Las principales cámaras empresarias argentinas realizaron fuertes críticas al proyecto del Gobierno que procura modificar el impuesto a las Ganancias. Desde la Cámara Argentina de Comercio (CAC) directamente calificaron como “absurdas” las nuevas escalas, que establecen un salto en la alícuota al 35% para cualquier empresa que gane más de 2,6 millones anuales (al valor de hoy, unos 1.500 dólares por mes).
Según la entidad, que fue la primera en pronunciarse directamente sobre el tema, la consecuencia directa de proponer niveles tan reducidos en las escalas implica “un incremento de la presión tributaria en un contexto macroeconómico crítico, incluida la mayoría de las pymes”. Así lo expresó la entidad en una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
El proyecto que el Gobierno envió al Congreso vuelve a subir la alícuota de Ganancias del 30% al 35% y mantiene otro 7% por distribución de dividendos. Por lo tanto, la tasa efectiva del gravamen pasa a ser de casi el 40%, una de las más altas del mundo.
En la carta, la CAC estipuló que los valores propuestos de utilidades sujetas a impuesto para la escala son “sumamente reducidos para resultados empresarios”, del orden de los USD 14.000 al tipo de cambio y de poco más de U$S 9.000 si se considera el tipo de cambio obtenido en operaciones bursátiles para el primer tramo y del orden de los U$S 28.000 y U$S 18.000 respectivamente para el segundo. “Aun sin estar de acuerdo con la aplicación de una escala a estos sujetos, valores razonables estarían en por lo menos diez veces los adoptados”, resaltaron.
Las empresas advierten que más presión tributaria por subir el impuesto a las Ganancias de las empresas sólo generará más informalidad. Además no se alcanzará el objetivo buscado, que es compensar la baja del gravamen para los asalariados que ganan hasta $ 150.000 brutos
La UIA también planteó la preocupación por el aumento de la presión impositiva al ministro de la Producción, Matías Kulfas. En una videoconferencia los industriales plantearon también su disconformidad al funcionario, aunque éste reconoció que se trata de un tema que escapa a su órbita. En realidad, el nuevo proyecto salió de una propuesta del ministro de Economía, Martín Guzmán.
Si bien el proyecto equipara a un pequeño kiosco o un negocio de barrio con una multinacional, las cámaras empresarias creen que en realidad el impacto es muy diferente. “La mayoría de las pequeñas empresas están acostumbradas a trabajar en la informalidad, esto lo único que hará es empujarlas todavía más a esa situación. El problema es para las empresas grandes, que no pueden zafar de ninguna manera”, señalaban ayer luego de la reunión del comité directivo de la entidad. En estricto “off” un industrial caracterizaba la modificación de Ganancias propuesta como “fiscalismo progresista que carece de sentido”.
Daniel Funes de Rioja, presidente de COPAL (la cámara que agrupa a las compañías alimenticias) también hizo pública ayer su gran preocupación y adelantó que la entidad divulgará un documento crítico: “No hay ninguna duda que una medida de estas características generará más informalidad. Y se suma al aumento que se viene en ingresos brutos y en tasas municipales”.
La CAC también salió a rebatir algunas consideraciones por demás dudosas del proyecto que el Ejecutivo envío al Congreso: “Los bajos niveles de inversión y de creación de empleo no prueban per se la ineficacia de la baja impositiva sino que muy probablemente sean la consecuencia de situaciones macroeconómicas y políticas que generaron un alto grado de incertidumbre y desconfianza”.
Economía también argumentó que la suba de Ganancias para empresas tenía como objetivo contrapesar el impacto de reducir el gravamen en los asalariados, ya que el Congreso discute un nuevo “piso” de 150.000 pesos brutos.
“En cuanto al objetivo de favorecer la sostenibilidad fiscal, la CAC coincide con la importancia primordial de asegurar dicha sostenibilidad en el largo plazo como medio de evitar los recurrentes accidentes macroeconómicos que ha sufrido nuestro país y poder iniciar un proceso de desarrollo sostenido. Pero dicho objetivo no debe ser encarado a través del incremento de impuestos ante una presión impositiva que ya conspira contra ese desarrollo, sino mediante una creciente eficiencia del gasto público y su reducción progresiva”.
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