
No fueron buenas las noticias ayer para el ministro de Economía, Martín Guzmán. No sólo el dato de inflación, que obviamente ya conocía y cuya gravedad él mismo había anticipado, fue peor que lo previsto por los más pesimistas economistas privados. Las malas nuevas, que pueden implicar un desvío rotundo del Presupuesto 2021 al que el funcionario suele aludir como “la hoja de ruta” de la economía o, incluso, su “plan económico”, llegaron desde sus colegas del gabinete y también del mercado. Ambas apuntan a un mismo resultado: la necesidad de mayor emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, probablemente también mayor. Y, con ello, el desbaratamiento de la fórmula 60/40, aquella por la que según Guzmán el desequilibrio de las cuentas públicas de este año -originalmente proyectado en 4,5%- se cubriría 60% con emisión monetaria y 40% con deuda. Esas previsiones, desde ayer, tambalean seriamente.
En primer lugar, las acotadas medidas para combatir la segunda ola, un reflejo del escaso margen que tiene el Gobierno para brindar ayuda a los sectores afectados, implicarán un gasto no previsto. En principio, se trata de los $15.000 millones que insumirá el bono especial para los beneficiarios de AUH y monotributistas A y B del AMBA. A esa cifra, se sumará el costo adicional que implique el refuerzo del plan Repro, una versión más modesta y focalizada del programa ATP implementado el año pasado. A ese plan se destinó, en promedio, durante los primeros tres meses del año, unos $4.000 millones, monto que podría duplicarse o incluso más por la suba del aporte estatal hasta $18.000 por trabajador, amén de la mayor cantidad de solicitudes. Esas son las cifras iniciales, que se intuye podrían crecer en la medida que se endurezcan las restricciones y avance, al mismo tiempo, el calendario electoral.
Pero tal vez no es esa la peor parte para Guzmán de las noticias difundidas ayer, aun cuando no le alcancen los recursos para tomar decisiones de gastos que no tenía contempladas. Lo más grave es que corre riesgo su programa financiero para cubrir el déficit fiscal de este año, el ya previsto además del que podría resultar de un mayor gasto en el marco de la emergencia del Covid. Según ese plan, el ministro prevé financiar 60% del desequilibrio con emisión monetaria y 40% con colocaciones de deuda o “financiamiento neto positivo”, como le gusta rotular la deuda que toma Economía en el mercado local.
Para alcanzar esas proporciones, el Gobierno necesitaba refinanciar la totalidad de los vencimientos de deuda y sumar el equivalente a 50% de fondos frescos. Es decir, un roll over de 150%, objetivo que ayer se convirtió, igual que la meta de inflación, prácticamente en incumplible a juzgar por el resultado de la licitación de deuda de ayer. En la operación, en la que se buscaba refinanciar un vencimiento de $73.000 millones que opera el lunes, se obtuvieron apenas $37.800 millones. Esa diferencia deberá financiarse con emisión monetaria.
“En el primer trimestre, la refinanciación fue de 114% y este mes ya es negativo. Partiendo de esa base, el objetivo es imposible a menos que cambie la estrategia. Y eso, básicamente, significa subir la tasa de interés. No están ofreciendo tasas en línea con lo que pide el mercado, fijan tasas máximas alejadas de los precios del mercado”, opinó el economista de la consultora Empiria, Juan Ignacio Paolicchi, quien destacó que uno de los instrumentos ofrecidos ayer se licitaba al mismo precio que anotaba en el mercado una letra equivalente pero con vencimiento un mes más temprano.
“El empecinamiento en no mejorar la tasa va a complicar al Gobierno el financiamiento cuanto más avanzado esté el proceso electoral, cuando por la mayor incertidumbre siempre los inversores piden más tasa”, explicó. En paralelo, el resultado de ayer enciende otra alerta: los fondos extranjeros como Pimco y Templeton, que reunían en la operación de ayer una tenencia de unos $ 20.000 millones, sólo buscan salir de los bonos argentinos, lo que presionará la semana próxima el dólar de contado con liquidación, el mercado al que recurren quienes quieren sacar su dinero del país.
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