A 10 días del fin del congelamiento de las tarifas, qué esquemas piensa el Gobierno para definir quién tendrá que pagar más

Este mes, vence el plazo de congelamiento de las tarifas de los servicios de gas y electricidad, que se mantienen sin cambios hace casi dos años. En diciembre del año pasado, el Gobierno –a través de un decreto– determinó que las tarifas de luz y de gas permanecerían sin cambios hasta el 15 de marzo y ordenó la renegociación de la revisión tarifaria integral (RTI), que estuvo vigente durante el gobierno de Mauricio Macri, con un plazo de dos años.

A pocos días de esa fecha, aún no hay certidumbre sobre qué sucederá este año con los aumentos de las tarifas de gas y electricidad. Esta semana, el presidente Alberto Fernández, en su discurso de apertura de las sesiones del Congreso, confirmó que se enviará a esa Cámara una nueva ley sobre tarifas –que contempla aumentos de acuerdo al nivel de ingresos de los usuarios– mientras que estimó que las tarifas de transición podrían demorar varios meses en aplicarse.

En la Secretaría de Energía ya están trabajando en el borrador de la ley, que debe ser luego debatida en el Congreso. Pero también estiman que puede haber otros proyectos similares presentados por legisladores. Los principales objetivos que contempla el proyecto son la segmentación de las tarifas con criterios socioeconómicos –que el precio final a pagar esté en línea con los ingresos de los usuarios– y no atar los aumentos a la porción de los costos de los servicios que están dolarizados, según explicaron fuentes cercanas al secretario Darío Martínez.

La incertidumbre es qué pasará entre el plazo que va desde abril, la fecha prevista para la aplicación de aumentos, y la sanción de la nueva ley sobre el tema. Hasta que no se apruebe esa nueva normativa, ¿puede haber un nuevo congelamiento? ¿O se aplicarán las “tarifas de transición”? Las audiencias públicas –un requisito obligatorio previo a la suba de tarifas– están convocadas para el 15 y 16 de marzo en el caso del gas y para el 29 y 30 de marzo en el caso de la electricidad, lo que deja poco tiempo para que estén vigentes a partir del mes próximo.

En el Gobierno reconocen la gran complejidad de implementar de la segmentación de tarifas por ingresos. ¿Cómo se determinará la capacidad de pago de cada usuario? La idea es tomar la mayor cantidad de datos que el Estado tiene disponible a través del Sintys (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social), Anses, Afip y el Banco Central, pero con las dificultades de no violar el secreto fiscal y bancario.

En las consultas sobre la información disponible, tanto desde la Afip como desde el Banco Central advirtieron que requieren una norma especial que les permita entregar datos –sobre el patrimonio de las personas y los gastos con tarjetas, por ejemplo– pero al mismo tiempo garantizar el secreto fiscal y bancario. Una opción es que se entreguen los datos de los usuarios de los servicios de gas y electricidad a estos organismos y que ellos determinen qué categoría corresponde a cada uno según sus parámetros sin compartir sus bases con otro organismo.

“El problema para segmentar no son los sectores más bajos, porque se cuenta con la base de Anses sobre jubilados, quienes reciben AUH o subsidios. En el sector medio, es más simple porque están los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y responsables inscriptos, pero en el segmento más superior, que puede pagar la tarifa plena, también hay mucha informalidad”, explicó una fuente que participa del armado del borrador.

Otra cuestión que aún no está resuelta, en la que se está trabajando ahora, es si una vez que se definan las nuevas tarifas se aplicarán en forma gradual y a todos los sectores. Puede ser que para los sectores más bajos se mantengan las tarifas actuales. Y para los sectores medios, una de las opciones que se analizan es que un porcentaje del aumento esté atado a la evolución de los salarios.

Para los segmentos más altos, en tanto, se evalúan opciones para que el salto de la tarifa actual a la tarifa plena (una vez que se determinen los aumentos que corresponden por los últimos dos años) será de una sola vez o con algún esquema progresivo. “Creemos que en el nuevo esquema puede haber actualizaciones más cortas y no que las tarifas peguen un salto luego de un período largo”, estimaron.

Actualmente, se calcula que el Estado destina unos USD 7.000 millones para el subsidio de las tarifas de los servicios y desde el Ministerio de Economía dejaron trascender, en varias oportunidades, que la idea es que el porcentaje que ese gasto representa en el PBI (cerca del 1,8%) se mantenga igual durante 2021.

El sistema tarifario de los servicios de gas y electricidad es muy complejo. A pesar de que el presidente Alberto Fernández, en su discurso, habló de la desdolarización como una de las claves para abaratar las tarifas, lo cierto es que de los distintos costos que se trasladan a las facturas solo está dolarizado el precio del gas que se paga a las productoras locales, el gas que se importa de Bolivia o el que llega a través de los barcos regasificadores. Mientras tanto, otros costos como transporte y distribución ya están pesificados.

Este mes, se llevarán a cabo las primeras audiencias públicas sobre tarifas –un requisito que se debe cumplir como paso previo al aumento de tarifas– convocadas desde la llegada de Alberto Fernández al Gobierno. El 15 de marzo será el turno del debate sobre el precio del gas, uno de los cuatro componentes del precio final de las facturas que pagan los usuarios. Este precio es determinado por la Secretaría de Energía.

El Estado, actualmente, se hace cargo del 60% del costo total del gas natural necesario. Si se mantiene ese porcentaje, se van a requerir partidas adicionales no previstas en el Presupuesto 2021. Por eso, la intención de la Secretaría de Energía es readecuar la proporción del costo que hoy tienen los usuarios.

El 16 de marzo, la audiencia convocada es para analizar los valores de los costos de transporte y distribución del gas (los otros componentes que se trasladas a las facturas), que son determinados por el Enargas. Algunas de las empresas solicitaron aplicar la actualización que corresponde por el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) del período de abril 2019 a febrero 2021 estimado en 128%, pero propusieron también alternativas de incrementos tarifarios con vigencia a partir de abril de 2021 que, en general, oscilan entre el 50% y el 52%. Esto puede tener, luego, un impacto de alrededor del 15% en la factura que recibe cada usuario.

En tanto, esta semana el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convocó a las audiencias para tratar la transición de las tarifas eléctricas, que serán el 29 y 30 de marzo. El ente regulador pondrá a consideración un cuadro tarifario de transición propuesto para los próximos dos años.

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