El Gobierno denunciará a funcionarios de Cambiemos por administración fraudulenta y malversación de caudales públicos

El presidente Alberto Fernández dejó inaugurado este lunes el 139° período de sesiones ordinarias del Congreso con un mensaje ante la Asamblea Legislativa, en un escenario atípico y sin invitados a causa de las normas sanitarias de prevención por la pandemia de coronavirus.

En su discurso de apertura de sesiones, el Presidente apuntó a resaltar los logros económicos, quizás la ubicación que le dieron al ministro de Economía, Martín Guzmán, en el centro de los balcones de frente a la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, fue la pista de por dónde iban a recorrer las palabras presidenciales.

Fernández pidió un momento de “reflexión colectiva” en “circunstancias tan excepcionales como las que nos toca vivir” y comenzó haciendo referencia a la pandemia y la crisis que generó en el entramado económico. “Recibimos una economía escuálida, endeudada como antes jamás había estado, un sistema de salud quebrado, que dejaba vencer vacunas” señaló el Presidente frente al grito del diputado Fernando Iglesias que estaba a metros de su colega Waldo Wolff, sin barbijo.

Pero el punto en donde generó mayor cantidad de aplausos de propios y gritos de la oposición fue cuando se refirió a la deuda tomada por el gobierno anterior. Y el recinto estalló en aplausos y gritos cuando anunció que instruyó “para que se inicie una querella criminal para determinar quiénes han sido los partícipes de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales que nuestra memoria recuerda”.

Respecto a la negociación con el Fondo en marcha, señaló que “no hay más lugar para ajustes recesivos” en un mensaje tanto para adentro como para los negociadores del Fondo Monetario Internacional.

No sólo eso: además anunció que se investigará a funcionarios de la administración anterior por “administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos”

Según Fernández, el actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone, quien fue director del Fondo Monetario Internacional en representación de la administración Trump, impulsó el otorgamiento del préstamo de USD 55.000 millones a la administración de Cambiemos “para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección”.

“Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra y que la toma de semejante crédito haya sido resuelta entre gallos y media noche, sin intervenciones jurídicas y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado”, destacó el mandatario.

“Nuestro país ya conoce lo que es estar endeudado. Conoce lo que nos costó ‘ser parte del primer mundo’. Conoce también que fue el ’blindaje’ y que fue el ‘megacanje’. En todos los casos aparecen los mismos actores que se repiten con el correr de los años. En todos los casos, los mismos privilegiados que medran con la crisis. En todos los casos las mismas victimas, argentinas y argentinos expulsados a la marginalidad de la miseria”, agregó.

Fernández remarcó que para poner fin a las “aventuras de hipotecar al país” los responsables tienen que rendir cuentas de sus actos. “He instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quienes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”, afirmó.

Luego del discurso, el Banco Central pidió que se investigue el perjuicio al Estado en la firma de los acuerdos con el FMI. En ese contexto, el organismo envió toda la documentación sobre los préstamos a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y a la Oficina Anticorrupción.

Según un comunicado, el BCRA pidió “la realización de una auditoría específica” de la documentación para evaluar las “responsabilidades en los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el FMI” en 2018 y “determinar la existencia de perjuicio para el patrimonio público”.

La relación con el Fondo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene un muy buen diálogo técnico con el gobierno argentino, pero está preocupado por la persistencia del alto nivel de inflación y de la brecha cambiaria.

Con un contacto cotidiano del staff técnico del Fondo con el equipo del ministro Martín Guzmán, del presidente del Banco Central Miguel Pesce y otros miembros del gabinete económico, avanza la negociación, aunque los tiempos para alcanzar un acuerdo dependen más de la voluntad política del Gobierno en este año electoral que de las exigencias del organismo.

Así pudo saberlo Infobae en Washington de parte de fuentes con conocimiento directo de la negociación, aunque el organismo declinó hacer comentarios para este artículo.

Si bien hay coincidencia entre ambas partes sobre el marco macroeconómico que se necesita para que el país corrija sus desequilibrios, faltan acuerdos sobre la forma de lograrlo.

En este sentido, según pudo saber Infobae, el Fondo sigue pensando que el Gobierno debería hacer un esfuerzo adicional al comprometido en el presupuesto 2021, que contiene una meta fiscal del 4% del PBI y no solo a través de un aumento de la presión impositiva.

El FMI tiene un contacto cotidiano y constructivo con las autoridades económicas argentinas, pero está muy preocupado por la alta inflación y la fuerte brecha cambiaria.

Al respecto, creen que es necesario seguir reduciendo el desequilibrio fiscal y la emisión monetaria -aunque se valora el esfuerzo que las autoridades económicas realizaron en este sentido en los últimos meses- para evitar que la brecha cambiaria, agazapada en forma transitoria, se dispare nuevamente y provoque algún problema indeseado.

Más allá de estas cuestiones urgentes y de corto plazo, también resta definir el contenido de las reformas estructurales que forman parte de un acuerdo de facilidades extendidas como el que busca la Argentina para repagar a 10 años el crédito que el FMI le dio al país en el gobierno de Mauricio Macri por 54.000 millones de dólares.

En este sentido, se discutirá nada más y nada menos que la política impositiva, el esquema de los subsidios públicos, el desarrollo del mercado local de capitales y, más conceptualmente, cómo se logra un aumento de la productividad, de la inversión y de la eficiencia del sector público.

Con todos estos temas pendientes, da la sensación de que los tiempos para cerrar un acuerdo no serán cortos, como pretendería sobre todo Guzmán. Pero, con paciencia, en el organismo entienden la tarea de búsqueda de consenso interno por parte del ministro, para que el programa funcione y para que sea aprobado en el Congreso Nacional.

Esta búsqueda de consenso necesariamente genera tensiones entre las cuestiones político-electorales (la necesidad de dar buenas noticias antes de los comicios de octubre) y la mencionada fragilidad macro, actualmente matizada por los buenos términos de intercambio y la posibilidad de que el Gobierno reciba una inyección de recursos por los Derechos Especiales de Giro (DEGs) que proyectan repartirse este año entre los países emergentes y los más pobres.

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