La caída del dólar y la devaluación del peso hicieron que la deuda pública bajara por segundo mes consecutivo

La Secretaría de Finanzas informó que en febrero el total de la deuda pública de la Administración Central se redujo por segundo mes consecutivo, tras nueve meses consecutivos en alza. Bajó al equivalente a USD 334.861 millones, USD 40 millones menos que en el mes anterior, pese a que se trató de un período en el que las colocaciones de bonos públicos superaron en 18% al total de vencimientos del período, política que se inició en junio 2020 y que tuvo un pico de 70% en octubre, probablemente en previsión del endurecimiento de las condiciones de mercado para responder a las necesidades de la Tesorería, y al financiamiento del plan de obras públicas en el año electoral, como las anticipadas por Infobae en material vial y de modernización de los ferrocarriles, entre otras.

“Durante febrero se llevaron a cabo dos licitaciones de instrumentos de deuda pública por los cuales se logró captar un total de $304.596 millones. De esta forma, el Tesoro Nacional obtuvo financiamiento neto positivo por un total de $43.248 millones, equivalente a un refinanciamiento de deuda del 117%. Así, por octavo mes consecutivo el Tesoro obtuvo fondos por encima de los vencimientos acumulados del mes, informó el Ministerio de Economía. Ese excedente implica un aumento de la deuda neta de la Administración Central, al menos en moneda nacional.

La Secretaría de Finanzas destacó que su propósito para el corriente año es “seguir profundizando el desarrollo del mercado local, para ello se busca ampliar las opciones de instrumentos disponibles en moneda nacional. En este sentido, se emitió un nuevo bono a Tasa Variable Badlar (TB23) con vencimiento en febrero de 2023. Esta emisión permitió colocar $31.321 millones a una TNA (tasa nominal anual) del 39,35% y es un instrumento que permite tener una curva de referencia más amplia para emisiones provinciales y corporativas”.

Junto con la colocación del Bonar TB23 y la emisión del bono Ajustable por CER T2X4 con vencimiento en julio de 2024, el Tesoro Nacional logró extender los plazos de vencimientos de bonos y letras a 19 meses, más que duplicando el plazo de colocación de enero.

Cómo es habitual en el informe oficial, se omitió desagregar la composición de los principales tomadores de deuda neta de la Administración Central. Fuentes del mercado estiman que mantienen un rol destacado las compras por parte de instituciones oficiales, como la Anses, y en menor medida los bancos públicos, compañías de seguros y Fondos Comunes de Inversión.

Sin embargo, pese a que el monto total de las operaciones de financiamiento de la Administración Central sumó USD 4.179 millones, a lo que se agregaron USD 370 millones por el ajuste por inflación de los bonos ajustables por CER, superaron al total de vencimientos del mes de USD 3.570 millones en el equivalente a USD 980 millones. El saldo final de febrero fue inferior al de enero en USD 40 millones.

Semejante “licuación” de USD 1.020 millones, obedeció al efecto a las “diferencia de cambio y ajustes de valuación”, dado que, del total de los compromisos, prácticamente 3 de cada 4 dólares están nominados en moneda extranjera, principalmente en la divisa norteamericana, y en menor medida en la monda del FMI (DEG) y euros.

Resultado en 15 meses de gobierno

Desde el inicio de la presidencia de Alberto Fernández la deuda pública bruta se elevó en el equivalente a USD 21.562 millones, principalmente por efecto del financiamiento de parte del déficit fiscal del período, y las previsiones de necesidades de caja para encarar los programas iniciales de obras públicas previsto en el Presupuesto.

Si se excluye el efecto de los adelantos extraordinarios y transitorios del Banco Central, porque tienen como contrapartida un “activo” en la entidad monetaria, el aumento neto se atenúa a USD 16.930 millones.

Del total del incremento de los compromisos asumidos por el Gobierno actual USD 16.965 millones correspondieron a compromisos de largo plazo, principalmente a través de la emisión de títulos públicos, dado que canceló Letras del Tesoro, y USD 4.597 millones a obligaciones que vencen dentro del año.

Y así como se observó en febrero, en el acumulado de los 15 meses de gestión, la emisión de deuda superó largamente a los vencimientos del período; USD 31.685 millones, pero el resultado final se vio atenuado en poco más de USD 10.100 millones, por efecto de la caída del dólar en los mercados internacionales, principalmente.

Perspectivas

Las crecientes necesidades de caja del sector público nacional, derivado principalmente de la sobreestimación del temprano fin de la crisis sanitaria, y consecuente subestimación en el Presupuesto 2021 de las partidas asistenciales vinculadas con el covid-19, -más allá de que la recaudación de impuestos ha venido creciendo por sobre la tasa de inflación- no sólo se manifestaron en el aumento de la colocación neta de deuda pública en los últimos nueves meses, sino también en otras dos áreas:

1) La reaparición de los Adelantos Transitorios del Banco Central de la República Argentina. La Secretaría de Hacienda interrumpió el proceso cancelación parcial de los que hizo entre el 9 y 30 de octubre últimos, por un total de $125.800 millones; y decidió acudir a esa asistencia el 5 de marzo por $70.000 millones, según informó la entidad que preside Miguel Pesce; y es probable que comience también a girar anticipos de utilidades contables del corriente año, el último fue el 18 de diciembre pasado por $54.982 millones; y

2) El paquete de cambios tributarios busca un saldo neto positivo para las arcas de la Tesorería, al punto que en el caso del Impuesto a la Riqueza, para lograr la meta fijada, la AFIP habilitó la posibilidad de pago en cuotas; se reglamentó un nuevo blanqueo de capitales, a cuatro años del anterior, por ahora focalizado en los desarrollos inmobiliarios; y también los cambios que se debaten en Ganancias están orientados en lograr un excedente neto, porque se propone mayor presión sobre las medianas y grandes empresas con la suba a la alícuota máxima, y a partir de un monto muy pequeño, apenas equivalente a USD 1.500 por mes, para poder compensar el alivio buscado a las pyme, trabajadores, y jubilados, con menores tasas y suba del mínimo imponible.

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