El Gobierno prorrogó hasta el 31 de marzo los beneficios en el impuesto al cheque y en el pago de contribuciones patronales para las empresas de salud que había establecido originalmente en marzo.
La medida quedó plasmada mediante el decreto 34/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial. El mismo indica que estas firmas continuarán con el pago reducido en un 95% de sus contribuciones patronales y una alícuota menor del impuesto a los débitos y créditos.
Ante la segunda ola de coronavirus, el Poder Ejecutivo resolvió dar otra prórroga de descuentos a todas las empresas y establecimientos que presten servicios sanitarios.
Por un lado, verán reducidas en un 95% sus cargas patronales, mientras que pagarán alícuotas de 2,5% y 5% del impuesto sobre los créditos y débitos (más conocido como impuesto al cheque) en cuentas bancarias y otras operatorias, respectivamente, que originalmente estaban vedadas a obras sociales.
Al igual que lo dispuesto en los decretos anteriores, será la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) quien se encargue de recopilar qué empleadores se verán beneficiados por la medida.
“Exímese, hasta el 31 de marzo de 2021 inclusive, del pago de las contribuciones patronales previstas en el artículo 19 de la Ley N° 27.541 y su modificatoria que se destinen al SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) creado mediante la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, a los empleadores y las empleadoras pertenecientes a los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud”, detalla el decreto.
Y agrega que el tratamiento diferencial será compensado con aportes del Tesoro, “con el objetivo de asegurar la sustentabilidad económica y financiera del SIPA, sin afectar con ello los haberes previsionales de sus actuales y futuros beneficiarios y futuras beneficiarias”.
La medida busca apoyar y facilitar la operación de los prestadores en el marco de la emergencia que atraviesa el sistema sanitario.
Inicialmente,cuando se lanzó la medida, el Ministerio de Economía emitió un comunicado en el que expresó que el objetivo era proteger al sistema y garantizar el acceso de toda la población a las prestaciones médicas.
En ese marco, se otorgó por 90 días un tratamiento preferencial a empleadores de las actividades relacionadas con la salud que incluyó “reducir al máximo las contribuciones patronales en establecimientos e instituciones respecto de los profesionales, técnicos, auxiliares y ayudantes que prestaran servicios en el sector”.
Cabe recordar que el sector privado de medicina, a través de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), llevó acabo medidas de fuerza en diciembre como consecuencia de la crisis que atraviesan en el contexto de pandemia.
El lunes 28 de diciembre las instituciones de todo el país reprogramaron prestaciones ambulatorias. En ese marco, reclamaron al Gobierno y a los financiadores del sistema que se otorgue un aumento en 2021 para poder sostener la estructura de costos y hacer frente a una segunda ola de coronavirus más allá de la llegada de las distintas vacunas.
“La atención de pacientes graves y de urgencias están garantizadas, como así también todos aquellos estudios que requieren una preparación previa”, dijeron desde la FAPS.
“Venimos alertando que, con aumentos de costos de más del 60%, ingresos congelados durante todo el año por parte de las Obras Sociales nacionales, provinciales, PAMI y las empresas de medicina prepaga, una fuerte presión tributaria y el fin del programa de ATP por parte del Gobierno Nacional, las empresas prestadoras de salud privada ya no contamos con el presupuesto necesario para poder brindar una normal atención”, explicaron autoridades de la FAPS.
La Federación representa a clínicas, sanatorios, hospitales privados, laboratorios de análisis clínicos, empresas de emergencias médicas, empresas de internación domiciliaria, entidades de diagnóstico y atención ambulatoria, diálisis, clínicas de salud mental y establecimientos geriátricos.
El 14 de diciembre la FAPS emitió un comunicado alertando la situación de más de 5.500 prestadores en todo el país, como consecuencia de la situación económica extrema que atraviesa el sector, provocada por un abrupto aumento de costos, ingresos congelados por parte de los financiadores y el fin de la ayuda estatal al sector salud.
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