
En medio de una fuerte volatilidad y de un creciente escepticismo de los inversores sobre la economía argentina, el Gobierno apuesta a que la tendencia de acumulación de reservas internacionales en el Banco Central se consolide para apuntalar la tranquilidad financiera y la recuperación del nivel de actividad.
Calificadas fuentes oficiales indicaron a Infobae que, con la brecha estable, apuestan a que se pueda transitar el año electoral sin mayores turbulencias y buenos indicadores tras la fuerte recesión del 2020 por la combinación de la pandemia y la larga cuarentena.
El “ancla” será la acumulación de reservas en lugar del esperado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), además del atraso cambiario, luego del discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa que sepultó las expectativas del ministro Martín Guzmán de firmarlo antes de mayo, es decir, antes del vencimiento del país con el Club de París.
Con el discurso de barricada del jefe del Estado no se cortaron las discusiones con el staff del Fondo, pero la posibilidad de una definición de corto plazo quedó desechada ante el año electoral.
Las fuentes indicaron que esto no implica que no se pueda negociar una postergación del vencimiento de USD 2200 millones con el Club, ya que, a diferencia del Fondo, la agrupación de acreedores oficiales no tiene estatutos ni reglas demasiado estrictas y “allí la rosca política es más importante que la negociación técnica”. En este sentido, destacaron tanto el diálogo del presidente con varios de sus pares del G7 como el viaje que haría Guzmán este mes para hablar sobre esta cuestión a Estados Unidos y Europa.

De todos modos, una postergación no es algo que desvele al Gobierno, con el antecedente de que por varios años cuando la Argentina estuvo en default no le pagó al Club y con el contexto que aparecen pocas chances de que surja alguna inversión apalancada por el crédito oficial de esos países acreedores.
En cambio, habrá que ver qué hace el país con los vencimientos de capital con el FMI de septiembre y diciembre de este año, que suman unos 3700 millones de dólares. Como faltan seis meses, es un tema que está completamente fuera del foco de las autoridades políticas, mientras que los técnicos creen que, si hay reservas suficientes, el Gobierno pagará, al igual que lo hizo siempre con el Fondo, al punto tal que en 2006 le pagó la deuda que tenía al contado para alegría de Washington.
¿Podrá contar para entonces con la asistencia de los derechos especiales de giro (DEGs) que los países del G20 y la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, se comprometieron a aumentar y repartir?
Depende de muchos factores políticos y administrativos, pero por ahora en Washington aclararon que la nueva emisión de los DEGs ni siquiera fue considerada por el Board of Governors (la más alta instancia del FMI, que integran los ministros y presidentes de Bancos Centrales de cada país). Por lo tanto, no se habló todavía de fechas ni de montos, aunque si se calculara lo que ocurrió con la emisión del 2009, a la Argentina le correspondería entre 3300 millones y 3500 millones de dólares.
Pero desde el momento que el board se reúna, se apruebe y se ponga en marcha, pueden pasar entre tres y cinco meses, por lo que el dinero, con buena suerte, estaría más cerca de fin de año que en el primer semestre.
Mientras tanto, Economía ya sabe lo que el staff del FMI piensa sobre la situación local, con un diagnóstico de preocupación por los grandes desequilibrios macroeconómicos, que el ministro ya le transmitió al presidente. Ante estas diferencias, el presidente decidió postergar el avance de la negociación y avanzar con la denuncia política respecto del crédito firmado por su predecesor, Mauricio Macri en 2018.
Piloto automático
Por la la falta de una “auditoría” del FMI -que, de todos modos, tarde o temprano deberá firmarse para postergar el pago de los USD 44.000 millones que vencen entre este año y 2023- el mercado profundizó su escepticismo sobre los activos argentinos. “Nadie quiere tradear un activo argentino”, se lamentó un ejecutivo local de buenos contactos tanto con el mercado como con el Gobierno.
“La Argentina terminó de desaparecer del radar”, acotó el manager de un fondo de inversión desde Manhattan. “Si el panorama ya era complejo, el discurso del presidente lo terminó de definir: todos temen que el Gobierno vaya por más stocks de capital privado para hacer populismo electoral y en este contexto no hay piso para los activos argentinos: lo que hoy parece barato, puede ser caro dentro de unos meses. Por eso nadie quiere entrar, aun con precios regalados”, detalló.

Es que, a muchos inversores, paradójicamente, esta estrategia les hace recordar a una situación que a priori podría parecer bastante diferente: la gestión del ex ministro Roque Fernández, cuando se popularizó la expresión “piloto automático” por la decisión de aquella gestión de dejar que las condiciones del mercado externo guiaran la suerte de la economía argentina. La segunda mitad de esa década exhibió buen crecimiento económico, con sólidos indicadores, pero un constante deterioro en términos fiscales, de endeudamiento y en materia de desempleo, entre otros indicadores.
Los críticos de aquella estrategia sostenían que el mercado no podía ser el que guiara la situación de un país y reclamaban una política clara que impidiera un mayor impacto de la seguidilla de crisis externas: México, Asia, Rusia y Brasil, que ayudaron a detonar la crisis argentina del 2001.
Ahora, pese al cambio de etiquetas ideológicas, varios analistas y ejecutivos consideran que se repite aquella inacción, ya que, en el año electoral, el Gobierno optó por atar su suerte a las buenas condiciones externas -como el alto precio de la soja y el potencial giro del FMI- en lugar de promover condiciones sólidas para una recuperación sostenida a partir de medidas que apuntalen el ánimo de empresarios e inversores.
El nivel de riesgo país, que a priori parece un indicador muy lejano a la gente de a pie, refleja que hoy los mercados estiman que en 5 años podría haber otro default, aunque el Gobierno haya logrado hace seis meses un exitoso canje de la deuda. “Las condiciones de un default para 2025 son del 75%, lo cual es ridículo dado que casi no hay vencimientos hasta 2024”, expresó la fuente desde Nueva York.
Por lo tanto, aunque el dólar actualmente esté agazapado por la fuerte intervención del Gobierno con bonos y otras herramientas coyunturales, las causas de los desequilibrios no se han resuelto. Sin buenas noticias en el campo de la economía, el Gobierno parece apostar a “pasar el invierno” sin que aparezca ninguna sorpresa desagradable desde el exterior, con recetas probadas y fracasadas.
Sin embargo, los ejecutivos de Wall Street afirman que, de no tomar las riendas en los próximos meses, tarde o temprano el Gobierno se encontrará en su propia gestión con una montaña de desequilibrios crecientes, que pueden derivar en una situación parecida a la de 1974 en términos inflacionarios; aunque algo más light que con el ministro Celestino Rodrigo, pero no muy diferente en términos de sus consecuencias, pero en un mundo que está dejando atrás la recesión global, con tasas muy bajas, sin inflación y abundante liquidez que impide pensar en la denominada “restricción externa”.
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