Si algo demostró la pandemia es que países como la Argentina están en una situación mucho más desventajosa que el mundo desarrollado para enfrentar una pandemia. La economía terminó con una caída superior al 10% y la emisión monetaria impulsó un 110% el dólar en el mercado informal, subiendo la pobreza al 45%. Con semejante impacto, no es extraño que el mismo Gobierno que decidió una rápida y estricta cuarentena en marzo del año pasado ahora presente dudas sobre qué camino tomar a partir de la suba de casos de contagio y el riesgo latente de una segunda ola de Covid-19 en el país.
El primer dato para tener en cuenta sobre el impacto en la economía que produciría una nueva cuarentena o algo parecido a un cierre total de la economía es que el Presupuesto 2021 no incluyó partida alguna previendo esta casi inevitable “segunda ola”. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que tuvo un efecto paliativo en los sectores más afectados por la imposibilidad de tránsito, fue eliminado totalmente. Y en el caso de las empresas, los ATP para pago de sueldos fueron reemplazados por el Repro II, un programa que establece el pago de salarios hasta un máximo de $ 9.000 por empleado de empresas que atraviesen un contexto crítico.
El Presupuesto 2021 se hizo en base al cálculo de una recuperación económica del 5,5%, pero varios economistas calculan que en realidad ese rebote podría estar en torno del 6% e incluso del 7%. En la medida que haya una vuelta atrás en las aperturas esas proyecciones serán más difíciles de cumplir.
El 2021 ya arranca en un contexto delicado para la economía argentina, con un tipo de cambio libre que subió 110% el año pasado, inflación contenida y la proyección de un elevado déficit fiscal. Volver atrás con la apertura de actividades echaría más nafta al fuego a estas presiones
Por lo tanto, si las medidas restrictivas vuelven a afectar sectores productivos (ya sea comercios, industrias pero también cuentapropistas) sería inevitable recurrir a mayores recursos para hacer frente a ese impacto. El problema es que no hay de dónde conseguir ese financiamiento. La única opción sería más emisión monetaria, es decir recurrir a una receta similar a la del 2020, ya que el mercado de capitales sigue prácticamente cerrado para la Argentina. Claro que el espacio para hacer algo similar a lo del año pasado es mucho menor. Sería impensable que el Banco Central emita pesos por el equivalente a más de 7% del PBI, en medio de fuertes presiones cambiarias y de inflación contenida.
Al Tesoro le queda la posibilidad de financiar parte de ese gasto en el mercado local, lo cual viene haciendo desde el año pasado, pero la capacidad de los inversores para comprar deuda en pesos es también limitada.
Los países más desarrollados ya aprobaron millonarios recursos para enfrentar la “segunda ola”. Es el caso de Estados Unidos, cuyo Congreso le dio el visto bueno hace un par de semanas un nuevo plan de estímulo por nada menos que 900.000 millones de dólares. También en Europa hubo nuevos planes de impulso masivo a la actividad. Pero en el caso argentino es mucho más compleja la opción de volcar recursos millonarios para amortiguar la caída de la economía ante un nuevo cierre.
No es difícil imaginar el “efecto dominó” que generaría un nuevo cierre de la economía, aunque sea parcial. Inevitablemente habría mayor emisión monetaria para financiarlo y por ende más pesos que presionarían sobre el tipo de cambio
Con elecciones legislativas que serán claves en octubre, Alberto Fernández está obligado a manejarse con extrema cautela. Por algo ya no repitió, como lo hacía permanentemente en la primera etapa de la cuarentena, que “la salud importa más que la economía”. Habiendo dejado atrás aquel falso dilema, ahora la premisa parece pasar por reducir el impacto sanitario de un rebrote del virus, pero prestando especial atención al impacto en los bolsillos. Además, se toparía con fuerte resistencia del público en general, ya sea consumidores, comerciantes o industriales.
No es difícil imaginar el “efecto dominó” que generaría un nuevo cierre de la economía, aunque sea parcial. Inevitablemente habría mayor emisión monetaria para financiarlo y por ende más pesos que presionarían sobre el tipo de cambio. La brecha cambiaria ya aumentó al 100% entre el dólar oficial y el libre en 2020 y el riesgo de que se siga agrandando no está descartado ni mucho menos.
El déficit fiscal primario -que se estima en un elevado 4,5% del PBI este año- crecería inevitablemente y también presionaría sobre la inflación, lo que iría contra el plan del Gobierno de contener los precios todo lo que sea posible. Uno de los objetivos principales que trazó la propia Cristina Kirchner en el acto de La Plata hace un par de semanas fue que los salarios y las jubilaciones estén alineados con el aumento de precios de alimentos y tarifas. Este delicado equilibrio, ya difícil de conseguir en una situación relativamente normal se volvería mucho más improbable en caso de una vuelta atrás en la apertura de actividades.
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