Idas y vueltas con las restricciones para exportar maíz, un nuevo paso en falso del Gobierno en su relación con el campo

En el terreno de la política agropecuaria, el Gobierno de Alberto Fernández volvió a retroceder. Fueron días de tensión con medidas que se anunciaron e implementaron, pero que quedaron sin efecto ante el rechazo de los dirigentes, productores y sectores de la sociedad.

En junio de 2020 la administración nacional decidió intervenir y expropiar la agroexportadora Vicentin, que se encuentra en concurso de acreedores con una deuda superior a los 1.000 millones de dólares. Ante una movilización ciudadana en diferentes puntos del país, a pesar que hay un reclamo del campo de que la empresa pague la deuda que tiene con sus acreedores, la bandera de la protesta fue una férrea defensa de la propiedad privada. Alberto Fernández escuchó el reclamo y decidió dar marcha atrás.

A finales de diciembre pasado, el ministerio de Agricultura, a cargo de Luis Basterra, publicó un comunicado anunciando el cierre temporario de las exportaciones de maíz hasta el 1° de marzo. La respuesta de un sector de la Mesa de Enlace fue iniciar una medida de fuerza de tres días que finaliza hoy a la medianoche y todo indicaría que no habrá una extensión de la misma. Frente a esto y al rechazo generalizado que había tenido la decisión de la cartera agropecuaria, hasta inclusive de sectores que podrían beneficiarse de la misma, ayer se anunció la eliminación de las restricciones a las exportaciones de maíz.

Así, suman dos las marcha atrás de la actual coalición de Gobierno en temas importantes vinculados con el campo en apenas un año de gestión.

Fue muy grande el malestar que generó el cepo al maíz entre dirigentes y productores. Nadie entendió el motivo que llevó a Basterra –al Gobierno de Fernández– a tomar una decisión que fue considerada innecesaria, ya que las estadísticas privadas y hasta públicas, reflejan que hay maíz suficiente para abastecer el mercado interno hasta el momento en que comience a ingresar el grueso de la cosecha de la presente campaña.

Después de la marcha atrás de ayer y en medio de una protesta de los productores, la gestión del ministro de Agricultura sigue sumando cuestionamientos. Ayer fuentes del sector no descartaban que sea Basterra quien en algún momento tenga que pagar el costo político de lo que sucedió en todos estos días, en medio de una situación que mostró improvisación, desinformación y hasta ganas de confrontar con el campo al lanzar una apertura parcial de las ventas al exterior de maíz, el lunes, minutos después del inicio del cese de comercialización de granos. La medida continuará todo el miércoles a pesar de la marcha atrás oficial.

Las negociaciones para que el ministerio de Agricultura retrocediera con el cierre de las exportaciones de maíz que se había anunciado el pasado 30 de diciembre, tuvo como protagonista en los últimos días a la Mesa Intersectorial del maíz, conformada en el ámbito del Consejo Agroindustrial Argentino, desde donde también se acordó con los funcionarios realizar un monitoreo del saldo exportable del cereal para llegar al empalme de cosecha sin tensiones.

La aparición en escena del Consejo Agroindustrial en la búsqueda de una salida al conflicto, no hizo más que ratificar que muchos funcionarios del actual Gobierno se sienten más cómodos y a gusto dialogando con este espacio conformado por más de 50 entidades de la cadena agroindustrial, que con la Mesa de Enlace, una entidad que también tuvo posturas divergentes hacia adentro, más allá del apoyo de las bases de productores, sobre todo de los autoconvocados.

Son los sectores de autoconvocados que piden que las tres entidades de la Mesa de Enlace que integran el Consejo Agroindustrial se retiren del mismo, ya que consideran que hasta el momento los logros fueron más para los exportadores e industriales que para el sector primario.

Y proyectando el mediano y largo plazo en la búsqueda de soluciones a los problemas de competitividad del campo y la agroindustria, el conflicto por las exportaciones de maíz demostró que el Consejo y la Mesa de Enlace hasta podrían complementarse muy bien al momento de negociar con el Gobierno: las entidades del campo cumpliendo su rol gremial, junto a las bases de productores y el Consejo Agroindustrial, haciendo su aporte desde lo institucional y fortaleciendo el diálogo con los funcionarios, a partir de la buena llegada que hay con muchos de ellos.

Todo esto último va a depender de los dirigentes que integran ambos espacios. Deberán quedar atrás las diferencias y dudas, que son muchas y en algunos casos muy profundas. El objetivo a trazar será a partir de una mejor relación con el Gobierno, evitar los conflictos y que los fantasmas de medidas del pasado, como circularon y siguen circulando en diferentes rincones del país, queden a un costado y haya reglas claras de juego y previsibilidad. Muchos consideran difícil la misión, pero no imposible.

El campo y la agroindustria, a partir de la crisis generada por el cepo a las exportaciones de maíz, tendrán que enfrentar los problemas que aún quedan sin resolver, en medio de una situación climática compleja por la ausencia de precipitaciones en momentos que son determinantes en la actual campaña agrícola.

En la recorrida que Infobae realizó ayer por los diversos lugares de protestas en medio del cese de comercialización, los productores reiteraron los problemas que hasta el momento no fueron solucionados. Muchos de ellos que ya llevan varios años de duración y que impiden construir confianza en un sector que es determinante en lo relacionado a la inversión y generación de divisas.

Las retenciones, desdoblamiento cambiario, inseguridad rural, proyectos de Ley en el Congreso que limitan a la producción, el avance sobre la propiedad privada, y la toma de tierras, son para los productores un freno para que el campo pueda mostrar todo su potencial.

Quiebre

La decisión del ministerio de Agricultura generó un quiebre en la dinámica que venía teniendo la relación del sector con el Gobierno. Y no es que la relación haya sido buena antes de esta decisión, pero esta medida produjo una fractura que puso en real peligro el aprovechamiento del principal activo económico con el que el Gobierno va a contar para hacer frente a un 2021 que tendrá aún pandemia y estratégicas necesidades electorales.

“El comienzo del año electoral y la necesidad de alinear las variables económicas más críticas para los votantes (precios de alimentos, tarifas, salarios y jubilaciones) llevó al Gobierno a cometer un grosero error de cálculo a la hora de tomar la decisión de intervenir el mercado del maíz: no dimensionó el enojo del sector que sobrevino luego de la decisión. Hoy el Gobierno está mostrando una flexibilidad que disiente de las rigideces de los errores del pasado”, planteó Lucas Romero, analista de AmplificAgro.

Para Romero el proceso de revisión de la medida por parte del ministerio de Agricultura “muestra grandes conclusiones para entender la dinámica que está adquiriendo la relación entre el Gobierno y el campo. Desde la administración de Alberto Fernández sienten que no están para peleas del pasado, porque las dificultades del presente no dan margen para ello. Y que el gobierno haya sido sensible para darse cuenta de esto, y haya revisado en parte la media original, debería ser una buena noticia, porque queda claro que hay un interés de diferenciarse de los conflictos del pasado”, señaló.

Y agregó: “El enojo de todo el sector, incluyendo no solo aquella parte del sector que ha venido siendo mas combativo con el gobierno, sino de aquella otra parte del sector que le propuso al gobierno una relación más colaborativa y no confrontación, alertó al Gobierno que en este tema podría encontrarse, sino con una 125, al menos con el inicio de un conflicto que lo podía llevar a un escenario contrario al buscado con la decisión que motivó el conflicto: la de garantizar abastecimiento para evitar suba de precios en los alimentos”.

Por último, Romero sostuvo que “un desaire al Consejo Agroindustrial, hubiera sido un ‘tiro en el pie’ a la estrategia que el Gobierno diseñó para relacionarse con un sector en el que, a los ojos del Gobierno, se anida buena parte de la oposición política. Por el contrario, si ‘mataba’ al Consejo como interlocutor no dándole soluciones, el Gobierno hubiera estado fortaleciendo a la Mesa de Enlace, la instancia de representación institucional del sector que el Gobierno ha querido evitar desde un comienzo”.

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