Recomposición del salario versus Presupuesto. Son dos visiones dentro del Gabinete que no necesariamente estén contrapuestas de por sí, aunque chocan cuando se trata de uno de los temas espinosos de política económica que debe afrontar este año el gobierno nacional: el descongelamiento de tarifas.
El Ministerio de Economía decidirá en los próximos días si acepta la propuesta de incremento de boletas del gas que propuso el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que estableció que por el transporte y la distribución de ese fluido haya desde mayo un incremento de entre 6 y 7 por ciento para usuarios residenciales y de alrededor de 4% para pequeñas y medianas empresas.
Estas cifras son más bajas de lo que pretende como horizonte tarifario el ministro Martín Guzmán, que busca aferrarse al Presupuesto 2021. Sobre las tarifas, la ley de ingresos y gastos incluye un principio decisivo: que este año -en términos del Producto Bruto- los subsidios que otorga el Estado no crezca en relación al 2020, ya que eso forzaría a financiarlos con mayor emisión monetaria y presionaría aún más al tipo de cambio.
Las diferencias entre el sector más cercano a Cristina Kirchner y la conducción del Palacio de Hacienda sobre cómo encarar el deshielo tarifario se hicieron públicos en distintas ocasiones durante los últimos meses de discusión sobre un nuevo esquema. Desde el Ministerio de Economía aseguran que “siempre hay diversas opiniones, es lógico porque cada uno defiende la misión que le toca”, parafrasean a Guzmán.
El Ministerio de Economía decidirá si acepta la propuesta de suba de gas que propuso el Enargas, de entre 6 y 7 por ciento para usuarios residenciales y de alrededor de 4% para pequeñas y medianas empresas.
Pero más allá de eso, hubo críticas fuertes desde el cristinismo al “plan Guzmán” de tarifas durante las audiencias públicas en marzo. La diputada nacional Fernanda Vallejos, cercana a la vicepresidenta, aseguró en ese momento que “los argentinos no se han recuperado para absorber mayores aumentos de tarifas”.
“Los subsidios representan una política que significa salario indirecto para las familias –continuó–, cuyos ingresos vienen sufriendo pérdidas reales durante los últimos cinco años, marcados por el programa de ajuste y redistribución profundamente regresiva aplicado por el gobierno anterior y un 2020 de pandemia”, aseguró Vallejos en su turno como oradora.
“Esos subsidios también representan una política de competitividad para nuestras empresas, porque la energía es un vector crucial de competitividad. Estos dos elementos, el de ser salario indirecto y, por ende, impulso del consumo y la demanda, y factor de mejora de la competitividad, hacen de los subsidios a la energía una importante política de fortalecimiento del mercado interno, de la actividad económica y de las exportaciones argentinas”, agregó la legisladora oficialista.
Hace dos semanas, el interventor del Enargas Federico Bernal había confirmado ante Infobae que “los servicios públicos de transporte y distribución de gas por redes tendrán un aumento en factura para 2021 del orden del 6% para residenciales y menor del 4% para pymes”.
En otra entrevista Bernal había asegurado que estos ajustes son de transición y aclaró que estarán vigentes hasta que se definan los cuadros tarifarios definitivos, aunque eso será parte de una puja más larga entre todos los actores de la industria y aún no se sabe cuándo estarán listos.
Poco tiempo después Guzmán se plantó en su postura. “Este tema de los subsidios es un tema importante, porque si aumentan los subsidios en relación al producto significa que estamos destinando más recursos a algo que no es gasto de alta calidad”, mencionó en una entrevista poco después.
En los primeros tres meses del año el Estado gastó $185.000 millones en subsidios económicos, un incremento de 73% en relación con los $107.000 millones que se habían erogado en el primer trimestre del año pasado.
“Con el tema tarifas lo que vamos a hacer es lo siguiente”, se diferenció. “Primero: va a haber un aumento que no es el mismo para todos. Lo que se busca es focalizar los subsidios en quienes más lo necesitan. El aumento para los que están peor va a ser más bajo: va a implicar una reducción de la carga de las tarifas para sus ingresos. El aumento para los que están más arriba en la escala de ingresos va a ser más alto”, aseguró el ministro de Economía en una entrevista televisiva.
“No se va a dar de un momento para otro, esto es un proceso que se va a ir dando durante el año. Si aumentás en las tarifas solamente un dígito para todo el mundo ahí no se estaría cumpliendo el Presupuesto y no se estaría cumpliendo el programa macroeconómico. Eso no se va a hacer. ¿Qué se va a hacer? Va a haber, posiblemente partido en dos”, continuó Guzmán.
“Posiblemente se parta en dos un aumento general y después, en el marco de una ley de emergencia tarifaria que el presidente anunció en la Asamblea Legislativa, haya aumentos o quita de subsidios. Es posible que la parte que es igual para todo el mundo sea de dos dígitos y se reparta en dos partes”, concluyó el ministro.
Pasados casi cinco meses del año el Gobierno aún no definió a ciencia cierta cómo serán los incrementos de tarifas tras el congelamiento que se mantiene desde 2019. Y en lo que va del año las cuentas públicas ya lo sienten: en los primeros tres meses del año el Estado gastó $185.000 millones en subsidios económicos, un incremento de 73% medido en forma nominal en relación con los $107.000 millones que se habían erogado en el primer trimestre del año pasado, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda.
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