En plena alerta por la segunda ola de contagios, no sólo por su impacto sanitario sino también por el de las medidas de restricción a la actividad económica que sean eventualmente dispuestas, llega en estas semanas otro golpe al bolsillo que los argentinos deberán enfrentar. Es que, desde que empezó abril, y durante las próximas semanas, se acumularán los ajustes postergados a causa de la pandemia durante el año pasado, que ya se empiezan a pagar. Es decir, en pleno inicio de la segunda ola de coronavirus, los argentinos empezarán a pagar los costos de la primera.
Cuando todavía el aumento vertiginoso de los contagios no era una preocupación inminente, el Gobierno finalmente avanzó en el dilatado descongelamiento de alquileres, que empezó a regir la semana pasada. Se dispuso también el regreso de las comisiones bancarias para la operación con cajeros automáticos, amén de tres aumentos consecutivos de la nafta hasta 18%, en principio escalonados hasta mayo.
Pero ya con la multiplicación acelerada de casos, que obligó a nuevas restricciones, por el momento acotadas a sectores críticos pero que todavía impone en el Gobierno el análisis de medidas más fuertes, se definieron en las últimas horas nuevos aumentos que, en rigor, son ajustes demorados del año pasado. El primero en anunciarse fue la suba en las cuotas de las prepagas, de 4,5% para abril y 5,5% para mayo. Estos incrementos completan el 3% que se autorizó en marzo, a pesar del 10% que reclamaban las empresas de medicinas prepaga. Esta suba en las cuotas llega tras el cierre el jueves de la semana pasada de las paritarias del sector de Sanidad, que llevaban adelante medidas de fuerza en reclamo de la recomposición salarial de 2020, por la que finalmente acordaron un aumento de entre 15% y 16%.
El aumento del gas implicaría un menor impacto inmediato en el índice de inflación, ya recalentado por las subas en los precios de los alimentos, y se alinea con la pretensión oficial de lograr que los salarios y jubilaciones al menos le empaten al avance de los precios
Al ajuste de la medicina privada se le agregará el demorado y muy debatido descongelamiento de las tarifas energéticas. El mes pasado se produjeron las audiencias públicas que marca la ley para avanzar en aumentos en las boletas de gas y luz pero, aún así, las declaraciones en sentidos divergentes de los diferentes funcionarios del área generaron dudas respecto de efectiva aplicación. La señal inconfundible de que finalmente se concretaría la suba, bajo la denominación de “tarifas de transición”, llegó cuando a mediados de marzo el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se anticipó a aumentar la luz en el territorio bonaerense, exceptuando el área metropolitana. Esa decisión también marcó la magnitud del incremento: 7%. El porcentaje, muy inferior al que el ministro de Economía, Martín Guzmán, incluyó en el Presupuesto para este año con la expectativa de mantener constante el gasto en subsidios respecto del PBI, parece haber devenido en tope.
El titular del Enargas, Federico Bernal, ratificó ayer que a principios de mayo se iniciará el descongelamiento tarifario que lleva casi dos años, por el cual las boletas de gas subirán 6% para los usuarios residenciales y 4% para las pequeñas y medianas empresas. “La nueva tarifa sobre la que se está trabajando y que arranca en mayo en su modalidad de transición no va a poner en peligro al servicio público y va a poder pagarse, porque va a adecuarse a los ingresos de las familias argentinas y a su situación económica”, afirmó Bernal. Aunque, moderada, la suba es bien recibida entre las empresas donde la semana pasada empezaron a temer una nueva postergación de la actualización, en virtud del nuevo contexto sanitario. Pero ese postergamiento, todo indica, no ocurrirá.
De todos modos, el aumento previsto está lejos del reclamo del sector -de 30% mínimo- e implicaría un menor impacto inmediato en el índice de inflación, ya recalentado por las subas en los precios de los alimentos, y se alinea con la pretensión oficial de lograr que los salarios y jubilaciones al menos le empaten al avance de los precios. Es la consigna que, públicamente, expresó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, jefa política de Bernal. Como contrapartida, obligará a incrementar el gasto público en subsidios, para el que difícilmente se encuentre un financiamiento alternativo a una emisión monetaria adicional que el ministro Guzmán quiere evitar.
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