Mientras definen cómo sigue el reclamo, los transportistas autoconvocados acordaron algunas medidas en la provincia de Buenos Aires

Durante el fin de semana los transportistas autoconvocados decidirán cómo continúa el reclamo que comenzó hace ya casi 21 días, y que está afectando seriamente el normal funcionamiento de la comercialización de granos, especialmente trigo y cebada, en los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires.

Desde el ámbito de los transportistas independientes anunciaron que acordaron una serie de medidas con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, entre ellas lo relacionado al cuadro tarifario.

Según comentó a Infobae el referente de Transportistas Unidos de Argentina (TUDA), Santiago Carlucci, ayer estaba programado para las 14 horas un encuentro en el Congreso, donde luego le informaron que la reunión no se realizaba y debía trasladarse al Ministerio de Transporte, donde tampoco fue recibido por funcionario alguno.

En el ámbito provincial, en tanto, se acordó un incremento de la tarifa que comienza en el 22,5%, como sucede en el ámbito nacional, pero que en la curva asciende hasta el 26 por ciento. Respecto a lo reclamado a las autoridades de Nación, dijeron que aún no hubo respuestas.

En la reunión a nivel provincial, funcionarios explicaron que a nivel nacional la base tarifaria que se utiliza empieza en 313 pesos y a nivel provincial en 311 pesos. Además, la curva utilizada en Nación no se aplana tanto al final, beneficiando a los tramos más largos, donde se da el mayor incremento tarifario.

Pero también, los transportistas acordaron con funcionarios bonaerenses la puesta en marcha del Registro Público de Transporte de Cargas (RPTC), que se podrá tramitar de manera digital, habilitará a trabajar en toda la provincia y tendrá un valor cercano a $470 por unidad a habilitar. Además, en la búsqueda de disminuir los costos, se acordó llevar el valor de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) a 2.200 pesos. Y las autoridades provinciales se comprometieron a fiscalizar las tarifas.

En relación a las tarifas, se anunció que los transportistas podrán acceder a una tabla digitalizada, que es un calculador de costos logísticos por kilómetro recorrido, que permitirá determinar la tarifa a cobrar, de acuerdo a ciertas variables que se modifican, tales como los precios de los combustibles, neumáticos, peajes, entre otras. “Todo eso nos facilitará cotizar cualquier tipo de viaje y se transforma en una herramienta sumamente importante”, señaló Carlucci.

También se anunció la realización de mejoras de infraestructura en la playa de camiones de Quequén “El Chiquero”, a la que se proveerá de personal de seguridad para evitar actos delictivos. El representante de los transportistas independientes destacó el dialogo con las autoridades bonaerenses, que permitió avanzar con la implementación de medidas para el sector. “Es importante que se haya garantizado la libertad de expresión y que no se haya reprimido la protesta”, agregó.

El reclamo de la cadena agroindustrial

Mientras tanto, desde las entidades de la cadena agroindustrial siguen reclamando una salida al conflicto y que los puertos de Bahía Blanca y Necochea vuelvan a funcionar, en plena comercialización de los cereales de invierno, cuya cosecha finalizó días atrás.

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, reflejó que en los dos primeros meses de la campaña comercial de trigo de la actual campaña, las exportaciones cayeron un 57% respecto al mismo período del ciclo anterior, como consecuencia de los conflictos sindicales que afectaron la operatoria portuaria. Entre diciembre de 2020 y enero pasado, se embarcaron 2.420.000 toneladas, la cifra más baja para el período analizado desde la campaña 2015/2016.

Por último, esta semana los Centros de Corredores de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario, y Santa Fe, expresaron su “preocupación por los cortes de rutas y caminos que afectan desde el 19 de enero a la fecha, principalmente los puertos de Ingeniero White y Quequén, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y gran parte de molinos harineros y fabricas de alimento balanceado de esta región, complicando el desarrollo de la actividad productiva en general, y a nuestro sector en particular”. Una problemática, que según precisaron, complica el desarrollo del negocio y afecta la cadena de pagos.

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