

En cuanto al régimen de tenencia de la vivienda el relevamiento determinó en el área urbana una disminución de los propietarios de 6,55 millones de hogares con 20,37 millones de personas en la segunda mitad de 2019 a 6,31 millones y 20,1 millones, respectivamente, un año después. Por el contrario, se elevó la cantidad de inquilinos y ocupantes en 20.000 y 113.000 grupos habitacionales.

El 6,6% de los hogares habita en una vivienda que se encuentra cerca de basurales; y sube a 8% del total de habitantes. Aumentó levemente respecto de la consulta del Indec del segundo semestre de 2019, como consecuencia de la pérdida de ingresos, sea en términos reales (subieron menos que la inflación), o por la pérdida de empleos.

Con respecto a las viviendas localizadas en zonas inundables, el 11,1% de los hogares –compuestos por el 12,8% de las personas–, se mantuvo en el primer caso, y bajó en medio punto porcentual en el segundo.

También en tiempo de pandemia, cuando más se necesitó de la asistencia médica, el Indec midió que la cobertura de la población a través de obras sociales, empresas de medicina prepaga, mutuales y/o servicios de emergencia se redujo en casi 5 puntos porcentuales, equivalente a poco más de 410.000 personas en la proyección al total país, muchas de las cuales se volcaron a la atención públicas, pese a que en muchos casos se caracteriza por registrar severas carencias tanto para acceder a turnos, como a insumos y prescripciones.

El conjunto del acceso a la obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia representó la mayor parte de la cobertura médica, en una proporción que ahora se redujo a menos 2 de cada 3 habitantes.

“Si se considera el conjunto de la población, el 64% de las personas cuenta con obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia, mientras que 35,9% solo posee cobertura médica a través del sistema público, lo que equivale a 10.249.000 personas. Este porcentaje es del 33,6% en el caso de las mujeres y del 38,3% en el caso de los varones. Por grupo de edad, se observa que el 44,8% de los niños, niñas y adolescentes (hasta 17 años) se encuentra en esa situación, mientras que este porcentaje desciende al 2,8% en el grupo de adultos mayores (65 años y más). El 97,2% de la población de adultos mayores cuenta con obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia”, detalla el organismo oficial de estadística.

Clima educativo

En cuanto al clima educativo, definido por la cantidad de años de escolaridad de los encuestados en los 31 aglomerados urbanos de todo el país, el Indec lo desagregó en 5,5% muy bajo (menos de 7 años de capacitación); 42,5% bajo (de 7 hasta 11 años); 32% medio (de 11 a 14 años); 10,6% alto (de 14 a 16 años) y 9,4% muy alto.

En comparación con el año anterior cuando no regía el predominio de la virtualidad o enseñanza remota, forzada por las severas limitaciones a la movilidad, al ser decretada la educación una “actividad no esencial” y por tanto con acceso a los medios públicos de transporte, la EPH registró un claro deterioro: aumentó la proporción de población con menos de 7 años de instrucción total; se redujo en un punto porcentual la franja con nivel medio; se elevó en un punto porcentual la participación del segmento alto, en tanto se redujo levemente el óptimo del máximo rango.

Por el contrario, pese a que virtualmente se perdió el ciclo lectivo presencial, y las clases remotas fueron parciales, dadas las limitaciones de conectividad y, en particular, de disponibilidad de computadoras y dispositivos por cada alumno en gran parte de la población con ingresos menores al promedio nacional, el Indec estimó un aumento de la concurrencia a clases del segmento de 4 a 17 años de 5,74 millones a 6,34 en el total de los 31 aglomerados urbanos.

Y en el desagregado por grupo etáreo observó que sólo disminuyó la asistencia a la escuela o centro educativo, en la franja pre-escolar, hasta 4 años de edad, pasó de 371 mil a 349 mil niños. En cambio, el sondeo detectó sendos aumentos de 4,21 millones a 4,68 millones, en el tramo de 5 a 14 años; y en menor cuantía en el de 15 a 17 años, subió de 1.157.000 a 1.313.000 adolescentes.

Con este relevamiento, el Indec dio cuenta de que al brutal aumento de la pobreza por ingreso que estimó en 42% de la población como promedio del segundo semestre de 2020, pero que ascendió a más de 45% en el trimestre octubre-diciembre, se agregó un también inquietante deterioro de las condiciones de vida de una proporción relevante de la población, porque su superación no dependerá sólo de la esperada reactivación de la economía, a medida que se logre revertir la crisis sanitaria, sino que requerirá de un plan económico y social integral, de largo plazo, que sea consensuado con las fuerzas políticas, para que se sostenga hasta el pleno cumplimiento de los objetivos.

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