Alivio en Ganancias, subsidios en tarifas y otros gastos: para cuánto alcanzan los dólares extra de la soja

Aunque técnicamente proviene de la tierra, la suba del precio de la soja es un regalo del cielo para el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien además de afrontar la escasez de dólares en el mercado de cambios también debe lidiar con el ajuste de las cuentas fiscales y a la vez ceder ante reclamos políticos de mayores gastos a los previstos, en un año marcado por el calendario electoral.

En ese contexto, los ingresos adicionales que aportará el campo tanto en liquidación de divisas, que contribuyen a mantener la calma cambiaria, como en recursos fiscales por vía de las retenciones otorgan a Guzmán un margen de maniobra excepcional a la hora de afrontar esos gastos no previstos hasta hace menos de seis meses, cuando se aprobó el Presupuesto de ese año.

Uno de esos gastos, costoso por cierto, es el proyecto para modificar la aplicación del impuesto a las Ganancias, del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que se empieza a debatir hoy. Otro, la suba de tarifas de los servicios públicos, muy por debajo de lo estimado por el ministro, lo que abultará la cuenta en subsidios. Ambas decisiones insumirían, de acuerdo a cifras preliminares, más de $100.000 millones, una cifra no contemplada en los planes de Economía hasta hace pocas semanas. La pregunta que se plantea es cuánto más puede el Gobierno aumentar el gasto más allá de lo estimado inicialmente gracias a esos recursos extraordinarios. Esto, claro, sin modificar el principal supuesto macroeconómico para este año: un déficit primario de 4,5%. En otras palabras ¿cuánto se puede estirar Guzmán gracias al plus que aporta la soja por encima de los USD 500 la tonelada?

La respuesta es que Guzmán se puede estirar bastante. Tanto que, sin el contexto de elecciones legislativas que impulsa nuevos gastos, los dólares extra de la soja permitirán reducir casi un punto el desequilibrio fiscal. Y, por lo tanto, también disminuir la emisión monetaria para financiar al Tesoro, lo que quitaría presión sobre los precios.

De acuerdo a un cálculo de la consultora Analytica, los recursos fiscales adicionales podrían superar los $ 350.000 millones, de mantenerse los precios internacionales en el nivel actual, lo que es equivalente a 0,9 puntos de PBI. En términos de flujo de divisas en el mercado cambiario, el volumen adicional alcanzaría unos USD 5.600 millones. Esa cifra podría resultar conservadora ya que otra consultora, Invecq, calculó hace pocos días que podría llegar a los USD 10.000 millones el flujo de dólares del agro por encima de 2020.

En cualquier caso, con la mira puesta en las cuentas públicas, el Gobierno cuenta ahora con una chequera ampliada, de la que parece haber empezado a gastar a cuenta.

Por caso, las últimas modificaciones al proyecto de Massa para subir el piso de Ganancias a $150.000 mensuales brutos, que lo hacen retroactivo a enero y exceptúan del tributo al aguinaldo, tendrá un costo de $10.000 millones más sobre los $ 40.000 millones de costo fiscal proyectado cuando se anunció el proyecto el mes pasado. Y se sabe ya que habrá más modificaciones, por ejemplo sobre horas extras y viáticos, que incrementarán la cuenta. El cálculo final se cerrará cuando se avance, según lo prometido, también con beneficios para autónomos.

En otra columna figurará el mayor gasto en concepto de subsidios a las tarifas de gas y luz. Un informe reciente de la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía, destaca que de mantenerse el congelamiento de tarifas sólo para el precio del gas, el nivel de subsidios totalizaría unos $132.963 millones, $56.000 millones más que lo calculado en el Presupuesto. Esto sin contemplar los tramos de transporte y distribución que, a falta de un ajuste de tarifas que compense la inflación tal como previó Guzmán, deberán recibir también asistencia del Tesoro.

En cualquier caso, la mayor complejidad -o al menos la más cara- se encuentra en los subsidios a la electricidad. En ese renglón, el subsidio contemplado para este año por el ministro de Economía asciende a los $446.579 millones, lo que presupone un aumento de la tarifa tal que los usuarios afronten a partir de 2021 el 43% del costo. Sin embargo, se sabe, esos números están siendo revisados en un intenso debate interno y se descuenta que el ajuste de las tarifas será menor y el gasto en subsidios mayor. La soja, en principio, lo haría posible.

Claro que además de Ganancias y tarifas, durante los próximos meses pueden surgir otros gastos no contemplados, motivados tanto por la política como por las necesidad de sostener la economía en el marco de la pandemia. Ocurre que, tal como se aprobó en noviembre, el Presupuesto no prevé partidas especiales para asistencia por Covid-19 como la que se otorgó el año pasado (ATP e IFE, esencialmente) e, incluso, reduce el gasto en salud. Ante la incertidumbre respecto de la llegada de la segunda ola de contagios, ambas categorías podrían sufrir modificaciones contundentes.

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