El Gobierno duplicó en términos nominales el gasto en subsidios durante 2020 por el congelamiento de tarifas, lo que medido en términos reales representa un 30% de incremento, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Como contrapartida, los fondos para obra pública tuvieron un retroceso de 20% durante la pandemia.
De acuerdo a un estudio sobre cuentas públicas y ejecución presupuestaria a lo largo del año pasado, la OPC concluyó que los gastos primarios del Estado nacional (sin tomar en cuenta intereses de deuda) tuvieron una suba interanual real de 17%, como consecuencia de las medidas económicas que tomó el Gobierno para mitigar el impacto del coronavirus, que implicaron fondos por casi un billón de pesos.
Los fondos para obra pública tuvieron un retroceso de 20% durante la pandemia, mientras que los subsidios avanzaron un 30%.
Al analizar el detalle, la OPC estimó que uno de los ítems del gasto público que más subieron fue el de subsidios económicos. En total el Poder Ejecutivo gastó unos $580.000 millones, un incremento real de 31%. Para el sector energético (gas y energía eléctrica) el aumento fue de 35% y para el transporte público, de 17%.
La mayor parte de la suba en el gasto en subvenciones estuvo explicado por los $323.000 millones que el Estado destinó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), la compañía estatal que compra de forma mayorista el suministro a los productores. Con tarifas congeladas, las distribuidoras acumulan deudas con Cammesa y el Estado nacional debe salir a cubrir esa diferencia con subvenciones.
Esta partida de gasto tuvo un alza de 64% en términos reales, según midió la Oficina de Presupuesto del Congreso. Tal como había informado Infobae, la acumulación de pasivos de las distribuidoras a Cammesa podría representar un peligro para sus finanzas en el futuro. En el caso de Edesur y Edenor “enfrentan una delicada situación económico-financiera y queda claro que cada mes que permanece el congelamiento tarifario aumentan las deudas, aumentan las pérdidas y se reduce la capacidad de atender las inversiones necesarias a fin de mantener el servicio. En síntesis, el sistema se encamina a la cesación de pagos”, explicó en un informe reciente la consultora Econométrica.
Para el caso del gas, los subsidios del Estado son dirigidos directamente a la oferta a través del Plan Gas, que requirió fondos por $40.000 millones y que representó así un 2% de incremento real. Por el contrario, los envíos de fondos a Integración Energética Argentina (IEASA, ex Enarsa) superaron los $46.000 millones, una caída de 24% por el abaratamiento del precio de importación de gas. Las subvenciones a la demanda también cayeron un 16%.
Para el sector energético (gas y energía eléctrica) el aumento en subvenciones fue de 35% y para el transporte público, de 17%.
En el gas no existe un organismo como Cammesa que actúe de intermediario entre productoras y distribuidoras y, por ende, que pueda ser objeto de subsidios oficiales. Según Econométrica, el volumen de las deudas que las nueve distribuidoras de gas mantienen con productores ascendía con los datos disponibles a fines de 2020 a $57.436 millones.
Por último, con respecto a los subsidios al transporte público, la OPC detectó un aumento interanual de 17%, explicado principalmente por los fondos destinados al transporte automotor de pasajeros ($70.000 millones), que implicaron una suba en términos reales de 34%, mientras que las partidas para el transporte ferroviario aumentaron 3% hasta $63.700 millones.
Obra pública y deuda: cuánto ajustó el Gobierno en medio de la pandemia
La contracara del aumento del gasto en subsidios por el congelamiento de tarifas se reflejó en dos partidas que registraron recortes. El principal fue el de intereses de la deuda pública, cuyos fondos fueron un 54% menores que los de 2019 como consecuencia de la reestructuración de los pasivos en moneda extranjera, y así pesaron un 2,2% del PBI en el Presupuesto, la mitad de lo que había representado el año anterior.
La otra pata de la poda presupuestaria tuvo lugar en la obra pública. Los gastos de capital sumaron $353.000 millones en 2020 y tuvieron así una baja de 12%, aunque al analizar específicamente la inversión real directa (IRD) realizada por el Estado en 2020, el recorte es mayor. El ajuste en IRD fue de 55%, pero eso responde a que en noviembre de 2019 hubo un devengamiento de fondos por $67.200 millones por gastos realizados en años anteriores.
Los gastos de capital tuvieron una ejecución presupuestaria de 77% mientras que la de intereses de deuda fue de 63%.
Eliminando esa variable, en rigor la caída fue de casi 21%. La mayor parte de los fondos para inversión real directa se los llevó en 2020 la Dirección Nacional de Vialidad, que concentró el 60% del presupuesto, con un recorte de 14%.
En ese sentido, los gastos de capital fueron uno de los rubros con menor porcentaje de ejecución presupuestaria, con el 77% de los fondos devengados. Los intereses de deuda tuvieron incluso un nivel de aplicación menor, con el 63%. Como referencia, el promedio de todos los gastos del Estado fue de 90%.
El informe de la OPC concluyó, en este contexto, que las cuentas públicas terminaron el 2020 con un déficit primario de 7,4% del PBI –tras el 0,7% con que habían cerrado el 2019–, mientras que el déficit fiscal, es decir, sumando a la cuenta los intereses financieros, cerró el año en torno del 9,7% del PBI, casi el doble del 5% con el que había concluido el año anterior.
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