“Los servicios públicos de transporte y distribución de gas por redes tendrán un aumento en factura para 2021 del orden del 6% para residenciales y menor del 4% para pymes”, le confirmó a Infobae el interventor del Ente Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal.
La noticia llega luego de la audiencias públicas y en medio de un debate en el propio gobierno de Alberto Fernández sobre de cuánto deben ser las subas: de un lado estaba el Presupuesto de Martín Guzmán, y del otro los dichos de la vicepresidente Cristina Fernández, quien dijo en un acto en La Plata, meses atrás, que hay que alinear “los salarios y jubilaciones con los precios de los alimentos y las tarifas”. Por ese momento, el 6% anunciado parece indicar que la balanza se inclinó hacia los deseos de la titular de la Cámara alta, quien en un año electoral no estaría dispuesta a convalidar –al menos por el momento– ninguna suba de magnitud.
Esta tarde, en una entrevista con El Cronista, Bernal destacó que estos ajustes son denominados “de transición” y que estarán vigentes hasta que se definan los cuadros tarifarios definitivos, aunque eso será parte de una puja más larga entre todos los actores de la industria y aún no se sabe cuándo estarán listos.
“La nueva tarifa sobre la que se está trabajando y que arranca en mayo en su modalidad de transición no va a poner en peligro al servicio público y va a poder pagarse, porque va a adecuarse a los ingresos de las familias argentinas y a su situación económica, como pidió Alberto”, aseguró el funcionario.
Luego, en declaraciones radiales, Bernal aclaró que “el aumento de transporte y distribución, dos de los tres componentes, rondará el 6% para usuarios residenciales y menos de 4% para las pymes. Ese es el aumento correspondiente a las tarifas, luego estará el aumento, habrá aumento o no, pero eso lo tiene que definir la Secretaría de Energía, que aún no definió. Si el precio de gas se congelara (este sería el aumento de las boletas)”.
Según habían explicado las autoridades en la audiencia pública, una boleta promedio sin impuestos y con el Estado afrontando entre 55,7% y 60% del costo del gas, en marzo para un usuario medio rondaba entre $642 y $702. De mantenerse inalterable y cumpliendo la Ley de Presupuesto en lo que se refiere al tipo de cambio, la misma boleta alcanzaría a $2.160 y $2.396 en julio.
Si se cumple la Ley de Presupuesto en lo que refiere a los subsidios el Estado pasaría a cubrir entre el 35% y el 37,2% del valor del gas por lo que la misma factura en marzo significaría un costo de entre $753 y $826 y en julio se dispararía a valores que van desde $2.653 a $2.956, aproximadamente.
”Eran impagables, no caben dudas”, expresó Bernal con respecto a las tarifas de Cambiemos. “Pero yo quiero destacar algo de suma importancia: el Presidente no decidió suspender las tarifas de Macri y evitar esos incrementos siderales solamente para que la gente no pase a pagar ese 130% de aumento (promedio residencial) en abril. Suspendió las tarifas de la gestión neoliberal porque, fundamentalmente, el Poder Ejecutivo aceptó los resultados de la auditoría y la revisión (encomendadas por el propio Alberto Fernández) que los entes reguladores condujeron durante todo el año pasado”, agregó.
Con respecto a la ganancia de las empresas del sector, Bernal dijo: “Ni el Presidente ni nadie propone empresas que no ganen como condición excluyente para una tarifa justa, razonable y que se pueda pagar. Las empresas tendrán una rentabilidad razonable. Una rentabilidad que no derive en una tarifa confiscatoria para los usuarios y las usuarias, como sucedió entre 2016 y 2019. Es más, lo que nosotros buscamos es que todos los actores del servicio público –transportistas, distribuidoras, usuarios y usuarias– ganen y que ganen equilibradamente”.
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