La pobreza creció menos en la pandemia que en la crisis de 2001 pero la recuperación será más lenta

La Encuesta Permanente de Hogares del Indec correspondiente al cierre del segundo semestre 2020 registró 31,6% de los hogares por debajo de la línea de pobreza (LP), en los cuales residen el 42% de las personas. Dentro de este conjunto se distingue un 7,8% de familias por debajo de la línea de indigencia (LI), que incluyen al 10,5% de las personas. Esto implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la EPH, por debajo de la LP se encontraban al cierre del primer año duramente afectado por la crisis sanitaria 2.926.890 hogares que incluyen a 12.000.998 personas y, dentro de ese conjunto, 720.678 grupos habitacionales estaban por debajo de la LI, e incluyen a 3.007.177 personas indigentes, informó el Indec.

Aclara el organismo oficial de estadística que esas mediciones se hacen a partir de la variación de los ingresos de los hogares, el cual fue de $29.567 para el promedio de las familias pobres, muy por debajo del valor de referencia que es el costo de la canasta básica total, que ascendió a $50.854, por lo que la brecha se ubicó en 42%, el valor más alto de los pasados quinto semestre consecutivo, y sólo fue superado en la serie histórica entre 2002 y comienzos de 2004, cuando la economía implosionó con la salida desordenada de la convertibilidad fija entre el peso y el dólar, que provocó una brutal devaluación y default de la deuda pública.

En la comparación interanual crecieron ambos indicadores: los hogares pobres lo hicieron en 5,7 p.p. y las personas bajo la línea de pobreza, en 6,5 p.p.; mientras que las familias indigentes aumentaron en 2,1 p.p. y las personas con ingresos insuficientes para poder comprar la canasta básica de alimentos aumentó en 2,5 p.p. Y en ambos segmentos volvió a sobresalir la singular vulnerabilidad de los niños, habida cuenta de que en esa franja la pobreza representó el 57,7% del total de la población, ascendió a más de 6,2 millones de personas; y la indigencia subió a 15,7% del total, a 1,7 millones.

La proyección de esos datos al total país, con una población estimada por el Indec en 46,1 millones, significó que las medidas paliativas que tomó el Gobierno para atenuar el impacto del cierre de diversas actividades, como el pago parcial de salarios a las empresas por la nómina de trabajadores registrados y las tres cuotas del Ingreso Familiar de Emergencia, fueron insuficientes para evitar que la pobreza afectara a casi 19,4 millones de personas; y la indigencia a poco más de 4,8 millones de habitantes.

Se trata de un aumento del universo de pobres en un sólo año en más de 3,2 millones de personas, de los cuales dos de cada tres se originaron en los efectos de la disminución de la oferta de trabajadores por efecto desaliento y la caída del empleo, mientras que el tercio restante se explica por el severo deterioro del poder de compra de los ingresos en los sectores marginales y en el cuentapropismo, por efecto de la depresión de la actividad económica.

Para encontrar en la estadística del Indec, proyectada al total país, un nivel de pobreza como el que se registró en el segundo semestre de 2020 hay que retroceder hasta el cimbronazo que provocó la abrupta salida de la convertibilidad con una paridad fija de 1 a 1 entre el peso y el dólar a fines de 2001, principios de 2002, en un escenario agravado por medidas políticas y económicas, como fueron el default de la deuda pública y la pesificación asimétrica entre depósitos en dólares que se convirtieron a $1,40 y los préstamos en moneda extranjera que se transformaron en moneda nacional a $1 por dólar, cuando rápidamente el mercado impulsó la cotización del billete a más de $3 por unidad.

La respuesta del mercado de trabajo

La depresión económica resultante en 2002 se manifestó en sendas caídas de 10,9% en el PBI y de 27,9% en el del salario real medio registrado para los trabajadores estables (Ripte), mientras que aumento del 3,6% del total de trabajadores desempleados y 12,4% del conjunto de subocupados, que provocaron un salto de más de 52% de la población en estado de pobreza, pese a que el empleo había crecido 3,5%, al ritmo de la oferta laboral.

Entonces, tras el arrastre de más de tres años en recesión, había comenzado sobre el fin del segundo semestre de 1998, el ajuste en el flanco laboral se concentró más en el precio (derrumbe de los salarios en términos reales), que en los puestos de trabajo.

Esa característica, y el resurgimiento de un ciclo alcista de precios internacionales de las materias primas que más exporta la Argentina, posibilitó que en el término de casi 3 años la pobreza volviera al punto de partida del salto de la cantidad de personas afectadas, 14 millones, y un año después se redujera a la mitad del pico de poco más de 21,4 millones, y, a 38,3% de los habitantes.

Ahora, la depresión que provocó principalmente la irrupción de la pandemia de covid-19 que llevó a medidas preventivas de aislamiento social y a la prohibición de actividades concentradoras de población, como el turismo, esparcimiento, gastronomía, y otras que el Gobierno decretó no esenciales hasta avanzado el segundo semestre, derivó en sendas caídas del PBI, cercana a dos dígitos porcentuales, 9,9%, y del empleo 5,8%, más intensa que la oferta laboral que se contrajo 5,8%, mientras que favorecido por la política de congelamiento de tarifas, extensión de los precios máximos, controles de precios para un conjunto de bienes y servicios públicos y privados, y un régimen de tipos de cambios múltiples, más bajo para los productos importados y más alto para ahorro, el salario real de los trabajadores subió 5,7% (según la serie del Ministerio de Trabajo).

De ahí que en perspectiva la exigencia para poder reducir drásticamente el severo cuadro socioeconómico no recaerá tanto en la recuperación de los ingresos de los trabajadores, sino principalmente en la recuperación de empleos, como promedio general, aunque con un cuadro extremadamente heterogéneo, no sólo por rama de actividad, sino también en cuanto a la relación laboral, en blanco y negro, en relación de dependencia y cuentapropista, ámbito privado y la administración pública; principalmente a través de la tonificación de la oferta y demanda de empleos, la cual requiere de un escenario proempresa, de apertura de la economía y de incentivo a la inversión productiva, tanto interna, como externa.

Por ahora la ausencia de un plan explícito de gobierno, de corto y largo plazo, y con una proyección en el Presupuesto 2021 de una modesta recuperación del PBI a una tasa de 5,5% a 6,5% en el corriente año, y desacelerando a un ritmo de un punto porcentual en los dos siguientes, en contraste con las “tasas chinas” observadas entre 2003 y 2007, anticipa que el regreso a niveles de pobreza por debajo de las 15 millones y volver al rango del 30% a 32% de la población, llevará más de un quinquenio.

Las razones parecen contundentes: mientras que a fines de 2002, principios de 2003 el problema del empleo pleno afectaba a poco menos de 6 millones de trabajadores (2,9 millones que estaban desocupados y otros 2,9 millones estaban subempleados), ahora esa cifra supera los 8 millones, porque a los 2,1 millones de desempleados y 3,1 millones de subocupados, se suman la caída de la oferta laboral en más de un millón de personas por las dificultades que imponen el ASPO y DISPO al uso del transporte público de pasajeros para salir a buscar un puesto rentado y la fuerte disminución de la tasa de empleo, y otros 700 mil que aparecen ocupados pero están inactivos, por la misma limitación y la imposibilidad de desempeñar su tarea habitual desde sus hogares y otro millón que estando activo busca mejorar su posición con otro puesto.

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