Pablo Guidotti: “Sin responsabilidad fiscal los problemas financieros suelen ser costosísimos”

En el mundo, política y economía siempre van de la mano, porque ambas interrelacionan en el comportamiento de las personas, humanas y jurídicas (empresas e instituciones públicas y privadas), con el claro propósito de mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población y avanzar hacia un estado de desarrollo.

Pero mientras la política y sus dirigentes buscan el mejor camino para alcanzar sus objetivos, la economía y sus gerenciadores, basados en el estudio de las relaciones macroeconómicas y microeconómicas, y en los mejores caminos comprobados para proponer medidas e instrumentos para lograr sus objetivos, y descarta las experiencias fallidas que conducen a atrasos en el crecimiento del país, si se incurre y persiste en desequilibrios fiscales y monetarios, porque derivan en la perpetuidad de altos índices de inflación, pobreza y desempleo.

Sin embargo, en la Argentina rara vez el político acepta el conocimiento científico del especializado en el estudio de la economía local y de las experiencias internacionales, y suele poner el carro delante de los caballos, al punto que desestima el diagnóstico y recomendaciones del profesional que eligió para esa función, y toma atajos que conducen a la repetición de fracasos de la gestión.

Los acontecimientos de las últimas semanas que dieron a luz a severas discrepancias entre las máximas autoridades de la política por sostener el congelamiento o atraso en los ajustes de las tarifas de la energía eléctrica, y el ministro de Economía que propone lo contrario para no incurrir en este 2021 en aumentos de los subsidios que conducen a alimentar un déficit fiscal total que se proyecta en torno a 6% del PBI, equivalente a más de 37% del total de los recursos corrientes y de capital previstos, esto es 4,5 meses de ingresos esperados por la Administración Central en el Presupuesto, antes de los nuevos gastos que generará la extensión e imprevisión de la crisis sanitaria.

Justamente, a pocos días de haberse presentado el Presupuesto 2021, Pablo Guidotti destacaba en una entrevista con Infobae: “La falta de plan económico y las medidas desperdigadas no ayudan a restablecer la confianza”; y ahora, en una nueva entrevista con este medio, el ex secretario de Hacienda y viceministro de Economía, entre agosto de 1996 y diciembre de 1999, y actual profesor Plenario de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, analizó la coyuntura y destacó: “Es muy importante racionalizar y eficientizar al máximo el gasto público. Lamentablemente, esto no parece ser un objetivo central para la dirigencia política y por ello la Argentina se encuentra en una situación tan comprometida”.

— ¿El Presupuesto nacional de gastos y recursos es un mandato para gastar, porque nunca en la historia argentina las partidas utilizadas fueron menores o iguales a las aprobadas, siempre la superan con autorizaciones discrecionales del propio ministro de Hacienda y del Jefe de Gabinete?

— El Presupuesto es una autorización que el Congreso le otorga al Poder Ejecutivo para ejecutar distintas partidas de gasto público durante un ejercicio presupuestario anual. Dado que la ley de presupuesto es aprobada al inicio del ejercicio pueden surgir eventos nuevos en su curso que requieran reasignaciones de partidas o eventualmente ampliaciones. También pueden surgir condiciones macroeconómicas no esperadas que requieran un ajuste fiscal y, por consiguiente, una sub-ejecución de las partidas aprobadas. La Ley de Administración Financiera contempla facultades para realizar ciertas reasignaciones de gasto. Un ejemplo muy obvio de situaciones que requieren reasignaciones o ampliaciones es la pandemia que afecta al mundo desde marzo de 2020. Esta situación requirió en la mayoría de las economías del planeta ampliaciones de gasto público para responder a los desafíos sanitarios como también para asistir al sector privado a transitar los efectos de medidas restrictivas que afectaron duramente muchos sectores de la economía.

En la Argentina, un motivo adicional que genera la necesidad de incrementar las partidas del Presupuesto Nacional es la inflación. Si ésta se subestima, como está ocurriendo en el año en curso, el Poder Ejecutivo se ve en la necesidad de actualizar un Presupuesto que se fija en términos nominales y que queda desactualizado. Institucionalmente, las ampliaciones debieran ser autorizadas por el Congreso, aunque en la Argentina es común (aunque no conveniente) que se hagan mediante decretos de necesidad y urgencia.

— ¿A un Secretario de Hacienda le pesa administrar subsidios económicos que le impiden racionalizar y hacer más eficiente el gasto público?

— La responsabilidad fiscal debe ser uno de los objetivos centrales del Ministerio de Hacienda. Sin responsabilidad fiscal los problemas financieros que puede enfrentar el país suelen ser costosísimos en términos de crecimiento económico, empleo y pobreza. Especialmente en un país con baja tasa de ahorro como la Argentina, que por ende depende de un financiamiento externo que hoy está cerrado, es muy importante racionalizar y eficientizar al máximo el gasto público. Lamentablemente, esto no parece ser un objetivo central para la dirigencia política y por ello la Argentina se encuentra en una situación tan comprometida.

— Como economista, con amplia experiencia en el análisis y ejecución de las finanzas públicas ¿Para un país es más eficiente administrar tarifas subsidiadas, o dejar que las empresas, sean estatales o privadas, determinen los precios de sus bienes y servicios con criterios de mercado?

— En la actualidad, sobre la base del marco jurídico vigente, congelar las tarifas de los servicios públicos se traduce en más gasto público vía subsidios. Me parece bastante obvio, mirando la experiencia internacional, que en la medida en que exista competencia es mejor que los precios se determinen con criterios de mercado. Sin embargo, esto no es posible en todos los casos, lo que requiere un marco regulatorio por parte del Estado. En este caso, es central que la intervención del Estado sea transparente, predecible y basada en criterios de racionalidad económica. Marcos regulatorios inestables y acciones irracionales y discrecionales por parte del Estado son la receta para que se frene la inversión y el progreso tecnológico en sectores claves para el desarrollo económico.

— La Argentina mantiene desde hace décadas el criterio de mostrar las finanzas públicas en base caja, en lugar de revelar la real ejecución del gasto público y los compromisos asumidos, y la forma de financiarlo cuando excede los recursos tributarios. ¿Cuál es el fundamento de esa práctica?

— Medir las finanzas públicas en base caja y en base devengado es práctica habitual en todo el mundo. Ambas metodologías tienen su utilidad. La medición de las finanzas públicas en base caja permite entender bien la situación real de gastos e ingresos que se reflejan directamente en las necesidades de financiamiento. Por ende, la medición en base caja es la que normalmente utiliza el FMI en sus programas y la que mira el mercado de capitales. La medición en base devengado es muy útil para entender los compromisos en los que el Estado está incurriendo aunque no los haya pagado aún y, por ende, se traducirán en erogaciones futuras.

— ¿El resultado mensual base caja de las finanzas públicas es un buen indicador para la toma de decisiones en el ámbito privado, sea de las empresas como de las consultoras y economistas profesionales?

— Ambas mediciones son importantes y útiles. Por ejemplo, hay veces que el Estado devenga gastos y no los paga porque no tiene financiamiento suficiente. Esto genera una deuda flotante que debe ser monitoreada y tenida en cuenta en la evaluación financiera del sector público.

El rol financiero del Banco Central

— ¿El Banco Central debe financiar con emisión el desequilibrio de las finanzas públicas, aún con ciertas limitaciones?

— Financiar el desequilibrio fiscal con emisión monetaria no es deseable por varios motivos. En primer lugar, es universalmente reconocido que la emisión monetaria se traduce en inflación, la que afecta fuertemente el desarrollo. En segundo lugar, contrariamente a lo que sucede con impuestos convencionales, la inflación es un impuesto que no tiene la debida autorización del Congreso. En tercer lugar, el impuesto inflacionario es altamente regresivo ya que recae mayormente sobre los que menos tienen. La inflación alta es un problema mayúsculo en la Argentina, mientras que ya ha desaparecido en la gran mayoría de las economías emergentes o en vías de desarrollo. Es un gran fracaso de la política económica.

— ¿Es común en el mundo que el BCRA anticipe a la Tesorería utilidades contables, no efectivamente consumadas?

— Lo que es común es que los bancos centrales transfieran a la tesorería utilidades genuinas y realizadas, no adelantos. Cuando existe inflación alta y devaluación de la moneda se complica definir lo que es utilidad genuina, ya que puede cometerse el error de considerar el efecto de la devaluación sobre las reservas internacionales como utilidad cuando no lo es.

— Cuando los economistas se refieren a la necesidad de una política consistente entre lo fiscal y lo monetario, para influir sobre las expectativas, ¿A qué se refieren?

— La Argentina tiene hoy una falta enorme de credibilidad que hace imposible el acceso normal al mercado de capitales en términos razonables. Dicha falta de credibilidad es el resultado de una falta de estrategia económica. La fala de consistencia entre la política fiscal y la monetaria es sólo un aspecto. La Argentina ha producido una reestructuración de su deuda publica sin plan y el resultado ha sido un rotundo fracaso. Tampoco está claro si se logrará (y cuándo) llegar un nuevo acuerdo con el FMI que resulta totalmente necesario para la Argentina. Estas cuestiones, más las reglas de juego que afectan a la economía y la seguridad jurídica son todos aspectos que confluyen en la formación de expectativas. Y las expectativas son esenciales para ordenar las decisiones de inversión y de empleo. Todo esto se complica aún más con la pandemia, pero hay que tener en claro que los problemas de Argentina no son producto de la pandemia, existían antes y la pandemia simplemente los agravó.

—Aún con la incertidumbre que genera un escenario de pandemia ¿Cree que la economía de un país se puede manejar eficientemente sin un plan económico explícito? ¿Por qué?

—La economía argentina está en crisis, una que se viene prolongando sin final cierto todavía. Los niveles altísimos de riesgo país son un síntoma claro de la crisis y su persistencia genera dudas con respecto incluso a lo que puede ocurrir en un próximo gobierno. La crisis actual tiene una persistencia inusual y parte del problema es la falta de un plan económico. Pero el desafío es mayor aún: la Argentina necesita con urgencia una estrategia económica, sanitaria y política que revierta las expectativas negativas que hoy existen sobre el futuro del país. Y las medidas que se requieren no son de coyuntura, la Argentina requiere reformas estructurales y visión política de largo plazo.

— Cada nuevo gobierno en general comienza con la propuesta de nuevos impuestos o de aumento de la presión tributaria con los existentes. Dada su experiencia como ex secretario de Hacienda, ¿eso ocurre porque es más fácil cobrar tributos que administrar con mayor eficiencia el gasto público, por rigidices a la baja que impone la Ley de Administración Financiera y derechos adquiridos de los sectores beneficiarios?

— Uno de los problemas que tiene la Argentina es que trata de resolver la ineficiencia y el exceso de gasto público con más presión impositiva a todos los niveles, nacional, provincial y municipal. Lamentablemente, esta estrategia no parece haber sido suficientemente castigada por los votantes. La falta de castigo electoral incentiva al político a subir los impuestos en vez de ser más responsable fiscalmente. Quizás esto cambie en el futuro.

—¿Le inquieta más el nivel que alcanzó el gasto público, la composición, o el nivel de eficiencia?

—Todo es preocupante, el nivel de gasto publico es muy alto con relación al PBI, el nivel de eficiencia es bajo y, a su vez, su estructura es muy inflexible lo que limita fuertemente a la política fiscal.

— ¿Una reflexión final?

— Los problemas que enfrenta hoy la Argentina, y su falta de credibilidad, requiere soluciones con amplio consenso político. De lo contrario, la inestabilidad política dominará sobre cualquier intento de racionalidad económica. Hoy es muy difícil anticipar si y cuándo se darán las condiciones para que se alcancen los consensos políticos necesarios.

Fotos: Martín Rosenzveig

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