La pelea por los subsidios a la energía: si se eliminaran, podría bajar 7 puntos el IVA, según un informe de Ecolatina

“Aumentar las tarifas puede ser indeseable en lo inmediato y afectar al humor electoral. Sin embargo, si su congelamiento demanda crecientes recursos fiscales y de dólares, el resultado podría ser incluso peor: mayores expectativas de devaluación o un salto de los tipos de cambio paralelos afectarían más al humor electoral que una actualización del precio de los servicios públicos”, dice un informe de la consultora Ecolatina, que suscribe explícitamente las palabras del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien calificó el actual esquema de subsidios a la energía de “pro-ricos”.

El informe precisa que los subsidios económicos aumentaron más de 100% en 2020, casi 80% en el primer trimestre de este año y van camino de duplicar su peso en el PBI. Se trata de recursos que el Estado destina al sostenimiento de tarifas en sectores como la provisión de gas, energía eléctrica y transporte, e incluyen partidas para el funcionamiento de empresas como Cammesa (la empresa que administra el mercado mayorista eléctrico), IEASA (que gestiona las importaciones de gas) y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, además del “Plan Gas”, para estimular la producción del fluido. Los “subsidios económicos” son diferentes del “gasto social”, donde se incluyen programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la tarjeta Alimentar y otras ayudas a sectores de menores recursos.

“Por su carácter pro-ricos, los subsidios actuales no representan el mejor uso posible de estos recursos: si el objetivo fuera ayudar a los sectores vulnerables o estimular su demanda, existen herramientas más idóneas para hacerlo”, dice un pasaje del informe, que como ejemplo del excesivo peso de los subsidios al gas y a la electricidad señala que “si se eliminaran completamente los subsidios energéticos, se podría recortar en 7 puntos la alícuota del IVA o más que quintuplicarse la Asignación Universal por Hijo, ya focalizada en las familias de menores recursos”.

El análisis y las cifras respaldan los argumentos de Guzmán en su disputa con el kirchnerismo duro sobre la política tarifaria y energética y el uso de subsidios, que en el presupuesto 2021 el ministro se propuso limitar a un 2,2% del PBI, incluidos 1,7% a la energía y 0,5% al transporte.

Duro de rajar

Guzmán sufrió un golpe a su poder al no poder echar –como quería- al subsecretario de Energía Eléctrica de su propia cartera, Federico Basualdo, que resistió con el respaldo del kirchnerismo, desde la vicepresidente Cristina Kirchner hasta el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien dijo que Basualdo era “un excelente funcionario”. El ministro debió conformarse con un aumento del 9% en las tarifas de Edenor y Edesur, las principales distribuidoras eléctricas del país, mucho menos que los aumentos de casi 30% implícitos en el presupuesto e inferior al 15% al que se había resignado luego. Pero el viernes pasado, en un acto y en presencia del presidente Alberto Fernández, desempolvó otra vez la cuestión y pidió “autocrítica”.

Agujero fiscal

Un reciente cálculo del economista energético Alejandro Einstoss precisó que con el aumento del 9% que concedió el ENRE, a cargo de Soledad Manin, funcionaria ligada a Basualdo, los subsidios a la energía pasarán este año de los $ 625.800 millones proyectados por Economía a más de $ 875.000 millones, un agujero de cerca de $ 250.000 millones.

En línea con Guzmán, el informe de Ecolatina rechaza seguir cebando la bomba de subsidios que –dice- “vienen elevándose al ritmo del retraso tarifario, generando una distorsión de precios poco sostenible, que eventualmente deberá corregirse”.

La consultora reconoce que “subir las tarifas de gas o electricidad tiene impactos sobre los ingresos de los hogares, reduciendo su capacidad de consumo, y, además, sobre la dinámica inflacionaria” y que por eso “puede comprenderse el motivo para postergar las actualizaciones”.

Ante eso, prosigue, la solución es segmentar a los usuarios y aumentar la tarifa “de aquellos sectores que puedan afrontarlo”. El actual esquema, dice, “es progresivo, pero pro-rico”, pues si bien el beneficio para los sectores más pobres representa una porción mayor de sus ingresos, la mayor parte del gasto total beneficia a los sectores de mayores recursos, que utilizan más gas y electricidad. Al respecto, el informe calculó que los subsidios representan casi 6% del ingreso del 10% más pobre de la población, contra menos del 2% para el 10% más rico. Pero estos últimos, dice, cuentan con 14% del equipamiento eléctrico y de mayor consumo del país (Gráfico).

El tema podría resolverse con la segmentación en base a datos del IFE, información de la AFIP y la Anses y la aplicación de una Tarifa Social Eléctrica. “Así argumenta Guzmán”, dice explícitamente el informe. El ministro quiso echar a Basualdo por “incompetente”, por no haber diseñado un esquema de subsidios segmentados, como se le había solicitado.

Ecolatina recuerda que en 2015 los usuarios de energía pagaban apenas 15% del costo de generación eléctrica. La porción fue creciendo durante el gobierno de Macri, aumentos de tarifa mediante, hasta llegar a 63%, pero el congelamiento hizo que desde abril de 2019 la tarifa “real” (descontada la inflación, que en el período superó el 100%) perdiera la mitad de su valor y se volviera a inflar la pelota de los subsidios.

Además del costo fiscal, equivalente a una quintuplicación del valor de la AUH y de reducir en 7 puntos porcentuales el IVA (esto es, un tercio de su tasa actual), los subsidios cuestan divisas, dice el informe. Durante las gestiones kirchneristas, precisa, la importación de energía aumentó más del 1.100% e hizo que la balanza comercial energética pasara de un superávit anual de USD 6.000 millones a un déficit de USD 7.000 millones, esto es, una reversión de USD 13.000 millones por año.

“Los subsidios son un gasto ineficiente, costoso en pesos y dólares, en un país con un déficit fiscal y una necesidad de divisas importantes”, enfatiza el informe, que parece escrito por el propio Guzmán.

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