El congelamiento de tarifas atraviesa sus últimos meses y el Gobierno prepara para el segundo trimestre del año un esquema de deshielo de los valores de los servicios públicos tras un año y medio de precios sin cambios. Al menos esa es la hoja de ruta que se planteó el ministro de Economía Martín Guzmán, que no deja de ser un plan con cuestionamientos dentro del propio Frente de Todos y que, por lo tanto, todavía está en disputa. El jefe del Palacio de Hacienda busca aplicar incrementos segmentados con una premisa central: que este año no se gaste más subsidios que los que fue gastado en 2020.
Claro que el programa de descongelamiento que trazó Guzmán conllevaría un ritmo de aumento en las tarifas que pondrá a prueba otra de las metas económicas de este 2021: que la inflación termine unos cinco puntos porcentuales por debajo del 36,1% con que terminó el 2020. De acuerdo a estimaciones privadas, las boletas deberían tener reajustes de, al menos, el 40% para cumplir con la intención de no agrandar la cuenta presupuestaria de subvenciones.
Hace diez días, en una visita al Chaco en el marco de las “giras” por el interior del país que comenzó en 2021 y que incluyen reuniones con gobernadores, empresarios y charlas en universidades públicas, Guzmán habló sobre la perspectiva de descongelamiento de tarifas en el año electoral.
Martín Guzmán busca aplicar incrementos segmentados con una premisa central: que este año no se gasten más subsidios que los que se gastaron en 2020.
“Venimos trabajando en un cuadro tarifario, el marco para eso la ley de Presupuesto 2021 que establece cuál es el monto de subsidios sobre el PBI en el cual se debe enmarcar el cuadro tarifario. Vamos a desestimar el cuadro tarifario de la gestión anterior porque no lo consideramos razonable”, afirmó. Y en ese sentido, concluyó: “Queda afuera porque no lo consideramos razonable en función de alinear los objetivos de tarifas razonables para los hogares y las empresas, alcanzables y alineadas con fomentar la competitividad y que al mismo tiempo sean tarifas que fomenten los incentivos a la inversión”, dijo Guzmán.
De esa forma, el ministro de Economía defendió la ley de gastos e ingresos que le da un plafón para sostener ante las empresas del sector y, además, hacia dentro de la alianza de Gobierno, la necesidad de iniciar el proceso de deshielo de las tarifas, que están congeladas desde agosto de 2019 tras las elecciones presidenciales primarias.
¿El inicio del descongelamiento?
En los últimos días del 2020 el Gobierno decidió darse por decreto tres meses más a lo previsto, es decir hasta marzo, para la elaboración de un nuevo cuadro tarifario que reemplace al esquema atado a la cotización del dólar que había implementado el entonces ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.
Para eso, el Poder Ejecutivo habilitó la renegociación tarifaria de la luz y el gas y puso al frente del proceso al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que son dirigidos por Soledad Manín y Federico Bernal, este último un exfuncionario del Ministerio de Planificación Federal de la época de Julio de Vido.
En términos generales, el ENRE y el Enargas tendrán un plazo que no podrá exceder los dos años para completar la revisión tarifaria. Sin embargo, ambos organismos podrían prever “adecuaciones transitorias de tarifas”. Ese artículo los habilitaría a establecer aumentos a pesar de que la revisión no fuera resuelta. Los entes reguladores deberán organizar un banco de datos del proceso de renegociación, llevar adelante los regímenes de audiencia pública, de consulta pública y de participación ciudadana.
El ENRE y el Enargas tienen hasta dos años para completar la revisión tarifaria, pero mientras tanto pueden prever adecuaciones transitorias de tarifas
Según explicaron a Infobae desde la Secretaría de Energía, el proceso de revisión tarifaria está en pleno desarrollo y la intención que persiguen es la de establecer una segmentación lo más precisa posible para determinar, si no es individualmente en grupos de población, qué reajustes de tarifas corresponderá a cada sector, de acuerdo a su situación socioeconómica.
El secretario de Energía, Darío Martínez, ya había adelantado que para el sector de la población que se encuentra bajo la línea de pobreza, “no hay espacio” para realizar aumentos de tarifas y que, por lo tanto, podría tener en los próximos meses incrementos en sus facturas que sean simbólicos o directamente nulos.
Esa segmentación cuenta con dos grandes grupos: un sector por debajo de la línea de la pobreza y otro con ingresos medios y altos que podrían afrontar un aumento. Para el primer caso, explicaron fuentes oficiales, la base de datos pormenorizada que le dio el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) al Estado durante la pandemia configurará un insumo decisivo para identificar a los sectores económicamente más vulnerables a un tarifazo.
El Gobierno busca una segmentación lo más precisa posible para determinar qué reajustes de tarifas corresponderá a cada sector de la población.
Por encima de esa línea, la registración e individualización de los subsidios aparece como una misión más borrosa. En los despachos oficiales recuerdan que experimentos como la renuncia voluntaria a las subvenciones o la segmentación por barrios, que ensayó el kirchnerismo durante la época de la “sintonía fina” que había anunciado Cristina Kirchner, “no funcionaron”. En las carpetas del Gobierno aparecen ahora algunas alternativas como, incluso, el nivel de consumo con tarjetas de crédito como criterio para que el Estado cubra parte del precio de las boletas para cada usuario.
“Estamos generando una base de datos de todo el país para usar los subsidios de forma eficiente”, dijo Martínez. “Hay un porcentaje similar de sectores que pueden hacer frente (a aumentos) pero no puede ir por encima de su poder adquisitivo. A un jubilado no puede aumentarle la tarifa más que la jubilación, tiene que ser por debajo de eso. Un asalariado también, tiene que aumentar su poder adquisitivo, no bajarlo”, afirmó el secretario de Energía.
Desde Energía aseguran que tanto Enargas como el ENRE no son los que decidirán si habrá o no incrementos de tarifas, sino que “están elaborando una herramienta técnica para que después el Presidente tome la decisión”, explicaron ante este medio.
Cuánto deberían aumentar las tarifas bajo el “plan Guzmán”
En el Gobierno evitan hablar de cualquier cifra de eventuales reajustes de tarifas. De todas formas, el eje de la política de subsidios que marcó Martín Guzmán -que no aumenten este año en relación al PBI- permite a consultoras y expertos hacer estimaciones sobre cuánto deberían aumentar los servicios públicos en ese marco de acción.
De acuerdo a un trabajo de la consultora Ecolatina, las boletas de luz y de gas deberían aumentar este año un 40% para que las subvenciones tengan el mismo peso presupuestario (2,6% del Producto Bruto Interno) que en 2020. Es un punto porcentual más en relación a 2019, el último año con correcciones tarifarias.
Un informe reciente de la PxQ, la consultora que dirige Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía de Axel Kicillof, el aumento que requerirían las tarifas para estabilizar el ratio de subsidios sobre el PBI sería del 30%. Esto en el marco de una inflación del 40%.
Y por su parte, los economistas Julián Rojo y Alejandro Einstoss, especialistas en el sector energético, estimaron que en realidad las tarifas necesitarían un incremento de piso de 60% para el gas y de 40% para la energía eléctrica para que no aumente en términos reales el gasto en subsidios.
Las consultoras estiman que las tarifas deberían aumentar entre 30 y 60% este año para que la cuenta de subsidios no aumente en relación a 2020.
Durante 2020 el Gobierno duplicó en términos nominales el gasto en subsidios durante 2020 por el congelamiento de tarifas, lo que medido en términos reales representa un 30% de incremento, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). En total el Poder Ejecutivo gastó unos $580.000 millones, un incremento real de 31%. Para el sector energético (gas y energía eléctrica) el aumento fue de 35% y para el transporte público, de 17%.
La mayor parte de la suba en el gasto en subvenciones estuvo explicado por los $323.000 millones que el Estado destinó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), la compañía estatal que compra de forma mayorista el suministro a los productores. Con tarifas congeladas, las distribuidoras acumulan deudas con Cammesa y el Estado nacional debe salir a cubrir esa diferencia con subvenciones. Esta partida de gasto tuvo un alza de 64% en términos reales, según midió la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Para el caso del gas, los subsidios del Estado son dirigidos directamente a la oferta a través del Plan Gas, que requirió fondos por $40.000 millones y que representó así un 2% de incremento real. Por el contrario, los envíos de fondos a Integración Energética Argentina (IEASA, ex Enarsa) superaron los $46.000 millones, una caída de 24% por el abaratamiento del precio de importación de gas. Las subvenciones a la demanda también cayeron un 16%.
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