Uruguay sigue ampliando sus beneficios para atraer nuevos residentes fiscales. Ahora avanzó en un nuevo esquema con el que busca dar más ventajas a aquellos que decidieron mudar su residencia tributaria al país en forma previa a la puesta en marcha de los 10 años de “vacaciones fiscales”. El gobierno de Luis Lacalle Pou igualó las condiciones de los “viejos” residentes fiscales con los que se acaban de mudar, ya que definió una ampliación del programa de “vacaciones fiscales” para los primeros.
La última norma que se estableció al respecto es la extensión por 10 años de lo que se denomina “vacaciones fiscales” en donde se eximía del pago del Impuesto a la Renta de Personas Físicas –IRPF– por las rentas pasivas obtenidas en el exterior por los ejercicios fiscales de los próximos 10 años u optar por tributar el IRPF por los rendimientos de capital mobiliario del exterior desde el ejercicio en que se adquiere la residencia fiscal, y en forma indefinida (salvo eventual cambio legislativo), a la tasa del 7%. La tasa general del IRPF para este tipo de rendimientos es del 12%.
Para poder acceder a este beneficio hay que hacer la residencia fiscal y, para ello, la norma también fue modificada. Sólo hace falta la compra de una propiedad de alrededor de 380.000 dólares o la puesta en marcha de una empresa que contrate 15 empleados. Además, se requiere permanecer 60 días al año en Uruguay.
Pero estos cambios rigen desde septiembre del 2020. Con la idea de igualar a quienes se hicieron residentes fiscales con anterioridad –cuando existían mayores exigencias, como por ejemplo la compra de una propiedad de más de USD 3 millones– el gobierno de Uruguay dispuso que aquellos puedan extender las “vacaciones fiscales” por 10 años más.
Las medidas forman parte de las políticas que implementó la administración de Luis Lacalle Pou de fomento de Uruguay como estrategia de reactivación y búsqueda de capital productivo, con el fin de torcer algunas estadísticas que empiezan a mostrar datos negativos. Aunque no transita una crisis económica, el país ya anunció días atrás que este año no podrá cumplir con las metas fiscales previstas para este año como consecuencia de los gastos que tiene que afronta Uruguay para combatir el covid-19.
Asimismo, las estimaciones para el vecino país es que el cierre de las fronteras impactará de manera negativa en sus ingresos. La administración uruguaya estima que se perderán USD 600 millones como consecuencia de la ausencia de turistas.
La medida que busca atraer a empresarios y residentes de otros países en el caso de la Argentina ha generado más expectativa que realidad. Según datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para finales de 2020 sólo hubo 229 contribuyentes argentinos que se radicaron en Uruguay. Muchos de los cambios se aceleraron a medida que avanzó el tratamiento parlamentario del “impuesto a la riqueza” frente al temor de ser alcanzados por ese tributo.
Un dato no menor y que había confirmado el especialista impositivo César Litvin a Infobae es que “la Argentina y Uruguay tienen firmado un convenio para evitar la doble imposición”, por lo que si hay una disputa entre ambos países por un contribuyente, él mismo puede decidirse a través de las reglas del desempate del artículo 9 del convenio, que define la residencia para el país que posea el domicilio efectivo.
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