El Fondo Monetario Internacional eligió no pronunciarse sobre el conflicto interno abierto en el Gobierno nacional por la política tarifaria, un elemento que define el sendero fiscal que tomará el Ministerio de Economía y que forma parte de las discusiones técnicas con el organismo.
Consultado en una conferencia de prensa, el vocero del organismo Gerry Rice no se pronunció sobre las dificultades de Martín Guzmán para imponer su idea de un ajuste tarifario en dos tramos a lo largo del año para reducir el gasto en subsidios. De todas formas, reconoció al ministro de Economía como la contraparte del Gobierno argentino en las negociaciones.
Semanas atrás, el director del Departamento del Hemisferio Occidental Alejandro Werner había marcado “diferencias significativas de opinión dentro de la alianza política” del Frente de Todos, lo que podía implicar un atraso en una resolución del nuevo programa financiero. La semana pasada el FMI anunció la renuncia de Werner, el último alto funcionario del organismo que tuvo participación activa en el acuerdo de 2018 con el Gobierno de Mauricio Macri.
En medio de la interna en el Frente de Todos, el FMI reconoció a Guzmán como la contraparte del Gobierno en las negociaciones.
“El staff continua trabajando de forma constructiva para encontrar un acuerdo que ayude a la Argentina y a los argentinos a superar las dificultades de la pandemia. Estamos comprometidos en encontrar políticas que lleven a un crecimiento inclusivo liderado por el sector privado y que proteja a la población vulnerable”, dijo este miércoles Rice, ante la consulta sobre el proceso de negociaciones.
A casi una semana del intento de despido del subsecretario de Energía Federico Basualdo, que finalmente quedó en suspenso, Guzmán se refugió esta semana en su agenda local que incluyó reuniones con funcionarios, la supervisión de los últimos números de la recaudación (una variable fiscal decisiva para este año), la última licitación de deuda en pesos. Además, encabezó el encuentro del gabinete económico semanal en que se decidió ampliar la asistencia a empresas de sectores críticos por la pandemia.
La semana que viene retomará su actividad internacional para conseguir apoyos de naciones europeas en plena negociación con el FMI y en un momento clave para reprogramar el vencimiento de USD 2.400 millones con el Club de París, previsto para el 28 de mayo.
En ese sentido, el funcionario del FMI anticipó que la directora gerente Kristalina Georgieva viajará a Roma la semana que viene, y coincidirá con el ministro Guzmán en un seminario sobre deuda organizado por el Vaticano, una actividad similar a la que compartieron en febrero de 2020. De todas formas, Rice no confirmó si la máxima funcionaria sostendrá reuniones particulares con Guzmán o con el presidente Alberto Fernández.
Por otra parte, sobre el proyecto presentado por el bloque del Frente de Todos en el Senado para limitar el uso de los dólares que envíe el FMI como parte del incremento en los derechos especiales de giro (DEG), Rice afirmó que “no puedo especular sobre lo que las autoridades argentinas consideren apropiado sobre qué hacer”, con esos dólares.
“El staff continua trabajando de forma constructiva para encontrar un acuerdo que ayude a la Argentina y a los argentinos a superar las dificultades de la pandemia”. (Rice)
El FMI emitirá este año el equivalente a USD 650.000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG, la moneda del Fondo) para inyectar capital a sus países miembro en medio de la pandemia de Covid-19. Como la Argentina tiene una participación equivalente a algo menos de USD 0,7% del capital del organismo, recibirá en torno a USD 4.350 millones de esa emisión.
“En junio se tratará en el directorio la aprobación de la ampliación de los DEG y luego será tratado por la junta de gobernadores. Todavía no fue aprobado, pero estamos trabajando en eso. De ser así, Argentina recibirá un monto de acuerdo a su cuota en el FMI”, concluyó el vocero del Fondo Monetario.
En el Gobierno estiman que ese monto no llegará antes de agosto, por lo que no estarán a tiempo para eventualmente afrontar los USD 2.400 millones previstos con el Club de París. Ese consorcio de naciones prevé un plazo de gracia de dos meses antes de que un Estado deudor incurra en default, lo que tendría lugar a fines de julio de no mediar un acuerdo entre la Casa Rosada con los países integrantes.
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