“La norma rompió toda la relación en el mercado”, explica el diputado Alberto Asseff, autor del proyecto de ley que entró ayer a la Cámara de Diputados de la Nación con el que la oposición busca derogar la ley 27.551 que modifica al Código Civil y Comercial respecto del contrato de locación, más conocida como “ley de alquileres” que promulgó el oficialismo.
Mientras el Gobierno mantendrá por dos meses más el congelamiento de los alquileres, legisladores de la oposición elevaron un proyecto cargado de críticas a la norma que promulgó el oficialismo señalando que atenta contra la propiedad privada.
Aunque el diputado que lo presento sabe que no tendrá tratamiento legislativo hasta pasado el 1 de marzo cuando comiencen las sesiones legislativas. Y, en rigor a la verdad, ni los firmantes creen que tenga alguna viabilidad porque “el oficialismo y sus aliados bloquea los proyectos de la oposición”. Sin embargo, aseguran que lo importantes “es darle visibilidad a la discusión”.
El proyecto de ley busca llevar adelante la derogación de la norma que estableció la administración de Frente de Todos respecto a la relación contractual entre los dueños y los inquilinos, los derechos y obligaciones de ambas partes y el formato permitido para llevar adelante los desajolos por incumplimiento de los contratos, ley que en el mercado se conoce como “Ley Lipovetzky” en relación al legislador en la provincia por Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky.
Respecto al proyecto, el legislador señaló que busca derogar la ley de alquileres “y sustituirla en todo caso por lo que establece el Código Civil hasta que hagamos una nueva legislación específica que sea más moderna, que equilibre a las partes y que restaure el mercado. Pero no con intervencionismo. la regulación ayuda que no se desmadre y la intervención es un desmadre”.
Un punto fundamental que propone el proyecto, y que choca de frente con la prórroga que comunicará hoy el Ejecutivo nacional, es que para Assef y para los legisladores que acompañan con su firma el proyecto -Pablo Torello; Jorge Enríquez y Virginia Cornejo, del PRO; Gonzalo del Cerro, Lidia Ascarate y Aída Ayala, de la UCR, y Alicia Terada, de la Coalición Cívica- es que la regulación actual que prohíbe desalojar por falta de pago “suspende el derecho a la propiedad privada y así se cae toda el andamiaje jurídico y económico del país”.
A partir de esto, el proyecto promueve que la acción de desalojo se lleve a cabo por juicio sumarísimo, así como que el juez ordene la inmediata entrega del inmueble.
”Un sistema de desalojo más ágil, concreto y sencillo para otorgar mayor seguridad jurídica sobre las propiedades”, pidió el diputado macrista que asumió hace un año.
”El mercado actual demuestra un incremento exponencial de los valores de alquiler que la inseguridad jurídica y la falta de herramientas para recuperar de forma rápida y sencilla la propiedad, sumado a un sistema complejo de actualización de los costos, lleva a los locadores a cubrirse desde el día uno con un monto más alto de lo que podría costar en una situación ‘normal’, lo que redunda en una falta de oferta de bienes disponibles y su consiguiente aumento en los precios”, agregó.
Para Asseff, “hoy en día un proceso judicial por desalojo es complejo, engorroso y repleto de problemas, de forma que provocan un desgaste innecesario al propietario del inmueble y eso desalienta las inversiones y el alquiler”.
El proyecto fue presentado mientras en paralelo el Gobierno terminaba de analizar una nueva reglamentación para extender la vigencia del decreto que congela los precios de los alquileres y prohíbe los desalojo. En la oposición saben que no tiene futuro, pero aseguran que continuarán intentándolo.
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