Alerta por la relación con el Club de París y el alto riesgo que asigna a la Argentina la calificadora de The Economist

A fin de mes vence la última cuota, por USD 2.400 millones, de la deuda del estado argentino con el Club de París, renegociada en 2014 por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof.

Fue uno de los temas que buscó resolver Martín Guzmán en su reciente periplo europeo. Si bien hay un plazo de gracia de hasta 60 días, hasta fines de julio, no está claro que el Club acepte refinanciar esa cuota si el ministro no abrocha antes un acuerdo con el FMI, que hace las veces de “auditor” del Club, una asociación laxa de agencias estatales de garantía de inversiones y comerciales para empresas de sus países en el exterior, en especial en naciones inestables o de menores ingresos.

Que Guzmán acuerde con el FMI antes de julio es improbable. Y tampoco dan los tiempos para afrontar el vencimiento con el Club con los cerca de USD 4.350 millones que le tocarán a la Argentina de la emisión de USD 650.000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG, la “moneda” del Fondo) aprobada por el G7 y acordada en la reciente Asamblea FMI-Banco Mundial. Esos recursos se acreditarían al BCRA recién en agosto.

Para colmo, los principales acreedores en el Club son los muy ortodoxos Alemania y Japón. De hecho, en Berlín Guzmán pudo comprobar la escasa flexibilidad alemana para instrumentar su propuesta de “reasignar” (a favor de los países pobres y de ingresos medios, como la Argentina) buena parte de la emisión de DEGs.

Al respecto, Héctor Torres, representante de la Argentina en el directorio del FMI en las gestiones ministeriales de Roberto Lavagna y Alfonso Prat Gay tuiteó unos gráficos muy reveladores sobre la muy mala posición que detenta la Argentina en los rankings de riesgo globales y los vinculó a la encrucijada con el Club de París.

Riesgo país y garantías estatales

“Con este nivel de riesgo los inversores privados solo pueden obtener financiamiento bancario si cuentan con un seguro de “riesgo país” (el riesgo comercial es siempre privado), emitido por las agencias oficiales seguro de crédito (Hermes, COFACE, SACE, CESCE, EximBank, etc.). Esas agencias oficiales requieren que, previamente, se regularicen las deudas con el Club de París”, señaló. Y planteó la disyuntiva que enfrenta el gobierno de Alberto Fernández. “Para recibir inversiones privadas originadas en países miembros del Club tenemos 2 opciones”, explicó:

1) Bajar el nivel de riesgo (poner en orden la macro y consensuar políticas de estado);

2) En lo inmediato, refinanciar la deuda pública con el Club para que las agencias oficiales de seguro nos abran cupos. Obtener un diferimiento de corto plazo de los vencimientos hasta después de las elecciones (además de generar un costo financiero -intereses punitorios-), es postergar la posible llegada de inversiones.

Según Torres, refinanciar con el Club es clave porque “con este nivel de riesgo los inversores privados solo obtienen crédito si las agencias oficiales de seguro cubren el riesgo país”. Lo que exige “regularizar la deuda pública con los países del Club”.

Torres dijo a Infobae que aunque no tenía información “de primera mano” sobre las reuniones de Guzmán en Alemania, Italia, España y Francia, “mi impresión es que no se trajo nada concreto”. Y en cuanto a la aspiración (fogoneada desde el Instituto Patria) de estirar los plazos y reducir los cargos financieros del FMI dijo que “no va a haber ninguna excepción de tasas o plazos para Argentina”.

Además, el exfuncionario respondió que los gráficos de riesgo le habían sido enviados por contactos que mantiene en el Fondo. Son del informe “Política, populismo y políticas: riesgos operacionales en América Latina” de The Economist Intelligence Unit (EIU), suerte de “calificadora” de la revista británica. Infobae accedió al documento, que refleja una visión muy crítica del gobierno de Alberto Fernández.

Sobre 29 países evaluados en América Latina y el Caribe, el reporte sitúa a la Argentina como el séptimo país más riesgoso para una compañía extranjera, detrás de Venezuela, Nicaragua, Haití, Bolivia, Cuba y empatando con Honduras en 57 puntos de “riesgo operacional”, en una escala de 0 a 100. Venezuela lidera con 86 puntos.

Competencia

La Argentina es considerada mucho más riesgosa que países con los que compite para atraer inversiones, como Chile (25 puntos), Perú (37), Uruguay (39), Colombia (42) y México (44), aunque no tan lejos del riesgo asignado a Paraguay (47) y Brasil (51).

El informe señala que “América Latina sufrió una de las más altas tasas de mortalidad por Covid-19” y que la tarea más inmediata es atacar la pandemia con campañas eficaces de vacunación y ayudas para que la actividad económica recupere sus niveles de pre-pandemia”. A la vez, advierte, la pandemia tendrá efectos duraderos, con grandes pérdidas humanas y de capital y cambios sectoriales que dejarán ganadores y perdedores.

El informe se divide en secciones de riesgo político, económico y de medidas o políticas de los distintos gobiernos. Así, por caso, para un subconjunto de 11 países, la Argentina rankea relativamente bien en materia de seguridad, pero mal en estabilidad política, detrás de Venezuela, Ecuador y México (el informe es previo a las elecciones ecuatorianas en las que el empresario Guillermo Lasso superó a Andrés Arauz, que contaba con el apoyo del expresidente Rafael Correa).

En riesgo político, el informe señala lo más relevante para cada país. De la Argentina resalta “las divisiones dentro de la coalición de gobierno, que exacerban los problemas de gobernabilidad”, asignándoles “probabilidad moderada” pero impacto potencialmente “alto”. El sainete a raíz del deseo por ahora trunco de Guzmán de echar al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, parece un ejemplo de lo que refiere la unidad de “inteligencia” de The Economist.

Las peores notas de la Argentina aparecen en la sección de “riesgo económico”, en la que, siempre considerando un subconjunto de 11 países, aparece segunda, con 90 puntos, en materia de “riesgo macroeconómico”, detrás de Venezuela, y en “riesgo de comercio exterior y de pagos”, con más de 70 puntos. De hecho, el informe dice que en la región no ha habido riesgos significativos de aumento de barreras tarifarias o controles cambiarias, “con la notable excepción de la Argentina”.

En comparación, el “riesgo financiero” del país luce moderado (algo menos de 60 puntos), por detrás de Venezuela, Dominicana, Ecuador y Guatemala (desde la elección de Lasso, sin embargo, el “riesgo-país” ecuatoriano, una medida eminentemente financiera, mejoró claramente respecto del argentino).

Según el EIU, el riesgo económico deriva en buena medida del escaso espacio fiscal para contrarrestar los efectos de la pandemia sin aumentar el riesgo financiero y generar inestabilidad macroeconómica. Al respecto, destaca dos riesgos de la Argentina. El primero, al que asigna “muy alta” probabilidad y “muy alto” impacto potencial es que un “fracaso en la corrección de los desequilibrios macroeconómicos lleve a una aguda devaluación y un salto inflacionario”. El segundo, al que asigna probabilidad e impacto moderados, es que el gobierno “imponga nuevas barreras no arancelarias como parte de su política de sustitución de importaciones”.

La sección más extensa es la de riesgo de políticas, esto es, no de inestabilidad de un gobierno, sino de sus políticas, con medidas que compliquen a las empresas y a la economía. Allí, la Argentina rankea mal en política laboral (segunda sobre 11 países, detrás de Venezuela), tercera en términos de riesgos legales y regulatorios (detrás de Venezuela y Guatemala) y también en riesgo impositivo (detrás de Venezuela y Brasil). El país rankea mejor, en mitad de tabla, en “riesgos de infraestructura”.

Según el informe, los riesgos de política económica en América Latina derivan de la mayor presión fiscal en pos de una recuperación post-pandemia, las demandas por un mayor rol del Estado y el ascenso de liderazgos populistas. Como ejemplo concreto cita el intento en 2020 del gobierno de Alberto Fernández de nacionalizar Vicentin, para luego retroceder ante la resistencia con que chocó la iniciativa.

Tal vez por eso, en una tabla sobre “escenarios” por país el informe advierte la posibilidad de que la Argentina “nacionalice actividades estratégicas”, a lo que asigna probabilidad e impacto potencialmente altos.

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