“Con Macrón hablamos largamente sobre la posibilidad de que el FMI flexibilice los plazos de un posible acuerdo de facilidades extendidas, de forma tal de postergar el pago de vencimientos. De esa forma podríamos disponer de más de 3.000 millones de dólares. Consideró atendible el planteo. El ministro Guzmán estaría viajando a fin de mes a Washington. Es una negociación larga”
Así se refirió el presidente Alberto Fernández, en la entrevista que concedió a Página/12, a las negociaciones con el Fondo Monetario y las gestiones del ministro de Economía, cuyo viaje a Washington aún no tiene fecha y depende tanto de las restricciones sanitarias por la pandemia como de la posibilidad de conseguir una reunión con la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, el premio mayor que querría abrochar Guzmán para, si el diálogo es fructífero, avanzar rápido en un acuerdo no muy exigente con el Fondo. Claro que si Yellen recibe a Guzmán muy cerca estará su asesor senior en temas económicos internacionales, David Lipton, que hasta hace un año fue el segundo del FMI y fue quien supervisó el préstamo de USD 57.000 millones concedido a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, del que el organismo llegó a desembolsar entre 44.000 y 46.000 millones de dólares (la cifra es cambiante, ya que el crédito se mide en Derechos Especiales de Giro, la “moneda” del Fondo, que en la segunda mitad de 2020 se apreció respecto del dólar).
Impasse
La negociación se encuentra en una impasse debido a la falta de definiciones del gobierno acerca de si adoptará o no medidas “estructurales” (laborales, previsionales, regulatorias) y sobre su programa fiscal y monetario a mediano plazo. La prioridad oficial, se hizo cada vez más obvio en las últimas semanas, es evitar una crisis cambiaria (devaluación del dólar fuera de su control), maniatar precios para contener la inflación, reactivar la economía y llegar a las elecciones de octubre (o noviembre) en la mejor forma posible. Un acuerdo más o menos rápido con el FMI es a la vez una necesidad (para “tranquilizar” los mercados, ganar reservas y prorrogar al menos dos vencimientos: uno de mayo de USD 2.400 millones ante el Club de París y otro de septiembre, de USD 1.910 millones con el propio FMI) y una inconveniencia, por los requisitos que implica y porque conspira contra su relato político y económico.
Un acuerdo más o menos rápido con el FMI es a la vez una necesidad (para “tranquilizar” los mercados, ganar reservas y prorrogar al menos dos vencimientos) y una inconveniencia, por los requisitos que implica y porque conspira contra su relato político y económico.
La clave está en saber si el FMI aceptará un programa blando y dejar para más adelante una negociación y un acuerdo más exigentes. La chance quedó abierta el viernes pasado, cuando la directora del Fondo, Kristalina Georgieva, dijo “es prematuro hablar del programa, pero buscaremos equilibrio entre la estabilidad y el apoyo a la gente vulnerable”.
Georgieva, a quien Fernández no pierde oportunidad de elogiar, muestra una cara amable, que se refleja en su inquietud por “la gente vulnerable”. El Fondo es consciente del riesgo de exacerbación de tensiones sociales en tiempos del coronavirus. De hecho, en la semana que pasó reprodujo en su blog un artículo de su nueva publicación ,”Research Perspectives”, sobre las repercusiones sociales de las pandemias”, en la que alerta que la actual, de Covid.-19,tiene por delante al menos dos años de mayores tensiones sociales.
“Desde la Plaga de Justiniano y la Peste Negra hasta la Gripe Española de 1918, la historia está repleta de ejemplos de brotes de enfermedades que proyectan una larga sombra de repercusiones sociales, que determina el contexto político, subvierte el orden social y, a la larga, desencadena tensión social. ¿A qué se debe esto? Un posible motivo es que las epidemias pueden revelar o agravar grietas ya existentes en la sociedad, como la insuficiencia de las redes de seguridad social, la falta de confianza en las instituciones o la percepción de indiferencia, incompetencia o corrupción de los gobiernos”, dice un pasaje del artículo, ilustrado con un dibujo de choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
El artículo dice lo obvio cuando afirma que “en promedio, los países con epidemias más graves y frecuentes también experimentan mayores tensiones”, pero lo es menos cuando explica que en una primera etapa “es posible que los daños a largo plazo en el tejido social, en forma de malestar social, no salten a la vista” pues los obstáculos de organización y desplazamiento para organizar acciones de envergadura y cierta disposición social a decantarse por la cohesión y la solidaridad en tiempos difíciles contribuyen a minimizar las protestas.
Patrón histórico
La actual pandemia, dice, se ajusta a ese patrón histórico, al punto que “el número de episodios significativos de tensión social ha caído en todo el mundo hasta su nivel más bajo en casi cinco años”, con las excepciones de EEUU y El Líbano, donde la tensión se debió a otras causas, que la pandemia pudo haber agravado, pero no causó. En cambio, alerta el FMI, “con el transcurso del tiempo aumentan los riesgos de disturbios y una crisis gubernamental importante, es decir, un suceso que pueda llegar a derrocar al gobierno y que suele producirse en los dos años posteriores a una pandemia grave”. Ese tipo de consideraciones, en medio de una epidemia y una crisis globales, dan alguna chance a la apuesta del gobierno de un acuerdo que patee lo más difícil (tarifas, programas fiscal y monetario, reformas) para más adelante.
De todos modos, el FMI pedirá un sendero creíble de reducción (y más allá de 2021) del déficit fiscal, que alivie la asistencia del BCRA al Tesoro; esto es, que reduzca la emisión monetaria. El último informe de Quantum, la consultora de Daniel Marx, a quien Guzmán integró, apenas inició su gestión, a una suerte de consejo consultivo sobre la deuda, recordó no solo que durante el 2020 “hubo un aumento importante de todos los agregados monetarios, que lo hicieron por encima de la inflación, en un contexto de frágil demanda de dinero” sino que este último margen se achicó, pero la emisión continúa. “En el primer mes de 2021 vemos que en la comparación anual la tendencia se repitió (entre el 54-68% anual de crecimiento de agregados monetarios contra una inflación estimada de 38%”. Es esa mecha monetaria, no los precios de este o aquel bien, lo que algunos economistas y el FMI temen que derive en una aún mayor aceleración inflacionaria, que el gobierno busca conjurar con controles y blandiendo la posibilidad de subir retenciones o imponer cupos a la exportación para “desacoplar” los precios internos de las tendencias externas.
“Existe el riesgo de un programa de baja calidad con el FMI”, alertó al respecto un informe de J.P.Morgan. “Sin un programa económico que restaure el acceso a los mercados financieros, el Tesoro seguirá dependiendo del financiamiento directo del BCRA lo que agrega más presión sobre la inflación”.
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