La reunión del presidente Alberto Fernández con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, representa un nuevo capítulo en las negociaciones que la Casa Rosada comenzó hace ocho meses para refinanciar los USD 45.000 millones del préstamo que el organismo otorgó al Gobierno de Mauricio Macri en 2018.
En el marco de ese encuentro, el Poder Ejecutivo espera contar con una señal fuerte de apoyo del Fondo para encaminar no solo el propio programa financiero que despeje los altos vencimientos que implica el acuerdo vigente en 2022 y 2023, sino que también implique un apoyo en la otra negociación clave que continuó el Gobierno en Europa esta semana: la postergación del vencimiento final con el Club de París.
Argentina y el FMI: diez claves
Monto: Desde junio de 2018, cuando el Gobierno de Mauricio Macri firmó el primer programa financiero hasta mediados de 2019, el Fondo Monetario envió a la Argentina unos USD 45.000 millones en envíos trimestrales. El acuerdo significaba un total de desembolsos por USD 57.100 millones, pero tras el revés en las elecciones para el macrismo, los giros de dólares desde Washington fueron interrumpidos.
El Gobierno de Alberto Fernández anunció que no continuaría con la agenda de pagos desde el FMI y que renegociaría la totalidad del acuerdo. El gran obstáculo que identificó el Frente de Todos tenía que ver, principalmente, con la hoja de ruta de devoluciones que debería encarar la Argentina: la mayor parte (cerca de USD 38.000 millones) debería ser reintegrados al Fondo solo entre 2022 y 2023.
Plazo: La duración del nuevo acuerdo con el FMI es uno de los aspectos centrales en la negociación. Desde que comenzaron las conversaciones formales en agosto pasado se conocieron distintas alternativas que surgieron dentro de la coalición de Gobierno. Por un lado, una postura de negociar con las reglas del juego vigentes, es decir, un programa con una duración máxima de 10 años, tal como lo prevén los acuerdos de facilidades extendidas (Extended Fund Facilities).
Pero también transcendió una idea pergeñada dentro del oficialismo de buscar una salida por fuera de los estatutos del FMI: un programa con 20 años de duración. La justificación fue que como el programa firmado durante el macrismo también habría escapado del reglamento del organismo, la renegociación también podría hacerlo. Una tercera opción fue expuesta por Guzmán recientemente: firmar un acuerdo a 10 años y, en caso de que el directorio del Fondo aprobara en los próximos años una nueva alternativa de programa con mayor duración, una cláusula daría derecho a la Argentina a sumarse a esa nueva alternativa y así ganar más tiempo.
Respecto a la hoja de ruta de la negociación, la primera intención oficial fue alcanzar un acuerdo durante mayo, algo que el equipo económico ya descuenta como imposible, por lo que la resolución quedaría recién para después de las elecciones parlamentarias.
Tasas de interés: Guzmán también se embarcó en la negociación de un nuevo esquema de tasas de interés del programa financiero con la Argentina, algo que desde el equipo económico consideran “sobrecargos”. Así lo planteó el ministro de Economía en una reunión del G24, un foro de naciones emergentes.
“Dado que éste es el año para que el FMI revise sus políticas de límites de acceso y de sobrecargos de tasas de interés, instamos al Fondo a corregir el carácter regresivo y procíclico de la política de sobrecargos y a considerar medidas específicas, como suspender dichos sobrecargos en este momento para ayudar a la recuperación económica de los países. Alentamos al FMI a seguir considerando una reducción permanente y significativa de los sobrecargos o su eliminación”, se indicó en uno de los párrafos del comunicado oficial.
Condiciones: Si bien desde el Gobierno evitaron hablar de condicionamientos, todos los programas de EFF que negocian los países con el FMI incluyen distinta metas macroeconómicas cuantitativas y cualitativas. Los acuerdos EFF tienen como meta asistir a países que tengan crisis de balanza de pagos en un mediano plazo “por problemas estructurales” que su economía tenga que resolver, según la definición que ofrece el FMI.
Además de la particularidad del plazo de duración (el más alto entre los programas previsto por el FMI), un acuerdo de este tipo implica un involucramiento más cercano del organismo en la solución de esos “problemas estructurales” que tenga el país, a través de reformas económicas como jubilatorias, laborales y fiscales.
En qué se avanzó: La discusión entre los técnicos del FMI y el equipo económico argentino inició desde hace meses conversaciones para llegar a un acuerdo sobre una hoja de ruta de la economía argentina. El organismo repite permanentemente que espera tener una noción del programa económico a mediano plazo del Gobierno antes de poder concretar la firma de un acuerdo.
Algunos aspectos relevantes del acuerdo como la meta de acumulación de reservas no representan un obstáculo mayor para el avance de las negociaciones, explicaron fuentes oficiales a Infobae, y afirmaron que una vez que se llegue a un consenso sobre el punto principal del tira y afloje, que es el sendero fiscal que afrontará el Poder Ejecutivo para reducir el déficit fiscal desde el 8% del PBI que alcanzó en 2020, la firma del acuerdo podría avanzar con rapidez.
¿Apoyo de los Estados Unidos? Gregory Meeks, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense, aseguró que la Casa Blanca debería “hacer más” en la negociación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y dijo que es necesario “encontrar una solución lo más rápido que se pueda”.
“Estados Unidos debería hacer más para encontrar una solución a largo plazo para Argentina. Lo primero que hay que hacer es juntar a todos en una mesa, para poder encontrar una solución a largo plazo para la reestructuración de la deuda argentina”, dijo Meeks al ser consultado sobre qué rol debería tener la Casa Blanca en la renegociación de su deuda con el Fondo Monetario. Desde febrero hay un proyecto de ley en el Congreso norteamericano firmado por 70 legisladores demócratas para que el FMI suspenda los pagos de “todos los servicios de la deuda” (capital e intereses) incluidos los vencimientos que tiene la Argentina.
El peso de cada país en el directorio: Los tres principales países con proporciones más altas de presencia en el directorio son Estados Unidos (16,52%, y además es el único que tiene poder de veto de las decisiones del directorio), seguido por China (6,15%) y Japón (6,09%). Entre los diez países con mayor peso hay tres que formaron parte del itinerario presidencial de esta semana.
Esos son Alemania, que ocupa el puesto número 4 con un 5,32% del poder de voto, Francia comparte el quinto lugar con Gran Bretaña ya que poseen el 4,03% del total. En séptimo lugar, Italia cuenta con un 3,02%. Más atrás, en el 13° puesto se encuentra España, con una presencia que equivale al 1,92% del directorio. Más atrás, Portugal tiene el 0,44%, por lo que incluso está más abajo de la Argentina, que tiene en el board del FMI un 0,66% del total.
Las internas en el Gobierno: El Fondo Monetario Internacional eligió recientemente no pronunciarse sobre el conflicto interno abierto en el Gobierno nacional por la política tarifaria entre el ministro Guzmán y el subsecretario de Energía, Federico Basualdo. De todas formas, el organismo reconoció al ministro de Economía como el “socio” dentro del Gobierno argentino en las negociaciones.
Semanas atrás, el director del Departamento del Hemisferio Occidental Alejandro Werner había marcado “diferencias significativas de opinión dentro de la alianza política” del Frente de Todos, lo que podía implicar un atraso en una resolución del nuevo programa financiero. Poco tiempo después el FMI anunció la renuncia de Werner, el último alto funcionario del organismo que tuvo participación activa en el acuerdo de 2018 con el Gobierno de Mauricio Macri.
Club de París: Los países que formaron parte del viaje oficial de Alberto Fernández, son además relevantes para la otra negociación que lleva adelante Martín Guzmán: la reprogramación de los pagos al Club de París. Más de la mitad de la deuda argentina al Club de París está concentrada en dos países: Alemania (37%) y Japón (22%). Más atrás le siguen Holanda (casi 8%), España (6,68%), Italia (6,29%) y Estados Unidos (6,28 por ciento).
El 30 de mayo vencen pagos por USD 2.419 millones entre capital e intereses de la deuda con el Club de París, aunque aún queda un margen estrecho de 20 días de negociación, motivo del viaje de Alberto Fernández a Europa esta semana. Luego del vencimiento corren 60 días de período de gracia que, de incumplirse, significaría un nuevo default soberano el 1° de julio próximo.
El Gobierno espera que un guiño del FMI sobre los avances en las negociaciones pueda redundar en una postergación de ese vencimiento y que eso abra una ventana de tiempo para renegociar las tasas de interés y el plazo de devolución, un acuerdo que había firmado Axel Kicillof en 2014.
Uso de los dólares “extra” del FMI: El FMI emitirá este año el equivalente a USD 650.000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG, la moneda del Fondo). Como la Argentina tiene una participación equivalente al 0,66% del capital del organismo, recibirá en torno a USD 4.350 millones de esa emisión.
El senador Oscar Parrilli, cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, presentó un proyecto que insta al Palacio de Hacienda a destinar los fondos que aportará el Fondo en agosto para ayuda social en medio de la pandemia. “Si nosotros utilizamos los derechos de giro para pagar la deuda que tenemos vamos a terminar ampliando la desigualdad con el resto de los países que van a recibir fondos y, además, van a recibir lo que nosotros paguemos”, manifestó la semana pasada Parrilli en la discusión en comisión.
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