La historia detrás del conflicto entre los gobiernos nacional y porteño por $ 65.000 millones de coparticipación

En la movida más reciente de una saga que lleva varios meses, el ministro de Economía Martín Guzmán le envió al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta la segunda carta en un mes para solicitar una reunión para discutir cara a cara el futuro de los envíos diarios de coparticipación que recibirán las arcas de la Ciudad de Buenos Aires tras el recorte por ley de la alícuota federal. La disputa por $65.000 millones comenzó en septiembre y la palabra final la tendría la Corte Suprema de Justicia.

“Con el objetivo de dar continuidad al diálogo que desde los ministerios del Interior y de Economía se inició al comienzo de la gestión de gobierno, reitero la invitación a un encuentro que nos permita construir un acuerdo adecuado a lo establecido en el marco de la institucionalidad”, fue el invite de Guzmán a Rodríguez Larreta en una misiva enviada el viernes.

“Consideramos que la cuestión por la que le escribo constituye un problema de carácter económico, que debe ser resuelto sobre la base de un análisis técnico correcto y transparente”, sigue el texto del ministro de Economía, y agrega: “Para ello, sería necesario trabajar mancomunadamente, en reuniones bilaterales, en las que analicemos técnicamente los supuestos y valores económicos que determinan el gasto anual del servicio oportunamente transferido desde la Nación a CABA, y su razonable actualización”.

La oferta nacional incluye un mediador, que sería la Comisión Federal de Impuestos (CFI). Pero el Gobierno porteño rechazará una vez más la convocatoria y esperará la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada de definir los pleitos entre jurisdicciones.

Ante la consulta de Infobae, fuentes del Gobierno porteño afirmaron que “de ir a esa reunión estaríamos convalidando una ley que denunciamos ante la Corte por inconstitucional”. “La Ciudad siempre apostó al diálogo, en todo momento. Tuvimos varias reuniones y se paró todo por la pandemia. No hubo más diálogo y nos enteramos por televisión que nos sacaban un punto de coparticipación y después la aprobación de la ley fue peor porque nos sacó $65 mil millones, que es el 11% nuestro presupuesto”, afirmaron desde la Ciudad.

Además, rechazaron la intervención de la CFI, al que definieron como “un árbitro parcial”. “Esto es un partido con la cancha inclinada, un resultado puesto en el que vamos 0-5 abajo y un árbitro parcial, que es la CFI. En el marco de esta ley, la Ciudad no está dispuesta a sentarse en esta mesa”, enfatizaron fuentes oficiales porteñas.

La historia del conflicto: la revuelta policial y el decreto de urgencia

Las protestas de la Policía Bonaerense a comienzos de septiembre forzaron al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a conseguir una inyección de fondos para afrontar el costo fiscal de un acuerdo salarial con la fuerza. Para eso, contó con la ayuda de un decreto del presidente Alberto Fernández.

El jefe de Estado anunció el 9 de septiembre la creación de un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal por el cual le quitó un punto de la coparticipación a la Capital Federal y se lo transfirió a la provincia de Buenos Aires. La readecuación de la alícuota federal que reciben las arcas porteñas no era un tema ajeno a la agenda entre la Casa Rosada y el Gobierno porteño, pero las conversaciones que se habían iniciado a comienzos de 2020 se vieron interrumpidas por la emergencia sanitaria que implicó la pandemia.

“Tenemos que buscar los recursos en una situación fiscal complicada. Porque no solo recibimos una economía complicada en diciembre, sino que todo se hizo más complejo con la pandemia. Estamos derivando muchos recursos del Estado a los sectores más desprotegidos”, afirmó el Jefe de Estado durante el anuncio. La protesta policial terminó pero se abrió una grieta en la relación -hasta ese momento armónica- con Rodríguez Larreta que está lejos de resolverse.

El decreto generó una respuesta inmediata de la Ciudad. “Nos encontramos con una medida improvisada, intempestiva e inconsulta”, dijo un día después el jefe de Gobierno porteño. “La última vez que me mencionaron el tema fue en marzo y ni siquiera habíamos llegado a un acuerdo”, aseguró. En ese sentido, marcó que la única salida que buscaría el Gobierno de la Ciudad sería acudir a la Corte Suprema.

“Es inadmisible y contradictorio que una medida de tal envergadura se tome unilateralmente, afectando los fondos de una sola provincia. Cómo no voy a estar enojado ante una decisión que atenta contra la unidad de los argentinos. Estamos perdiendo la oportunidad de construir un país en base al consenso, pero yo no voy a contribuir a agrandar esa grieta”, cerró Rodríguez Larreta su primera intervención pública tras el recorte.

La cuestión no terminó ahí: el oficialismo envió al Congreso un proyecto de ley que cristalizaba la poda de recursos federales para la Ciudad, pero además implicaba un recorte mayor al esperado. La lógica detrás de esa determinación de la Casa Rosada fue que el Gobierno porteño solo reciba los fondos necesarios para los gastos del traspaso de la Policía Federal, en lugar de cubrir esas erogaciones con coparticipación.

Recorte por ley y un presupuesto con ajuste

El 10 de diciembre el Congreso sancionó por norma la reducción de la alícuota que recibe el Gobierno porteño de la coparticipación federal de 2,1 puntos porcentuales, un recorte que terminó siendo mayor al anunciado. Según estimaciones de fuentes porteñas, para 2021 el dinero que la Ciudad dejaría de recibir ronda los $65.000 millones. Para afrontar esa caída en el flujo de coparticipación, el gobierno de Rodríguez Larreta aprobó un presupuesto con un “programa de ajuste transitorio” y medidas que apuntan a aumentar la recaudación y recortar gastos.

Sobre este último punto, la Ciudad determinó “suspender y ralentizar” obras públicas, entre lo que incluyó la compra de equipamiento policial, obras de infraestructura para el subterráneo, la construcción de ciclovías, el traslado de la cárcel de Devoto y del Mercado de Hacienda y 52 kilómetros de túneles del Plan Hidráulico. Además, anunció la revisión de los contratos de recolección de basura, mantenimiento hospitalario y de espacios públicos y servicio de vigilancia privada. Por último, afirmó que tomaría en consideración las negociaciones paritarias con empleados públicos porteños.

Para rastrillar recursos, el Gobierno porteño aumentó el impuesto a los sellos, que implica el cobro de un porcentaje extra de 1,2% para los resúmenes de tarjeta de crédito y una medida que levantó polémica y que provocó el reclamo del Banco Central: el fin de la exención de Ingresos Brutos para las operaciones de pases pasivos y de Letras de Liquidez (Leliq), dos instrumentos de política monetaria.

Por este motivo, el presidente del BCRA Miguel Pesce le pidió en una carta al jefe de Gobierno de la Ciudad que “arbitre los medios a su alcance para impedir la concreción de toda acción que desvirtúe, obstaculice o resulte en pugna con las políticas que lleva adelante la Institución que presido, toda vez que de no observarse tales recaudos se consumarán daños irreparables en la ejecución de la política monetaria y financiera a nivel nacional”. En la misiva Pesce pidió expresamente a Rodríguez Larreta que no aplique cambios tributarios que “distorsionan las políticas que lleva adelante el Banco Central mediante la implementación de los instrumentos”.

Quien le respondió al titular del BCRA horas después fue el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, quien afirmó que la medida cuestionada por el BCRA “es la eliminación de una exención a un impuesto vigente y por lo tanto se encuentra entre las atribuciones del gobierno de la Ciudad”. Miguel agregó que el tributo “no grava la operatoria entre el Banco Central y las instituciones, no afecta sus misiones y funciones y tampoco es una medida innovadora; ya varias provincias la llevan adelante sin que el BCRA haya tenido una reacción como la que tuvo en el día de hoy”. El ministro de Hacienda y Finanzas Martín Mura fue más allá: “Hay una idea de desfinanciar a la Ciudad”, dijo.

Con todo, hace un mes el ministro de Economía Martín Guzmán y el de Interior Eduardo “Wado” de Pedro ensayaron un primer acercamiento con Rodríguez Larreta, que rechazó la invitación a un encuentro. En las últimas horas el intento de un lado y la respuesta del otro fueron similares.

En la última misiva, Guzmán aseguró que el Tesoro Nacional transferirá a la ciudad mensualmente la doceava parte de $24.500 millones, “a cuenta del monto que finalmente acordemos”. Esto implicó que la semana pasada el Gobierno concretara una transferencia de $2243 millones “correspondientes al mes de enero de 2021 y del proporcional del mes de diciembre de 2020”.

Mientras esperan una resolución del máximo tribunal, en la Ciudad insisten: “En el resto de las cuestiones que haya vínculo Ciudad-Nación, siempre vamos a estar sentados en la mesa. Acá no hay diálogo posible”.

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