El proyecto de ley que modifica el régimen de Defensa de la Competencia despertó fuertes críticas entre empresarios y abogados ligados al sector privado que aseguran que la iniciativa afectará la independencia de esa autoridad y que eliminará herramientas aprobadas en la última reforma que había tenido ese sistema, en 2018.
El 4 de febrero pasado, en el marco de la primera sesión extraordinaria llevada a cabo en el Senado, se aprobó el proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley 27.442, que había sido sancionada tres años atrás, en 2018. Ahora, el proyecto deberá ser tratado en la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley que modifica el régimen de Defensa de la Competencia despertó fuertes críticas entre empresarios y abogados ligados al sector privado.
“El proyecto elimina, sin ninguna justificación razonable, herramientas clave para detectar, investigar y sancionar conductas que resultarían aptas para restringir la competencia. Esas herramientas han sido adoptadas de manera uniforme en muchas otras jurisdicciones en las cuales la aplicación del régimen de competencia cuenta con años de desarrollo y consolidación, logrando la más efectiva protección de intereses de los consumidores”, cuestionaron desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
“Si las principales modificaciones introducidas por el proyecto son aprobadas por la Cámara de Diputados, tendrán un impacto negativo e inconsistente con el espíritu de la ley, atentando sin dudas contra la efectiva prevención de conductas que afectan la competencia y dañan a los consumidores”, agregaron.
Según afirmaron fuentes empresariales ante Infobae, las modificaciones que busca el Gobierno nacional “no sostienen el espíritu de independencia, equilibrio e imparcialidad que fueran sus principios rectores en la aprobación de la Ley desde su origen”.
En ese sentido, identificaron cinco problemas. Por un lado, la ampliación del concepto de concentración económica, “la ambigüedad de la definición propuesta en el proyecto de ley aumenta el riesgo de arbitrariedades en el accionar de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) que las definiciones concretas buscan evitar”, afirmaron.
En segundo lugar, “la derogación del artículo 29 que permitía expedir permisos para la realización de determinadas conductas enumeradas en el artículo 2, elimina una herramienta útil y además impacta en la interpretación de todo el régimen”, continuaron.
“Esto impide a las empresas en crisis y enfrentadas a una inminente quiebra, a llevar adelante concertaciones con empresas en mejor posición, lo que termina por forzar su salida del mercado y perjudica tanto a la competencia como a la economía y al empleo”, sumó la Unión Industrial Argentina (UIA).
“Además, con la derogación, las asociaciones pierden el derecho de probar que sus negociaciones no generan una distorsión perjudicial del mercado cuando exista la sospecha”, agregó la organización industrial.
Las modificaciones que busca el Gobierno nacional “no sostienen el espíritu de independencia, equilibrio e imparcialidad”, creen los empresarios.
Por otro lado, empresarios explicaron que el proyecto que tiene media sanción implicaría “demoras y obstáculos en los procedimientos de concentraciones, con el consiguiente impacto en las inversiones, derivados de la entrada en vigencia del control ex ante en sólo 90 días a partir de la publicación de la norma, junto con la eliminación de la aprobación tácita de las operaciones”.
“Las aprobaciones lentas podrían implicar un desestimulo para las operaciones comerciales, el fracaso de operaciones que deben cerrarse con celeridad y el descarte de las filiales argentinas en operaciones internacionales”, alertó la UIA.
Respecto a la conformación de la Autoridad Nacional de la Competencia, un documento que circula en las principales cámaras empresarias remarca que “la orientación hacia una designación ágil de autoridades coloca en riesgo su independencia institucional y política, conforme las exigencias constitucionales vigentes para el ejercicio de la función jurisdiccional administrativa. Estos requisitos, además, son esenciales para el correcto y transparente funcionamiento que demanda la competencia del órgano en cuestión”, apuntaron.
Sobre este punto, en las empresas aseguran que “el proyecto de ley de referencia -en sus artículos 6 y 8, modificatorios de los arts. 20 y 24 de la Ley de Defensa de la Competencia- modifica el sistema de designación de autoridades, eliminando la actual designación mediante concurso público”.
Para los empresarios, la ampliación del concepto de concentración económica que representa la ley ”aumenta el riesgo de arbitrariedades” en su aplicación.
“Celebramos que se incorporen las condiciones de igualdad, paridad de género e idoneidad para la conformación de la entidad. Sin embargo, la eliminación del concurso público de antecedentes y oposición para la designación de miembros, conforma una decisión en el sentido contrario de la independencia política y la profesionalidad técnica que esta entidad precisa tener”, dijeron.
Por último, advirtieron que “la inclusión de ciertas potestades en el artículo 31 bis y la modificación del artículo 34 resultan lesivas de la confidencialidad de las empresas y del procedimiento”, completaron.
En diálogo con Infobae, la consejera del Estudio Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen, Carolina Abdelnabe Vila, consideró que el proyecto que intenta aprobar el oficialismo “es un gran retroceso”. “Se modifican a poco de tres años una ley que fue consultada, que se evaluó, se sancionó, recién se estaba poniendo en práctica y ya se modifica. Habla mal de nosotros como país, no puede ser un ida y vuelta”, opinó.
Por otra parte, Abdelnabe Vila dijo que un cambio como el que planea el Gobierno “genera muchísima inseguridad jurídica y el régimen pierde seriedad. Uno no puede estar constantemente modificando el régimen sin darle la oportunidad de existir y genera una incertidumbre tremenda”, concluyó.
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