Tras haber incorporado la tarjeta de débito a sus medios de pago en los últimos años, las empresas de cobranza de servicios advierten que un cambio normativo las podría hacer retroceder a las épocas del “solo efectivo”. Desde las dos compañías líderes del sector, Pago Fácil y Rapipago, comentaron a Infobae que el plan Transferencias 3.0 del Banco Central implica una modificación de las comisiones que deben pagar a las empresas procesadoras de esas transacciones, Link y Prisma, que pasarían del 0,1% al 0,8 por ciento.
Si el plan se implementa según lo previsto, las empresas de cobranza dejarán de cobrar con tarjeta de débito, un medio de pago que hoy representa el 25% de su recaudación y que, tras el auge de pagos digitales que trajo la pandemia, podría crecer mucho más. También dejarían de entregar efectivo, lo que recargaría la red de cajeros automáticos bancarios.
“Si nosotros le cobramos el 1% a una empresa de servicios públicos para cobrar su factura, no podemos pagarle el 0,8% a la procesadora del pago. La ecuación no cierra. Si esto no se modifica, no nos va a quedar otra opción que dejar de cobrar con tarjeta de débito. Sería un retroceso, volver a un modelo anterior que nunca funcionó”, explicó a Infobae Maximiliano Babino, presidente de Pago Fácil.
En Pago Fácil estiman que entregan efectivo por $10.000 millones a través de 5.000 locales de todo el país, lo que refuerza la capilaridad de la red de cajeros bancarios
En su principal competidora, plantearon un escenario similar. “Hoy tenemos un arancel especial. Un 0,8% sería impagable. Estamos en diálogo con el Banco Central y con las operadoras para generar una solución en lo comercial. Cobrar solo en efectivo sería ir hacia atrás”, dijo Gustavo Gómez, gerente general de Rapipago y presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Cobranza Extrabancaria de Impuestos y Servicios (Caeceis).
En diciembre, el BCRA lanzó el plan Transferencias 3.0, que expandirá los pagos por código QR y las transferencias con beneficios y comisiones bajas para los comercios. El problema es que las recaudadoras están en una situación diferente. Explican que históricamente no aceptaron tarjetas de débito porque las tarjetas querían cobrarle la misma comisión que a cualquier comercio. “No somos un supermercado, que cobra por la mercadería que vende. Nosotros cobramos a nombre de otro”, argumentan. Desde 2017, el BCRA creó un sistema denominado PEI (Pago Electrónico Inmediato) que les permitió cobrar pagándole a Link y Prisma un monto fijo por operación, que ronda los 3 pesos. De ahí que el costo de procesamiento no excedía el 0,1%.
El nuevo plan reemplazó al sistema PEI y fijó comisiones del 0,8%. Todavía no están plenamente en vigencia, ya que la normativa del Central fijó un año de plazo para su implementación, que finalizará en noviembre.
¿Cómo se reparte el dinero cada vez que un usuario paga con tarjeta de débito una factura de un servicio público en Pago Fácil o Rapipago u otra empresa de cobranza? El usuario paga solamente lo que dice la factura, sin recargo alguno. La empresa de servicios (desde distribuidoras de luz o gas hasta colegios privados) le paga a recaudadora una comisión que va del 0,5% al 1% del monto cobrado. De ese monto, Pago Fácil y Rapipago deben pagar aproximadamente $3 por transacción a Link o Prisma, además de otros gastos, como el alquiler de las terminales POS. Si ese costo sube al 0,8%, se lleva toda su ganancia.
Si bien en el mercado de medios de pago hay coincidencias de que el plan Transferencias 3.0 ayudará a desarrollar el negocio para reducir el uso del efectivo, su implementación no va a estar exenta de dificultades. Una de ellas es la objeción de Visa, que rechaza que los pagos vía transferencia (como los que reciben las empresas de cobranza) se hagan usando sus tarjetas de débito pero no a través de sus sistemas.
Por tal motivo, Visa y los bancos que emiten sus tarjetas establecieron topes que impactaron en Rapipago y Pago Fácil. Desde diciembre, el límite para pagar facturas con tarjeta de débito es de $8.000 y para extraer efectivo es de $15.000. Ese primer escollo ya tuvo una primera corrección. Según contó Gómez, en los últimos días gran parte de los bancos decidió aumentar ambos topes a $20.000, lo que significó un alivio para las recaudadoras, aunque no una solución definitiva. Hasta diciembre, el tope para pagar una factura era de $80.000 y para retirar efectivo de 50.000 pesos.
En Pago Fácil estiman que entregan efectivo por $10.000 millones a través de 5.000 locales de todo el país, lo que refuerza la capilaridad de la red de cajeros bancarios. Por este servicio, las recaudadoras no cobran nada, pero no lo hacen gratis. Entregar el cash a los usuarios les reduce una enorme cantidad de costos operativos que implicaría llevar esos billetes a un banco.
Entregar el cash a los usuarios les reduce una enorme cantidad de costos operativos
Desde Caeceis, que además de Rapipago y Pago Fácil integran otras empresas como Cobro Express, Bica Agil, Multipago, Plus Pagos, Pronto Pago, Ripsa y Provincia Net, admiten que hay “mesas de trabajo” con el BCRA y los bancos para llegar a una solución por la vía comercial, fijando una comisión similar a la que hoy se paga, o bien por la vía regulatoria. Cobrarle un recargo al usuario, no es una opción. “La renovación tecnológica es una forma de camuflar el regreso del modelo anterior al PEI. El modelo actual, en cambio, hizo que se masificara el uso de la tarjeta de débito y que se reduzca el uso del efectivo”, apuntó Maximiliano Babino.
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