El sector privado suma propuestas al plan oficial para reducir la falta de más de 3 millones de viviendas

Después de la crisis de 2001, la edificación de viviendas fue apalancada en su mayoría por emprendedores privados, pero enfocadas hacia segmentos de mayor disponibilidad de recursos o capacidad de ahorro.

El lanzamiento del Procrear contribuyó a reducir el aumento del déficit habitacional que se estima en más de 3,5 millones. Entre 2013 y 2015 varias familias pudieron edificar, refaccionar o ampliarse, pero la crisis económica limitó el ritmo de las obras. En ese período se levantaron más de 40.000 viviendas. Bajo el gobierno de Mauricio Macri se construyeron unas 70.000 unidades entre Procrear y otras propuestas oficiales.

Los expertos consultados por Infobae destacaron que además de la situación económica de los últimos 50 o 60 años también faltó una planificación adecuada para urbanizar y trazar programas que aspiren a lotear terrenos, para permitir luego que se levanten viviendas direccionadas hacia las familias carenciadas, con planes que posibiliten el pago de la casa, en unos casos, o que fomenten la autoconstrucción, en otros.

Luego de asumir como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, a fines de 2020, afirmó que no se las debe llamar viviendas sociales ni populares: “Estar atado a viejos conceptos arquitectónicos, no nos permite crecer y, por eso, lanzamos el Plan Casa Propia con el que el Gobierno aspira a darle una solución habitacional a 264.000 familias hasta 2023 con la premisa de generar clases sociales ascendentes”, sostuvo.

Con esta iniciativa que demandará una inversión de $890.000 millones, que se prevé recuperar y generar un circuito virtuoso a través del Fondo Nacional Solidario de Vivienda, acorde con los ingresos de cada familia adjudicataria, dado que la cuota no va a superar el 25% de los recursos monetarios del grupo habitacional, y va a estar actualizada por la variación del Índice Salarial que elabora el Indec.

Dentro del programa se destacan la edificación de 120.000 viviendas; de las cuales ya están en ejecución más de 15.000 con financiamiento nacional en distintas provincias, y aseguran en el Ministerio que ya se firmaron convenios con las 24 gobernaciones para la construcción de 61.500 unidades. Asimismo, se sancionó una ley que permitirá terminar y entregar otras 55.000 viviendas paralizadas desde 2015. San Juan y Chaco son los primeros territorios que comenzaron con los procesos licitatorios.

Sugerencias de desarrolladores y ONG

Julián Salvarredy, coordinador en Proyecto Habitar, ONG formada por arquitectos y urbanistas, dijo a Infobae: “El déficit indica que necesitamos 3.500.000 unidades, y actuar en consecuencia supondría que con construir esa cantidad de viviendas se eliminaría el faltante. Pero corresponde agregar que existen 9 millones de inquilinos, de los cuales muchos no pueden sostener sus pagos mensuales debido a la crisis derivada de las medidas económicas preventivas de covid-19”.

Tanto la edificación de viviendas públicas como privadas son multiplicadoras de empleo, y movilizan la fabricación de materiales de más de 25 rubros industriales, como cal, cemento, vidrio, hierro, madera, aluminio, pisos, pastas adhesivas, pinturas, mármoles, accesorios, entre otros, fundamentales para la construcción húmeda y seca.

La arquitecta Daniela Gargantini, del Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE), entidad ejecutora que depende del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Asociación de Vivienda Económica (AVE), contó a Infobae, que, “es necesario propiciar políticas de acceso al suelo urbano para los sectores populares. La edificación de viviendas bajo modalidades cooperativas y sociales, es una línea a propagar, junto con la diversificación de acciones que integren otras opciones habitacionales como programas de alquiler social y perspectivas de género”.

Para los entrevistados, es vital que se lancen programas con la participación de gobiernos provinciales que abarquen mejoras en las terminaciones y ampliación de viviendas existentes, provean mejores infraestructuras de accesibilidad y servicios básicos de agua, luz, descarga de efluentes, y avances en la regularización dominial de asentamientos, las cuales forman parte de las soluciones habitacionales necesarias.

“Quienes consiguen un lote, lo hacen en las periferias o ciudades conurbadas, en zonas con baja calidad de servicios. En segundo lugar, es imprescindible pensar en sistemas crediticios accesibles al poder adquisitivo de los hogares. Los créditos UVA terminaron ahogando a miles de familias. También hay que posibilitar la adquisición de materiales a precios subsidiados”, comentó Gargantini.

Salvarredy, destacó: “Los barrios populares que se autoconstruyen están poblados por los sectores sociales que sufren históricamente la distribución desigual del territorio. Generalmente no es una situación elegida, sino producto de la urgencia y la necesidad de resolver el cobijo. Los recursos materiales suelen ser escasos. Hay una extensa experiencia en América latina que indica que la incorporación de profesionales en estos procesos puede ser un gran aporte”.

Resaltan los especialistas que la vivienda social podría funcionar mejor en las localidades intermedias, como en las afueras de las grandes ciudades, dependiendo de que se urbanicen loteos y que se los provea de infraestructura y servicios, cómo también servicio de transporte hacia los centros educativos, de salud, comercios, lugares de trabajo, entre otros.

Un vértice que contribuye con los más vulnerables

En el camino de brindar soluciones habitacionales, hay quienes han entendido que no todo puede depender del Estado, y han proyectado propuestas a través de ONG o entidades sin fines de lucro. Entre ellas se encuentran Vivienda Digna y TECHO, que nutren sus ingresos de donaciones, y en sus años de trayectoria las han obtenido de fondos privados (de individuos, organizaciones y empresas) y en menores casos del Estado llevando a cabo un trabajo en conjunto, pero manteniendo la autonomía.

Vivienda Digna es una organización social que trabaja junto a familias de bajos ingresos en la construcción, mejoramiento y equipamiento de sus casas. “Nos desempeñamos en tres ejes: 1) Proyectos sociales de hábitat y participación; acceso a la vivienda nueva completa y definitiva, mejoramiento de unidades deficitarias y proyectos de lotes con servicios pero siempre promoviendo la participación activa; 2) Microcréditos; buscamos superar situaciones de hacinamiento y mejorar la instalación de servicios para prevenir accidentes domésticos e incendios; 3) Corralones Sociales; es un nexo entre personas o empresas que tienen materiales de construcción, electrodomésticos y mobiliario que no usan y familias que necesitan mejorar su casa”, describió a Infobae, Alejandro Besuschio, director ejecutivo.

En el programa de los corralones retiran donaciones a domicilio sin cargo y las venden a precios solidarios (un 60% más barato que el valor de mercado) en los galpones ubicados en Boulogne, La Matanza y Barracas.

Besuschio, añadió, “tenemos más de 30.000 familias registradas y formamos un canal ágil, transparente y sustentable. Contamos con una herrería y una carpintería para elaborar nuevos productos a partir de lo recibido. Así creamos un nuevo ciclo de vida para los materiales”.

Actualmente, el crédito promedio es de $20.000 que se devuelve en 6 cuotas y es renovable sucesivamente, hasta finalizar el proyecto. Llega a familias que se encuentran en el segundo quintil de ingresos (el 40% del total, con menores recursos).

Por su parte TECHO, es otra organización social presente en 19 países de América Latina, que busca superar la situación de pobreza en la que viven millones de personas en asentamientos, a través de la acción conjunta del voluntariado. En la Argentina, está activo en 10 provincias y desde el inicio del programa, levantó más de 15.640 viviendas de emergencia en todo el país. “La pandemia nos presentó múltiples desafíos, varias de las actividades masivas se vieron afectadas por las medidas de prevención y reorganizamos el trabajo. En 2020 realizamos una campaña de emergencia para poder entregar alimentos a más de 60.000 familias de asentamientos; construimos más de 290 viviendas de emergencia e impulsamos más de 120 proyectos comunitarios gracias al compromiso de nuestro voluntariado, el apoyo de empresas y de nuestra comunidad de socios”, detalló a Infobae Florencia Drucker, directora ejecutiva en Argentina.

En tanto CEVE ha trabajado en la producción de tecnologías constructivas y de gestión que favorecen el acceso al hábitat digno. Recientemente fueron ganadores del premio Recircle Awards 2021, en la categoría Mejor Producto Reciclado Derivado del Neumáticos, por crear tejas de caucho reciclado desarrolladas por investigadores e investigadoras de esta entidad y del Centro de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Materiales y Calidad (Cintemac). Durante los últimos años la profundización del estudio y puesta en marcha de estrategias de acceso al suelo y el fomento de variables de sustentabilidad en la generación de nuevas herramientas en base a residuos y procesos de producción habitacional han resultado ejes destacados”, dijo Daniela Gargantini.

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