En 2021 entró en vigencia el impuesto de Sellos a las tarjetas de crédito, un nuevo gravamen que deben abonar quienes hayan registrado un plástico de crédito en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Ahora, como respuesta a una acción judicial iniciada por legisladores porteños del Frente de Todos, una magistrada concedió una medida cautelar en contra de la aplicación de ese tributo.
La Ciudad estableció a partir del 1 de enero de este año un régimen de percepción del Impuesto de Sellos respecto de las liquidaciones o resúmenes periódicos de tarjetas de crédito, cuya alícuota a aplicar es del 1,2% sobre el titular de la tarjeta de crédito que se encuentren radicadas en el distrito.
Desde el 1° de enero de 2021 comenzó a regir en la Ciudad el impuesto de Sellos sobre las liquidaciones o resúmenes de tarjetas
Según se fijó en el presupuesto aprobado por la Legislatura porteña, se aplica sobre los cargos y débitos del período, excepto los saldos remanentes de liquidaciones, resúmenes correspondientes a períodos anteriores, y la percepción se practica al momento de efectuar el cobro de la liquidación o resumen, ya sea total o parcialmente.
La alícuota del 1,2% fue incluida por el Gobierno de la Ciudad y aprobada en el Presupuesto 2021 por la Legislatura porteña. Esta mayor carga tributaria también dio motivo a acciones judiciales por parte de contribuyentes que se oponen a una presión fiscal que crece año a año.
En ese marco, se conoció este miércoles que una acción de amparo iniciada por Juan Manuel Valdés y Rodrigo Javier Puértolas a fin de que se ordene al Gobierno de la Ciudad el cese inmediato del cobro del Impuesto sobre Sellos que se aplica a los resúmenes de tarjetas de crédito que se hallan alcanzados por la Resolución Nº 282 de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) obtuvo el visto bueno de un tribunal.
De inmediato, se supo que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta apelará el fallo.
En el escrito firmado por la jueza de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Alejandra Beatriz Petrella, se ordena: “Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora y, en consecuencia, ordenar al GCBA que –a través de la AGIP– suspenda los efectos de la Resolución Nº 282/2020 del GCBA”.
Este gravamen se aplicaba originalmente a la confección de escrituras públicas o instrumentos de cualquier naturaleza u origen por los que se transfiere el dominio o se otorga la posesión de inmuebles situados en el distrito porteño.
La cautelar alega que la Ley de Coparticipación Federal que dio origen al impuesto estableció que éste “recaerá sobre actos, contratos y operaciones de carácter oneroso instrumentados, sobre contratos a título oneroso formalizados por correspondencia, y sobre operaciones monetarias que representen entregas o recepciones de dinero que devenguen interés, efectuadas por entidades financieras”.
Pero en el caso de gravar con Sellos a los tenedores de tarjetas, consideraron que no se respeta este principio, pues alegaron que “el resumen de tarjeta de crédito que reciben sus titulares no configura un instrumento debido a que de él no surge el perfeccionamiento del negocio, sino que se trata solamente de un resumen de operaciones”, y agregaron que, en todo caso, “el instrumento sería el contrato de emisión de la tarjeta de crédito suscripto por el titular con la entidad emisora”.
Por otra parte, adujeron que “la arbitrariedad del actuar“ del Gobierno de la Ciudad “es manifiesta y ostensible en tanto el mero resumen de las operaciones no resulta susceptible de ser gravado” con el Impuesto de Sellos “al no configurar un instrumento en los términos de la Ley 23.548″ de Coparticipación Federal de Impuestos.
“Resulta llamativo que un mismo tributo pueda ser recaudado en el resto del país, pero no en la Ciudad de Buenos Aires”, señalaron desde el Gobierno de la Ciudad. Y aseguraron que esta presentación “se enmarca en un conjunto de acciones estrictamente de tinte político, que busca desfinanciar a la Ciudad de Buenos Aires y que comenzó el año pasado con la quita de la Coparticipación”.
Además, recordaron que la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Chaco, San Luis y Tierra del Fuego ya cobran desde hace años este impuesto.
La pelea por los fondos de la Coparticipación Federal
Detrás de esta pulseada judicial está la pelea por los fondos entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires. En septiembre pasado, la Nación redujo los fondos que recibe la Ciudad en concepto de coparticipación y la diferencia fue destinada a mejoras en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires.
Por estos cambios, la administración de Horacio Rodríguez Larreta calculó que en 2021 dejará de recibir unos 65.000 millones de pesos.
Para compensar dicha pérdida de fondos, la Legislatura porteña aprobó un paquete impositivo que incluyó la eliminación de la exención a bancos del pago de Ingresos Brutos a las Leliq y a la operaciones de Pases, y la aplicación del Impuesto de Sellos a los resúmenes de las tarjetas de crédito, tal como se aplica en otras provincias como Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Chaco, San Luis y Tierra del Fuego.
Por estas tres medidas estiman una recaudación de $19.700 millones para el corriente año.
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