El Gobierno ante el desafío del gas: aumentar en $ 56.087 millones los subsidios o subir entre 26 y 35% las tarifas a usuarios de bajo consumo

Según un informe de la secretaría de Energía, mantener las actuales tarifas de gas, de las cuales el Estado absorbe en promedio el 60% del costo y los usuarios el 40%, requeriría este año subsidios de $ 132.963 millones, unos $ 56.087 millones más de los asignados en el Presupuesto 2021, piedra angular del plan del ministro Martín Guzmán para “tranquilizar” la economía y bajar la inflación al 29% anual.

Las cifras están incluidas en el documento técnico de convocatoria a las audiencias públicas de Gas que se realizarán el lunes 15 y el martes 16 de marzo y resumen el dilema que se le presenta a Guzmán. Si se quiere mantener las actuales partidas presupuestarias, dice el informe, el “componente” gas de la tarifa debería “corregirse” y eso se traduciría en una “adecuación tarifaria” (léase, aumentos) de 26 y 35% respectivamente para los meses de marzo y julio, mes este último para el que el informe prevé un fuerte aumento de la importación de gas de Bolivia y de Gas Natural Licuado (GNL).

En rigor, ese cálculo de aumento es para usuarios de bajo consumo (categoría R31, de 1.001 a 1.250 metros cúbicos por año), por lo que el aumento para consumos por encima de ese rango debería ser más alto. Según los cálculos de Energía, la producción local de gas alcanzará a cubrir el 82% de la demanda promedio del año, pero en los meses de mayor a septiembre un 26% del gas deberá importarse, la mayor parte en forma de GNL, asumiendo el transporte por costosos buques metaneros y el también oneroso alquiler de dos buques de regasificación flotante para operar en los puertos de Bahía Blanca y Escobar.

Según las estimaciones oficiales, de mayo a septiembre deberán importarse algo más de 5.800 millones de metros cúbicos de gas, aproximadamente un tercio de ese total proveniente de Bolivia y el resto por barco. El informe asume un monto de subsidios a cubrir por IEASA (la ex Enarsa, encargada de las importaciones) de $ 21.230 millones para pagar tanto el gas de Bolivia como el GNL.

La misma piedra

El gobierno enfrenta así, a poco andar, un problema que los gobiernos kirchneristas habían afrontado recién a partir de 2008, cuando se alquiló el primer buque regasificador que se instaló en el puerto de Bahía Blanca. El entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, había dicho que sería por ese solo invierno, pero el sistema de regasificación en puerto no solo se mantuvo (hasta 2018), sino que incluso se amplió contratando un segundo barco de regasificación, para operar en Escobar.

El informe estima el costo total del Gas necesario para abastecer la técnicamente llamada “demanda prioritaria” en USD 2.059 millones. El 60% de ese costo absorbido por parte del Estado equivale a USD 1.235 millones, que estimados a un promedio de $ 107 por dólar a lo largo del año resultan en los $ 132.963 millones en subsidios que estima el informe.

Pero el contexto internacional podría complicar más esos planes. El año pasado el precio promedio del GNL fue de 2,91 dólares por millón de BTU, en lo que fue una baja histórica. Para este año el gobierno estimó que el valor será de hasta 7,25 dólares, cifra que según algunos expertos podría estar hasta 30% por arriba. A eso debe sumarse el mayor volumen a importar y el costo extra de regasificación, con lo que, por ejemplo, sólo la importación de gas por barco podría insumir entre 3 y 4 y veces más que los USD 247,8 millones que cita el informe oficial. En el límite superior, serían cerca de USD 1.000 millones sólo en importación de GNL (Cuadro).

El tironeo entre tarifas y subsidios ya está causando choques internos en el gobierno. Mientras Guzmán quiere acotarlos, para reducir el déficit fiscal y la necesidad de financiamiento vía emisión monetaria del Banco Central, el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, declaró en una entrevista publicada este sábado en el diario Perfil que “no es objetivo de la política energética que el déficit fiscal sea el menor posible o que haya superávit fiscal” e insistió con el concepto de tarifas “justas y razonables”. El problema es que gran parte del gas es importado y depende del precio internacional.

Evolución reciente

El “Informe anual sobre la producción de Hidrocarburos” del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, firmado por el economista energético Julián Rojo, precisa que el año pasado la producción local de Gas cayó 8,6%, “la tasa de disminución más elevada de la década”. El volumen producido fue incluso 4,3% inferior al del año 2010. El informe recuerda que la producción de Gas Natural cayó sistemáticamente hasta 2014, en que se inició una recuperación que se mantuvo hasta 2019, “formando una “V” en la serie de producción”. Esa recuperación se interrumpió al año “debido principalmente a los efectos de la pandemia del Covid-19″, dice el informe, pero todavía no hay una señal concreta de que se vaya a revertir. De hecho, en enero 2021, primer mes de vigencia del “Plan Gas” del gobierno, la producción fue casi 11% inferior a igual mes de 2020.

Un gráfico del informe muestra que la producción de gas “no convencional” (tight y shale) es cada vez más importante, debido al desarrollo de Vaca Muerta, pero no alcanza todavía para que la Argentina alcance la “soberanía hidrocarburífera”, el concepto con el que, en 2012, el segundo gobierno de Cristina Kirchner expropió acciones de Repsol para lograr la mayoría accionaria del Estado en YPF. Una acción por la que, según la prensa española, “Repsol debería erigir un monumento a Cristina Kirchner”.

Las audiencias del Gas tendrán lugar el lunes 15 y el martes 16 de marzo. El primer día se tratará el precio del Gas Natural “en boca de pozo” y el porcentaje de ese costo que absorberá el Estado, en forma de subsidios, para atenuar el impacto sobre el precio a los usuarios finales (residenciales, industriales y comerciales). En la segunda jornada se analizarán los costos transporte y los de operación de las distribuidoras de gas natural que cubren todo el país, reguladas por el Enargas, esto es, del interventor Federico Bernal, cercano al Instituto Patria, el mismo que acaba de señalar que no es su tarea “hacer que el déficit fiscal sea el menor posible”.

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