
En el caótico comienzo de la pandemia y sus restricciones para la economía, el Banco Central disparó una serie de medidas para sostener al sistema financiero, la cadena de pagos y, sobre todo, a millones de empresas y familias con incertidumbre sobre sus ingresos. Un año después, las entidaes y sus clientes comienzan a enfrentarse a la post-pandemia: muchos de esos paliativos han cumplido su ciclo y fueron desactivados. Ahora, la incertidumbre cambió de lado: los bancos comenzarán a enterarse quiénes pueden devolver sus préstamos y quiénes estarán en dificultades.
El último jueves, el BCRA informó que no renovará la principal de esas medidas: la posibilidad de postergar las cuotas de los préstamos y cancelarlas recién al final del último pago. Quienes no pagaban las cuotas de su crédito hipotecario, prendario o personal desde marzo de 2020, deberán reanudar sus pagos en junio. El Central dispuso 60 días de transición, en el que los bancos podrán renegociar las condiciones del crédito con sus clientes sin que éstos sean considerados morosos.
A partir de junio, quienes no paguen sus cuotas entrarán en mora y sufrirán penalidades. “El final de esta medida va a transparentar cuál es el verdadero nivel de irregularidad que tenemos”, señalaron a Infobae en un banco de primera línea. Explicaron que en el último año la mora estuvo contenida; de hecho, entre marzo y diciembre de 2020, la irregularidad total del sistema cayó del 5,3% al 3,9 por ciento.
La principal razón para esa baja fue justamente la postergación del plazo para pagar las cuotas, que caduca el próximo miércoles. Pero en las últimas semanas, el Banco Central desarmó otros “salvavidas” que había lanzado en el comienzo de la pandemia para proteger a los endeudados ante la emergencia.

En el comienzo de la pandemia, el BCRA congeló las comisiones que los bancos cobran a sus clientes por diversos servicios; sobre el final de 2020, autorizó aumentos que empezaron a operar en febrero. También había dispuesto la gratuidad del uso de todos los cajeros automáticos: en el último año, todos los clientes pudieron retirar hasta $15.000 diarios de cualquier máquina, sin importar la entidad ni la red. Esa gratuidad finaliza en marzo; desde abril, quien use un cajero de otra institución o de otra red, deberá pagar.
Otra medida de contención fue la extensión del plazo para cobrar los cheques, prevista para sostener la cadena de pagos en momentos de persianas bajas para el comercio y las empresas. El plazo para cobrar un cheque se llevó a 60 días en lugar de los 30 habituales. Esa medida finalizó el 31 de diciembre. También corrió la misma suerte la prohibición de cerrar cuentas corrientes, que en 2020 salvó a muchos que no pudieron cubrir sus cheques a tiempo.
También finalizó otro beneficio: junto con la postergación del pago de cuotas, el BCRA había incrementado en 60 días los plazos de mora admitida para los deudores en la situación 1 (atraso en el pago menor a 31 días pasado el vencimiento), situación 2 (atraso entre 31 y 90 días) y situación 3 (atraso entre 91 y 180 días). De esa forma, quien estaba pagando un crédito tenía un margen de 60 días mayor al habitual antes de ser cambiado de categoría. A partir de junio, la clasificación de los deudores volverá a ser la de antes.
Podría sumarse a la lista el mecanismo para que los deudores en créditos UVA normalicen sus pagos, una tarea que por el impacto político que conlleva no quedó en manos del BCRA sino del Gobierno. También los cambios en el programa Ahora 12, que si bien no se anunció oficialmente, a partir de abril tendrá una modificación que beneficiará en lo financiero a los bancos: se eliminará el plazo de gracia de 90 días antes de pagar la primera cuota.
Todas estas medidas desactivadas por el BCRA estaban justificadas en la emergencia, que fue cediendo en forma paulatina a medida que la reducción de los contagios del covid-19 permitió que la actividad económica tendiera a cierta normalización. Y muchas de ellas, por supuesto, habían erosionado la rentabilidad de los bancos que, según alegan en el sector financiero, nunca es tan alta como parece. Con la inflación creciente, estimada en 45% para este año, y las tasas reguladas, los márgenes son pequeños. “Los plazos fijos al 37%, los pases al 37%, las Leliq al 38% y los plazos fijos en UVA atados a la inflación y, encima, nos cargaron con Ingresos Brutos en la Ciudad: todo reduce todavía más la rentabilidad”, explican en otra entidad.
En junio, una vez pasados los 60 días de transición, los deudores bancarios deberán empezar a cancelar sus cuotas con las condiciones de siempre, sin ayudas ni salvavidas, en un contexto económico de una reactivación todavía débil y desordenada. Muchas actividades económicas aún no salieron de la emergencia. Los bancos no están entre ellas.

Si el Gobierno aspira a que haya financiamiento para aceitar la economía en los meses previos a las elecciones, no tendrá una tarea sencilla. Una de las principales quejas entre los ejecutivos del sector financiero es tener que otorgar créditos a tasas subsidiadas (”subsidiadas por nosotros, por los bancos”, enfatizó uno de ellos ante Infobae).
Con respecto al crédito, los bancos tienen en claro dos cosas. La primera es que el BCRA no va a subir las tasas de interés hasta las elecciones, aún cuando la inflación no baje demasiado y ronde el 2 o 3% mensual hasta octubre. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, no tendrá margen político para poder hacerlo si en algún momento lo quisiera. La segunda, es que la demanda de préstamos no va a despegar en los próximos meses, aún cuando ciertos sectores de la economía puedan consolidar su recuperación. “No importa lo baja que sea la tasa, una pyme que no tiene demanda o un individuo que no sabe si va a tener trabajo, nunca se va a endeudar”, se lamentan en una entidad líder, en la que agregan que las grandes empresas “ya están muy endeudadas”.
En este contexto, lo esperable es una suba de la morosidad, lo que nunca es bueno para el sistema financiero pero tampoco es motivo de preocupación, ni para la despoblada City porteña ni para el Banco Central. Los bancos están sólidos, tienen todos sus indicadores de liquidez y solvencia aprobados con creces. Y los depósitos, sin demasiadas opciones ante el cepo cambiario para el dólar oficial y la baja de precio para el dólar “blue”, no tienen otro camino que crecer. “Estamos sólidos, aunque por las malas razones”, concluyó otro ejecutivo del sector financiero para describir que los bancos tienen muchos pesos pero la recesión y la incertidumbre hacen que no tengan a quién prestarlos.
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