Por qué no tuvieron éxito los acuerdos de precios y salarios en la historia argentina

Esta semana, el Gobierno confirmó que convocará a empresarios y sindicalistas para poder avanzar en un acuerdo de precios y salarios, una de las iniciativas que el presidente Alberto Fernández había planteado al comienzo de su mandato pero que fue postergada por la irrupción de la pandemia de coronavirus.

La idea está lejos de ser novedosa para la historia económica de la Argentina, atravesada por largos períodos de alta inflación, donde ya se probaron varias versiones de estos acuerdos entre el Gobierno, los empresarios y los gremios, para controlar la suba de los precios y los salarios. ¿Funcionaron? Según los analistas económicos, algunos lograron resultados positivos en el corto plazo, pero la mayoría fracasó en el largo plazo.

“Hubo miles de intentos de acuerdos de precios y salarios, algunos exitosos a muy corto plazo, pero la mayoría con finales sumamente infelices. Llegar a un intento de acuerdo de precios y salarios es como siempre el resultado de que no podés o no querés encarar el tema de fondo. Si no se hace una reforma macro y fiscal racional, es tapar la olla por un ratito; es verdad que se puede hacer ganar una elección por un efecto placebo de bienestar, pero es un ingrediente más para seguir hundiendo agónicamente la economía”, señaló el economista Gerardo Della Paolera, fundador y ex rector de la Universidad Di Tella.

De acuerdo con un informe de la consultora Invecq, a lo largo de la historia hubo varios tipos de acuerdos y controles de precios: desde “precios vigilados”, donde se obligaba a comunicar periódicamente las modificaciones a las autoridades; hasta precios acordados previamente entre el Estado y las empresas o precios máximos, fijados directamente por el Gobierno. Tampoco faltaron los “congelamientos” generalizados.

“Los acuerdos de precios y salarios han sido necesarios y han tenido un efecto notorio en los procesos de desinflación en el corto plazo. Sin embargo, en el mediano o largo plazo, todos han fracasado. Esto se debe principalmente al desequilibrio de las cuentas fiscales y externas, como consecuencia de que se intentan frenar determinadas variables nominales como el tipo de cambio o las tarifas, que no van en línea con el equilibrio sustentable de la economía de largo plazo y terminan en peores consecuencias para la economía en su conjunto”, precisó el informe de Invecq.

Uno de los primeros acuerdos de este tipo se dio en 1952, durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, con el llamado Plan de Estabilización en el marco del segundo Plan Quinquenal. Ese plan creó una comisión nacional de precios y salarios y se instauró un sistema de negociaciones salariales bianuales, que empezó con una fuerte caída de los salarios reales. Además, se realizó un plan de austeridad, con una caída del 23% en el gasto público en términos constantes entre 1950 y 1953, al mismo tiempo que se retrasaron las tarifas de servicios públicos y se aumentaron los subsidios en bienes básicos.

“Hasta entonces se había ejercido un modelo de expansión fiscal y monetaria, con giro hacia las industrias que dio un período de bonanza entre 1946 y 1948, y luego entró en crisis hacia 1949. El general Perón, una vez ganada la reelección, impulsó un Plan de Emergencia Económica que incluyó un congelamiento de precios y salarios, austeridad fiscal y contracción monetaria. La implementación requería de la inspección y poder de policía sobre comercios minoristas, lo cual no estaba exento de arbitrariedades. La tasa de inflación se redujo significativamente y el plan de estabilización fue exitoso. Por otro lado, la estabilización tuvo un costo recesivo en la reducción del consumo y la inversión. Sería un error asignar el éxito del Plan de Estabilización estrictamente al control de precios y salarios, ya que sucedieron otras políticas fiscales y monetarias en simultáneo que impulsaron estabilidad de precios”, señaló Darío Judzik, director del área de Formación Ejecutiva en Políticas Públicas de la Universidad Di Tella.

Según el economista, los controles de precios y salarios sin medidas fiscales y monetarias asociadas pueden funcionar durante un tiempo acotado para desacelerar el proceso inflacionario, pero tienen costos significativos y, eventualmente, la inflación remonta. “Además requieren de discrecionalidad sobre qué precios congelar, cuándo permitir ajustes y de qué monto. Así se distorsionan los precios relativos, cuánto cuesta cada uno de los bienes y servicios de la economía en relación a los demás, que son el mapa de incentivos básico para el funcionamiento de los mercados”, señaló.

En 1967, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, se aplicó un congelamiento voluntario de precios centrado principalmente en productos industriales. El plazo del acuerdo fue de seis meses, mientras que el congelamiento de salarios fue de 18 meses por ley. Además, se fijó un esquema de tipo de cambio fijo y se frenó el aumento de las tarifas públicas. Luego, fue complementado por políticas de precios máximos para productos de primera necesidad.

El tercer acuerdo, conocido como Pacto Social, fue impulsado por el ministro José Ber Gelbard en 1974, que arrastraba una inflación cercana al 80%. El Gobierno aplicó un programa de precios y salarios en el Acta de Compromiso Nacional, firmada por trabajadores, empresarios y el Gobierno. El objetivo fue establecer una nueva distribución del ingreso en favor de los trabajadores, a través de un aumento en los niveles salariales y de las asignaciones familiares, que luego se trató de mantener a través de la intervención sobre el proceso de formación de precios.

El plan funcionó, con un descenso de la inflación y crecimiento económico. Pero al poco tiempo, la falta de consistencia con una política monetaria y fiscal expansiva generó tensiones entre las partes del acuerdo y un fuerte retraso en las tarifas y el tipo de cambio, lo que desembocó en una marcada aceleración inflacionaria hacia mediados de 1975.

En la etapa inicial de 1976, cuando la inflación corría a un ritmo superior al 300%, se realizó una devaluación del 20% con el objetivo de unificar el tipo de cambio, se derogaron los precios máximos y los márgenes oficiales para el comercio minorista. La política salarial se basó en la suspensión de convenciones colectivas y de las indexaciones automáticas de salarios. Los aumentos eran autorizados por el Estado. Se hizo un ajuste basado en el aumento de tarifas de servicios públicos y se prometió avanzar con el programa de reducción del gasto. En 1977, el ex ministro de Economía José Martínez de Hoz estableció una “tregua” de precios por 120 días y una reforma financiera, pero al finalizar ese plazo, la inflación volvió y se produjo una recesión.

Ya en el gobierno de Raúl Alfonsín, en 1985, se lanzaron medidas para sanear el déficit fiscal y el compromiso de no financiar con emisión el déficit del sector público y se instaló al Austral como moneda, equivalente a $1.000. Para concluir el proceso, se consensuó un acuerdo de congelamiento de salarios, precios, tarifas y tipo de cambio, con lo que la inflación se redujo notablemente.

Finalmente, el proceso de saneamiento del déficit fiscal no pudo ser concretado, el frente externo continuó debilitándose y la distorsión de precios relativos fue desmedida. La política de tipo de cambio se tornó insostenible, lo que llevó a una mayor incertidumbre y generó una espiralización de la tasa de inflación, que finalmente derivó en la hiperinflación de 1989.

“En la historia argentina los controles de precios se hicieron en todo tipo de circunstancias. Gobiernos populistas, de derecha, dictaduras. Pero si tenés inconsistencia fiscal y monetaria, no hay controles de precios que puedan poner un freno. Es chocar siempre con la misma piedra. En el resto de los países, en el pasado, estos acuerdos funcionaron en el marco de guerras o grandes catástrofes naturales, pero la inflación no tenía un origen económico”, indicó Esteban Domecq, director de la consultora Invecq.

Frente a un nuevo acuerdo de este tipo en 2021, el especialista remarcó que aún falta un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y un arreglo hacia adelante de las cuentas públicas, donde se financie menos con emisión. “El acuerdo de precios puede servir de anclaje de expectativas y dar algunos meses de desaceleración. Ahora no se sabe a qué velocidad se están moviendo los precios. Pero más tarde o más temprano, habrá una corrección de precios relativos. El año pasado, el tipo de cambio, las tarifas congeladas y la pandemia funcionaron como ancla. Ahora el programa se está quedando sin ancla”, aseguró Domecq.

Seguir leyendo