El Gobierno nacional iniciará hoy las audiencias públicas para definir el costo del precio del gas a boca de pozo y cuántos subsidios deberá destinar al sector, así como la actualización del transporte y la distribución de ese insumo mediante un cuadro tarifario de transición que buscará descongelar los valores de ese servicio después de dos años.
La primera de las audiencias convocada por la Secretaría de Energía se desarrollará de manera virtual hoy lunes a las 10, y que con 42 oradores inscriptos será presidida por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, y moderada por la asesora legal de esa cartera, Verónica Tito.
La segunda etapa de la revisión tarifaria se realizará el martes, a partir de las 9, en este caso convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), en la que se analizará la evolución de las tarifas que se le reconocerán a las dos empresas de transporte de gas y a las 9 distribuidoras que abarcan todo el país.
Las facturas de gas que reciben los usuarios se componen de cuatro variables: el precio del gas, el transporte, la distribución y los impuestos (nacionales, provinciales y tasas municipales).
En la primera audiencia el eje estará puesto sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema (Pist) que representa aproximadamente el 40% de la factura, y el porcentaje de ese costo que el Estado nacional asumirá mediante subsidios y lo que deberán afrontar los usuarios, en el marco del Plan de Promoción del Gas Natural Argentino 2020-2024.
Tras la presentación de la Secretaría de Energía y de las empresas productoras de gas natural, la audiencia dará un espacio de 10 minutos a cada uno de los oradores inscriptos para que puedan exponer sus puntos de vista. Entre los expositores inscriptos se encuentran legisladores nacionales, representantes de las defensorías del Pueblo de la Nación, de la Ciudad de Buenos y de la Provincia de Buenos Aires, asociaciones de defensa del consumidor, así como directivos de entidades empresariales y de organizaciones no gubernamentales.
La realización de las audiencias públicas -si bien son obligatorias- tienen un carácter no vinculante, por esa razón no son mandatorias para el Poder Ejecutivo a la hora de decidir cómo serían las actualizaciones tarifarias.
El costo del gas: una pelea por 56.000 millones de pesos
Un informe técnico de la Secretaría de Energía destacó hace algunos días que el Estado nacional tiene a su cargo el 60% del costo total del gas natural necesario para satisfacer la demanda prioritaria, lo que en 2021 demandaría un costo fiscal de $132.963 millones.
Para mantener la partida presupuestaria de subsidios estables este año en relación al 2020, tal como afirmó que busca hacer el ministro de Economía Martín Guzmán, debería haber una adecuación tarifaria del orden de entre el 26 y el 35% para las tarifas residenciales de gas para los meses de marzo a julio.
Pero si el aumento no pudiera tener lugar, entonces el Estado debería recalcular sus gastos en subsidios. El “bache” que debería cubrir el Tesoro con nuevos fondos para subsidios sería de $56.087 millones, que se suman a los casi $77.000 millones actualmente presupuestados.
La realización de las audiencias públicas -si bien son obligatorias- tienen un carácter no vinculante, por esa razón no son mandatorias para el Poder Ejecutivo a la hora de decidir cómo serían las actualizaciones tarifarias.
El jefe del Palacio de Hacienda busca hacer un equilibrio entre las restricciones presupuestarias y el impacto que pueda tener en la economía de los hogares y en las empresas un ajuste en el costo de los servicios públicos. Desde un punto de vista teórico, el ministro explicó hace algunas semanas por qué no sería prudente forzar a un aumento en las partidas para subsidios.
“Que el Estado nos subsidie a nosotros buena parte de la tarifa significa que se paga de alguna forma, con impuestos, o tomando deuda y eso termina siempre con algún problema, o hay que emitir. Parte de esa emisión termina presionando sobre el tipo de cambio”, dijo Guzmán. Las tarifas forman parte del plan a cuatro puntas que el ministro piensa para evitar una aceleración inflacionaria este año, junto a la política fiscal, el tipo de cambio y los acuerdos de precios para alinear expectativas.
Tras la primera audiencia de hoy, la segunda etapa de esta revisión tarifaria que comenzará el martes tendrá alrededor de 200 oradores, quienes podrán analizar las propuestas que las distribuidoras de gas natural presentaron al Enargas para la actualización tarifaria en las que plantearon un ajuste del componente de distribución considerando el algoritmo de cálculo del índice de precios internos al por mayor (IPIM), para el período de abril de 2019 y febrero de 2021.
Las facturas de gas que reciben los usuarios se componen de cuatro variables: el precio del gas, el transporte, la distribución y los impuestos (nacionales, provinciales y tasas municipales).
La propuesta de las empresas distribuidoras, que tienen los mismos cuadros tarifarios desde abril de 2019, incluyen aumentos en el costo fijo y en el costo por metro cúbico del gas (variable según el consumo). En el caso de Metrogas, la principal distribuidora de gas natural con aproximadamente 2,3 millones de usuarios, se presentaron dos propuestas.
Una donde el aumento en el costo fijo y el costo variable es de 148%, que es lo que correspondería por la revisión tarifaria (RTI) vigente que contempla un mecanismo de ajuste semestral de acuerdo al Indice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). Y otra alternativa, con una propuesta “de transición”, que contempla subas de 58 por ciento. El impacto en las facturas, podría ser de entre 7% y 9%.
Si el Gobierno no aumentara las tarifas debería recalcular sus gastos en subsidios. El “bache” que debería cubrir el Tesoro con nuevos fondos para subsidios sería de $56.087 millones, que se suman a los casi $77.000 millones actualmente presupuestados.
En tanto, Naturgy BAN, otra de las principales empresas distribuidoras, solicitó al Enargas la recuperación de todo lo pendiente desde abril de 2019 que es —aproximadamente— un 128% más. Sin embargo, como tarifa transitoria “a cuenta”, la compañía propuso un incremento del 51%, lo que impactaría en la factura final de los clientes en alrededor de un 15% de incremento, en promedio, según detallaron.
Las distribuidoras que participarán de la audiencia pública y que presentaron sus requerimientos son, además de Metrogas y Naturgy BAN, Gasnea, Redengas; Gasnor, Gas del Centro, Gas Cuyana, Litoral, Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur. Lo propio hicieron las empresas Transportadora Gas del Sur (TGS) y Transportadora Gas del Norte (TGN), quienes elevaron pedidos de incrementos de hasta el 58%, con un impacto sensiblemente menor en la factura final de acuerdo a su ponderación.
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