En su denuncia contra la gestión de Macri por el crédito del FMI, el Gobierno lo acusó hasta de violar la ley del traductor público

La denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción de la Presidencia de la Nación, a cargo de Félix Crous, en el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti, es un extenso alegato según el cual el crédito que la Argentina contrajo en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, con el Fondo Monetario Internacional, fue la culminación de una larga serie de medidas adoptadas prácticamente desde que Macri asumió el gobierno, el 10 de diciembre de 2015.

La denuncia, que el presidente Alberto Fernández había adelantado en su discurso del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa, se sumó a una ya existente, iniciada en 2019 por el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno y caratulada como “Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”.

La presentación de la OA abarca, además de a Macri, en su carácter de presidente, a Nicolás Dujovne, por su rol de ministro de Hacienda; Luis Caputo, primero como ministro de Finanzas y luego presidente del BCRA y a los también extitulares del Central Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris. Todos ellos, dice la presentación “tenían a su cargo la administración de bienes e intereses pecuniarios ajenos”.

Los cargos son por incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y defraudación en la administración. En el primer caso, el punto de incumplimientos o violaciones legales abarca el no haber traducido al español, por traductor público, algunos documentos relativos al acuerdo.

Impugnación a la política económica

Aunque el documento rebosa de consideraciones legales y se apoya en informes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y el Banco Central (BCRA) del cual –dice- “surgen elementos elementos suficientes para sospechar que configuran varios delitos de acción pública”, sus 30 páginas son una total impugnación de la política económica del período 2015-2019 y, en varios pasajes, un elogio a la política de “desendeudamiento” del período 2002-2015.

El núcleo de la denuncia es el crédito del FMI (sabemos que ese crédito fue otorgado para favorecer la campaña presidencial de Mauricio Macri …. fue una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado” había dicho Fernández en el Congreso), pero la presentación firmada por Crous describe una “conducta delictiva” que enmarca “en el contexto de una política económica, monetaria y financiera que permitió generar ganancias extraordinarias mediante la colocación de letras en moneda nacional, de corto vencimiento, que pagaban una elevadísima tasa de interés, lo que atrajo cuantiosas inversiones especulativas de residentes y no residentes, que vendían la divisa norteamericana en la plaza local para hacerse de los pesos para acceder a dichos títulos, y así obtener enormes ganancias con el diferencial de la tasa (carry trade)”.

La denuncia describe ese proceso como “otro capítulo del proceso de valorización financiera en el que recayó nuestro país, pero que fue el antecedente inmediato y concatenado con los hechos sucesivos que constituyen delitos penales”.

Bajo el título “Los antecedentes y el comienzo de la maniobra”, el documento se remonta al 16 de diciembre de 2015 (cuando el entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, eliminó el encaje para el ingreso de divisas y redujo a 120 días el plazo de estadía mínima para el ingreso y salida de capitales) y el 17 de diciembre del mismo año (cuando el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, eliminó el sistema de interconsulta y conformidad previa de la AFIP para operaciones por montos inferiores a los USD 2 millones) como medidas iniciales de una concatenada acción criminal. Según la OA, “el plan comenzó con la gran devaluación de 2016 y el concomitante reinicio del ciclo de endeudamiento externo nacional”.

Lebacs

Tras la enumeración de una serie de medidas de liberalización financiera por parte de Economía y el BCRA, la denuncia de la Oficina afirma que “así nacieron las Lebacs, que bajo el velo de constituir instrumentos de regulación monetaria, fueron verdaderas herramientas de especulación financiera”.

En rigor, las Lebacs nacieron a principios de 2002, cuando el BCRA era presidido por Mario Blejer, que ofreció esos títulos, inicialmente a una tasa superior al 100% anual, para derrotar con la “avaricia” el “miedo” de los tenedores de pesos que hasta entonces apostaban a una constante suba del dólar. De hecho, la denuncia de Crous se vuelve contra la política económica de las gestiones kirchneristas; los propios balances semanales del BCRA precisan que entre el 23 de mayo de 2003 (dos días antes de la asunción presidencial de Néstor Kirchner) y el 7 de diciembre de 2015 (último balance semanal del Central durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner) el stock de deuda emitida por el BCRA en pesos aumentó 7.248%, el stock de deuda en dólares un 2.935% y el stock total en 6.734%. La mayor parte de esos títulos fueron, precisamente, Lebacs.

Según la OA, “el ingreso de capitales sobrecargó la utilización de los instrumentos de deuda del Banco Central”. Al respecto, precisa que “en junio de 2018 el stock de Lebacs trepaba a la friolera de 1,2 billones de pesos”. Cabe recordar que el stock del stock de pasivos remunerados del Central (Leliqs, el instrumento con el que fueron reemplazas las Lebac, y Pases) superó el 2 de marzo pasado los 3 billones de pesos e implica un pago en concepto de intereses de $ 1,3 billones en los próximos 12 meses, un monto por sí solo superior al stock denunciado como una “friolera”

El documento contrasta los volúmenes de “fuga de capitales” de los períodos kirchnerista y macrista para afirmar que “los imputados ejecutaron un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional, quien en los próximos años deberá afrontar el pago de enormes cuotas del capital y sus intereses, circunstancia que implicó una transferencia extraordinaria, indebida y fraudulenta de activos desde el sector público hacia una parte del sector privado”.

Esa situación, explica, llevó a que a principios de 2018, “sin crédito internacional y en virtual default, el proceso diagramado y ejecutado por los imputados lejos de detenerse se aceleró, incrementando en modo tal la demanda de divisas que para sostener el mecanismo diseñado se solicitó un préstamo al FMI, organismo con el cual nuestro país se había desendeudado pocos años atrás”.

Lo que no se hizo

La denuncia hace incluso supuestos contrafácticos e hipótesis de política económica y señala que “no se recurrió al canje compulsivo de títulos ni al control cambiario (al que tantas veces se echó mano en perjuicio de los pequeños ahorristas nacionales) sino hasta que, en las postrimerías del gobierno, las ganancias, su dolarización y la fuga estuvieron garantizadas para los especuladores”.

El documento sugiere también complicidad delictiva del FMI al afirmar que aprobó un crédito “en tiempo récord” y citar en otro pasaje declaraciones del entonces representante de EEUU en el organismo y actual presidente del BID, Mauricio Claver Carone (al que cita como “Clever”) sobre las razones políticas del crédito y la “ceguera voluntaria” del Fondo, al que se resguarda por muy poco de acusar criminalmente.

Al respecto, la denuncia señala: “la decisión de suscribir con urgencia y a como diera lugar el mayor empréstito otorgado por el FMI en su historia —con la correspondiente complacencia de éste tanto en la concesión como en la supervisión de su cumplimiento, lo que no corresponde ni es factible juzgar aquí—, se expresó en la violación de las normas imperativas para el trámite de la motivación de la decisión”.

Para investigar las alegadas maniobras delictivas la OA señala que es necesario conocer “tanto el listado completo de las personas físicas y jurídicas beneficiadas por la maniobra ilícita, así como determinar el tipo de vinculación que pudieran mantener con los funcionarios denunciados”. De los compradores de dólares dice que se trató de un “puñado apretado de beneficiarios”, un “universo hiperconcentrado” que “accedió a la divisa norteamericana en el pequeño mercado cambiario local” e instruye a la jueza Capuchetti “que solicite al BCRA qué fondos institucionales, personas juridicas y fisicas desarmaron sus posiciones en letras en pesos desde 60 días antes del anuncio del acuerdo con el FMI, hasta la reinstalación de las medidas de control cambiario que limitaron severamente la compra de dólares estadounidenses”.

El documento presenta un cuadro con rangos de compradores de dólares y destaca que “si se considera únicamente el 1% de personas humanas con mayores compras netas, tan sólo 66.639 personas demandaron USD 16.206 millones en concepto de formación de activos externos (la usualmente llamada “fuga de capitales”) lo que representa el 22% del total” y remite a un informe del BCRA.

De vuelta, los datos son llamativos: implican una compra promedio de USD 181.166 por persona en el Top 1% de la población, alta para un ciudadano promedio, pero lejos de ser una cifra escandalosa. De todos modos, Crous parece guardarse una carta en la manga pues afirma que “la persona humana que más dólares compró en el período de referencia realizó operaciones por la exuberante suma de USD 40,5 millones”, que probablemente el BCRA esté dispuesta a identificar si la jueza lo pide.

Los cargos que la Oficina Anticorrupción finalmente presenta contra Macri, Dujovne, Caputo, Sturzenegger y Sandleris son los siguientes:

-Incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, en función de una larga ristra de alegadas violaciones o incumplimientos legales, desde no someter el crédito a la aprobación del Congreso (al respecto, el documento cita el artículo 75, inciso 4 de la Constitución Nacional según el cual corresponde al Congreso “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y el inciso 7 según el cual el Poder Legislativo es el encargado de " arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación), incumplimiento de la ley permanente del Presupuesto, de la de Procedimientos Administrativos, de la Administración Financiera e incluso de la “ley de traductores públicos”, por no traducir al español y por traductor público algunos documentos relativos al crédito.

-Malversación de caudales públicos, por incumplimiento por parte de los funcionarios de algunas de las condiciones, por caso directivas sobre la “flotación” del tipo de cambio y no imposición de medidas de control cambiario

-Defraudacion por administracion infiel, cargo que –precisa el documento incluye penas de hasta seis años de prisión. “Queda claro –dice allí la OA- que Mauricio Macri en su carácter de Presidente de la Nación; Nicolás Dujovne, en su rol de Ministro de Hacienda; Luis Andrés Caputo en su doble carácter de Ministro de Finanzas y Presidente del Banco Central; y finalmente Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris como Presidentes del Banco Central de la República Argentina, tenían a su cargo la administración de bienes e intereses pecuniarios ajenos.

En sus “consideraciones finales” el documento reseña “que se fueron enlazando conductas que constituyen delitos contra el patrimonio público y la administración pública” y una serie de “omisiones” que evitaran recurrir al crédito del FMI “en virtud de su clara insustentabilidad, o al menos dificultarlo y demorarlo hasta poner en riesgo la consumación del carry trade”.

Según Crous, “las omisiones y violaciones a sus deberes de los funcionarios fueron las formas mediante las cuales se materializó parte del fraude”, por lo que denuncia “falsedad” y “potencial delictivo” al contenido de las “Cartas de Intención” firmadas por el gobierno de Macri con el Fondo, a fin “de asegurar las ganancias de la maniobra de especulación financiera”.

Tan segura está la OA de la acusación que asegura a la jueza Capuchetti que “el resultado final de la maniobra, el fraude a los intereses de la Nación, quedará cabalmente expuesto cuando la instrucción reciba del Banco Central de la República Argentina la identificación de las personas humanas y jurídicas y el detalle de los montos que obtuvieron como rendimientos en la licitación de letras, y se las compare con el listado de los “grandes jugadores” en materia de formación de activos externos (fuga de capitales”.

La “administración fraudulenta”, recuerda sobre el final el documento " es un delito doloso, cuyo tipo legal contiene un requisito subjetivo alternativo, pues el sujeto activo debe actuar con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño”.

La denuncia:

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