
El gobierno de Chaco anunció hoy que ha llegado a un principio de acuerdo con un importante grupo de tenedores de bonos representado por VR Advisory Services Ltd (el “Grupo Ad Hoc”), que representa aproximadamente el 50% de sus Bonos al 9,375% con vencimiento en 2024.
La intención es que la provincia salga del default y que el Grupo Ad Hoc apoye una propuesta de reestructuración de los Bonos. “La Propuesta es el resultado de negociaciones constructivas y de buena fe entre la Provincia y el Grupo Ad Hoc”, indicó prnewswire.
“Se espera que el lanzamiento formal de la transacción de reestructuración se produzca a corto plazo, sujeto a la obtención de ciertas aprobaciones gubernamentales y a la preparación de la documentación definitiva”.
De todos modos, “no se puede asegurar que dichas aprobaciones y documentos se obtengan o finalicen como se espera o que la transacción se consuma”.
“Si la transacción se lleva a cabo con éxito, se espera que proporcione a la Provincia un importante alivio del servicio de la deuda en forma de reducciones de los cupones y reprogramación de los vencimientos”, indicaron.
Fuentes vinculadas a la operación confirmaron a Infobae el final feliz de las negociaciones, que todavía deben concluir formalmente.
En tanto, fuentes oficiales de Chaco destacaron que, con este acuerdo se logrará un alivio fiscal de USD 212 millones hasta 2024 y una reducción de la tasa de interés promedio del 9,3 al 4,9 por ciento, “la más baja de las reestructuraciones provinciales” desde que el gobierno nacional salió del default en agosto pasado. Además, precisaron que, con este principio de acuerdo con el 50% de los bonistas concentrados en el Grupo Ad Hoc -que deberá plasmarse en un canje en las próximas semanas- resta que ingrese otro 25% para poder dejar atrás el default, un porcentaje que creen que podrá lograrse dado que la alta dispersión le impide al resto tener poder para bloquear el acuerdo.
En particular, así se “ayudará a la Provincia a reasignar recursos financieros para financiar prioridades sociales importantes y urgentes, así como a garantizar la financiación continua de proyectos de infraestructura clave”.
Se subrayó que “antes de tomar una decisión con respecto a sus Bonos, se insta a los tenedores de Bonos elegibles a revisar la documentación que puede ser emitida por la Provincia y a evaluar los riesgos asociados” a la transacción.

La negociación la llevó adelante el ministro de Economía Santiago Pérez Pons, quien en 2020 reemplazó en el gabinete de Jorge Capitanich a Maia Woelfin, con quien los acreedores no habían logrado tener un diálogo fluido.
Pérez Pons, economista chaqueño de la Universidad Di Tella y ex analista del Citibank, fue Jefe de Gabinete de la Secretaría de Hacienda a cargo de Raúl Rigo, un área que Capitanich maneja bien por su pasado como senador nacional y jefe de gabinete en el gobierno de Cristina Kirchner. De hecho, Capitanich fusionó dos carteras que quedaron bajo la órbita de Pérez Pons: el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura.
Chaco, que está en default desde septiembre pasado por unos USD 250 millones y fue asesorada en esta negociación por Rothschild & Co desde Paris -con el liderazgo de Eric Lalo- tiene enfrente a un acreedor internacional conocido por Guzmán y por otros mandatarios: VR Capital, liderado por el ejecutivo Richard Deitz y que cuenta en su equipo con el argentino Gustavo Palazzi. Este ejecutivo maneja desde 2002 inversiones en toda la región desde 2002, pero tiene foco particular en la Argentina.
Cabe recordar que VR es uno de los jugadores fuertes entre los acreedores de Entre Ríos, que decidieron presentar una demanda en Nueva York contra la provincia que gobierna Gustavo Bordet, representados por el estudio Quinn Emanuel Urquhart and Sullivan de Dennis Hranitzky, ex abogado del fondo buitre Elliott. El gobierno de Bordet consideró que la demanda fue apresurada, mientras que los bonistas lo acusaron de no negociar de “buena fe”. Luego, el grupo anunció que retiraría la demanda al llegar a un acuerdo.
Con este principio de acuerdo, las dos provincias que quedarán en default son La Rioja y Buenos Aires, que ya prorrogó 14 veces sus negociaciones y no tiene en vista ninguna solución con sus bonistas, que ya presentaron una demanda en Nueva York.
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