La deuda “invisible”: el Gobierno deja para 2021 pagos atrasados por casi $300.000 millones

La ejecución del gasto público de este año, que experimentó un fuerte aumento por las medidas que tomó el Gobierno en el marco de la pandemia, dejará hacia fin de año una cuenta pendiente a pagar de unos $300.000 millones que el Estado nacional adeuda a proveedores, gobiernos provinciales o municipales y fondos fiduciarios, entre otros.

Se trata de una deuda “invisible”, que no es tomada en cuenta en las estadísticas de deuda pública del Tesoro pero que los analistas suelen llamar “flotante”. Son cuentas que fueron devengadas (es decir, que existe la orden de pago por parte del Ejecutivo para saldarla) pero cuyo giro de fondos todavía no fue concretado.

De acuerdo a datos de la Tesorería General de la Nación a los que Infobae tuvo acceso, hacia noviembre el Estado nacional contaba con una deuda exigible (flotante) de casi $270.000 millones. Por la aceleración del gasto público que se da cada diciembre por cuestiones estacionales (por ejemplo, para el pago de salarios), esos pasivos “invisibles” podrían superar los $300.000 millones cuando termine este año.

En términos generales, los procesos de gestión del gasto del Estado en cuestiones como contrataciones y compras públicas suelen incluir un plazo entre que se genera la obligación del pago y que efectivamente se giran los fondos. La deuda “flotante” refiere a ese paréntesis entre que una obligación de pago fue “confirmada” pero no cancelada. Puede incluir órdenes de pago vencidas o no.

“La presencia de restricciones fiscales y dificultades de acceso al crédito generan incentivos para recurrir a la deuda flotante como fuente alternativa de financiamiento, demorando intencionalmente los pagos de bienes y servicios adquiridos por el gobierno para su funcionamiento”, explicó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en un informe reciente.

Según los datos de la Tesorería, entre octubre y noviembre la deuda flotante del Ejecutivo nacional aumentó casi 45% entre los $186.000 millones y los $269.000 millones de la última actualización. De todas formas, no se trata de un proceso lineal, ya que los pasivos “invisibles” habían alcanzado picos cercanos a los $200.000 millones en abril y septiembre.

Según la OCP, la mayor parte de la deuda flotante que acumula este año el Estado correspondió a erogaciones en concepto de transferencias, que incluyen transferencias a gobiernos provinciales y municipales, empresas privadas, universidades nacionales, empresas públicas no financieras, fondos fiduciarios, y jubilaciones y pensiones.

La deuda flotante que pasa de un ejercicio fiscal a otro no es una novedad para la administración pública nacional. En 2013 los pasivos arrastrados hacia 2014 totalizaron $47.000 millones, lo que representó en ese entonces un 1,4% del PBI. Desde ese año la deuda exigible fue paulatinamente en baja y desde 2016 fue menor al 1% del PBI.

A diferencia de la deuda flotante, los pasivos públicos generales son incluidos en los informes trimestrales que realiza la Secretaría de Finanzas. Por segundo mes consecutivo, en noviembre volvió a desacelerarse el ritmo de crecimiento de la deuda bruta de la Administración Central, apenas USD 223 millones, en contraste con USD 960 millones en octubre y USD 2.768 millones en septiembre.

Con esos movimientos, al cierre de noviembre la deuda pública ascendió a USD 333.368 millones, aumentó en USD 20.070 millones en comparación con el nivel previo al cambio de gobierno.

Consecuencias de acumular deuda flotante

Según la OPC, la generación de deuda exigible puede derivar en problemas para la normalidad de los procesos de contrataciones y de compras públicas. Incluso es un problema que suele tomar en cuenta el Fondo Monetario Internacional a la hora de establecer programas de financiamiento.

“La acumulación excesiva de pagos atrasados genera consecuencias negativas para las operaciones del gobierno y para el funcionamiento de la economía. En primer lugar, aumenta los costos de provisión del gobierno, en la medida en que los proveedores y contratistas incrementan los precios de referencia que ofrecen al sector público con el fin de mitigar los riesgos y el costo de oportunidad de una eventual demora excesiva en el cobro”, explicó el organismo.

“Adicionalmente, lleva al gobierno a obtener condiciones de contratación menos favorables, como fruto de las conductas defensivas de los proveedores para tratar de asegurarse el cobro, y puede desincentivar a proveedores competitivos de participar en concursos y licitaciones públicas”, continuó.

“Las demoras en los pagos pueden repercutir sobre la liquidez de los proveedores y contratistas, afectar el resto de sus actividades y proyectos, generar presión sobre los mercados de crédito, en la medida que deban recurrir a financiamiento bancario, e incluso llevarlos a retrasar sus pagos de impuestos”, apuntó la OPC.

Este tipo de deudas “invisibles” suelen ser tenidas en cuenta por el FMI. El último acuerdo stand-by firmado en 2018 por el Gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario incluyó metas de reducción de pasivos flotantes.

“Por sus potenciales impactos sobre la ejecución y efectividad de la política fiscal y sobre la hoja de balance del sector público, el control y la regularización de pagos atrasados son aspectos habitualmente abordados en los programas respaldados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La gran mayoría de los programas aprobados en las últimas décadas incluyeron metas estructurales o criterios cuantitativos asociados a pagos atrasados”, explicó la OPC.

Seguí leyendo: