La negociación que viene: cinco claves del acuerdo que la Argentina buscará con el Fondo Monetario Internacional

A fines de octubre, tras el peor momento de la crisis cambiaria, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se convenció a sí mismo y al gobierno de la necesidad de acordar un programa con el FMI, refinanciar la deuda con el organismo y mostrar un sendero fiscal y monetario que genere confianza y siente las bases de una eventual recuperación de la economía. Con la visita en noviembre del FMI apuró los tiempos, pero al final aceptó que un acuerdo sería posible recién hacia marzo o abril de 2021.

La fragilidad de la actual pax cambiaria, la escasez de reservas y un vencimiento con el Club de París están detrás del “timing”, primera clave de la negociación en curso. Las otras son la inclusión o no de reformas estructurales, las metas fiscales, el pedido o no de fondos frescos y la política monetaria y el esquema cambiario a aplicar. Sobrevuelan esas cuestiones la incertidumbre sobre los alcances y efectos de la pandemia de coronavirus y el clima político, tanto por las diferencias en la coalición oficialista como por el rol de la oposición, dada la pretensión de Guzmán de que el acuerdo sea aprobado por el Congreso de la Nación. He aquí un repaso a esos cinco elementos.

Timing y política

“La negociación parece congelada”, señaló a Infobae un exfuncionario de larga trayectoria en el FMI. No es por falta de voluntad de Guzmán, que envió a Washington una misión encabezada por el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, ni del staff del Fondo, sino por los mensajes que emite la Argentina. “Todas las cartas que muestra el Gobierno son una nueva frustración; la propia Kristalina Georgieva (directora del FMI) dijo que negociarán todo el tiempo que sea necesario, pero que la Argentina debe definir lo que quiere”, señaló la fuente.

“El decreto que congela tres meses más las tarifas de servicios públicos tira la negociación para atrás, porque obviamente aumenta el déficit fiscal”, ejemplificó.

El objetivo de acordar en marzo se debe a que en abril la Argentina tiene que afrontar un fuerte vencimiento con el Club de París. Al 31 de diciembre de 2019 la suma era de USD 2.198 millones.

“Con intereses corridos al 9% anual, en abril serán unos USD 2.400 millones”, dijo a Infobae el economista Marcos Ochoa, Director del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y coautor de un trabajo sobre las relaciones argentinas con el Club, suerte de coordinador de países acreedores. Con 30 días de gracia, el plazo para esa cuota se estira a fines de mayo, precisó Ochoa. La Argentina –dijo– no está en condiciones de pagarla, y sin acuerdo con el FMI es difícil refinanciar con el Club de París, cuyos principales socios (Japón y los más grandes países europeos) también tienen peso en el directorio del Fondo.

“No estoy seguro de que el acuerdo esté para marzo o abril. Las dos partes quieren acordar: la Argentina es el deudor principal del FMI, le debe tanto como los siguientes cinco deudores (Egipto, Ucrania, Pakistán, Grecia y Sudáfrica) pero eso no implica que el FMI vaya a aceptar cualquier cosa”, dijo Héctor Torres, exrepresentante argentino (durante las gestiones ministeriales de Roberto Lavagna y Alfonso Prat Gay) en el directorio del organismo. Según Torres, la Argentina y el FMI son “rehenes mutuos”, pero no simétricos. “Tenemos una Pax Cambiaria precaria y el vencimiento con el Club de París; condicionar la negociación a un default es como amenazar con un suicidio; el interés por acordar es mutuo, pero la urgencia es nuestra”, señaló.

Sobre la idea de Guzmán de someter el acuerdo al Congreso, el exfuncionario del Fondo que habló con reserva de su nombre señaló que no es algo a lo que el FMI se oponga, pero –enfatizó– el responsable del acuerdo es el Ejecutivo y, en especial, el propio ministro. “Los que firman son él y el presidente del BCRA”, recordó. Torres dijo en cambio que al Fondo le cae muy bien que el acuerdo pase por el Congreso, porque para un programa a 5 años con plazos de repago de hasta 10, como busca Guzmán, es clave el consenso político.

Pero no será sencillo. Además de las diferencias de la coalición oficial (evidenciada en la carta de los senadores kirchneristas al Fondo, las intervenciones públicas de Cristina Kirchner y las medidas tarifarias) está la grieta entre el Gobierno y la oposición. Al respecto, un reciente documento presentado al FMI (y al BID, el Banco Mundial y la OCDE) por la ONG “Será Justicia”, de claros nexos con Juntos por el Cambio (la vice de la ONG, María Eugenia Talerico, fue la segunda de la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri) muestra que el “consenso” que quieren Guzmán y el FMI es espinoso.

El escrito, de 68 páginas, que hace un exhaustivo repaso de causas de corrupción vinculadas a la vicepresidente Cristina Kirchner y de acciones del gobierno para –afirma– controlar la Justicia y procurar impunidad, dice en un pasaje que “la reestructuración de la deuda argentina no puede focalizarse sólo en metas macroeconómicas dejando de lado los compromisos de respeto a la institucionalidad, el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción”. Por eso, la ONG le pide al FMI que en el trato con la Argentina insista en “la lucha por la vigencia del Estado de Derecho y el fortalecimiento de las instituciones que deben investigar y juzgar los casos de corrupción, a fin de que concluyan los juicios y se resuelvan definitivamente, imponiéndose –en su caso- sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas”.

“Para hablar de corrupción, el FMI usa el eufemismo ‘calidad institucional’; me sorprendería que no figurara algo así en un programa de largo plazo y de tanta envergadura como el que quiere la Argentina, pero el Fondo se va a cuidar de no verse envuelto en una interna política”, dijo Torres, quien recordó que el organismo frenó desembolsos a Ucrania por diferencias en torno a un Tribunal contra la Corrupción. La cuestión llevó, entre 2018 y 2019 a una pulseada e intercambio público con el entonces presidente ucraniano, Petrós Poroshenko.

El exfuncionario también recordó el caso ucraniano y mencionó que el programa acordado en 2018 con el gobierno de Macri ya incluía medidas para mejorar la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero. “La Argentina va a tener la presión de EEUU y del Fondo, pero si los pecadillos en materia en esa área son capaces de romper un acuerdo dependerá mucho de la política y de lo fastidiados que estén los principales socios”, señaló.

A instancias del Fondo (que tuvo el respaldo inicial de la administración Obama) hace poco más de un año un “Alto Tribunal contra la Corrupción” fue instituido en Ucrania y ya emitió 17 sentencias, la mayoría de ellas de culpabilidad. Si bien hasta ahora las condenas han sido de funcionarios de relativamente bajo rango, los condenados empiezan a ser más importantes. El condenado más reciente, a cuatro años de prisión, es Oleksandr Levkivsky, equivalente de lo que en la Argentina sería el titular de Parques Nacionales, por cobrar coimas a cambio de permisos espurios del uso de tierras públicas.

Además, el lunes pasado el directorio del FMI aprobó la primera revisión y desembolso (USD 2.000 millones, de un total de USD 6.500 millones en 27 meses) del acuerdo de “Facilidades Extendidas” con Ecuador, el mismo tipo que pretende Guzmán, y en un comunicado recordó el compromiso del gobierno de ecuatoriano de introducir “enmiendas a su código penal, para criminalizar la corrupción y alinear sus leyes con las mejores prácticas internacionales”.

A su vez, este miércoles, en una entrevista con el Financial Times, el principal candidato de oposición para las próximas elecciones presidenciales, el candidato bolivariano Andrés Aráuz, protegido del expresidente Rafael Correa, exiliado en Bélgica y con sentencia de prisión por corrupción en su propio país, dijo que de ganar las elecciones denunciará el acuerdo con el Fondo.

Metas fiscales

Normalmente, son el aspecto central de los programas del Fondo, al punto que en Washington es una frase remanida decir que sus siglas en inglés, IMF, quieren decir “It’s Mostly Fiscal” (es mayormente fiscal). Pero en el marco Covid la regla fiscal pierde jerarquía. “Georgieva dijo que los gobiernos gasten lo que sea necesario para combatir la pandemia, pero que guarden las facturas, y también diferenció a países con espacio fiscal y aquellos que no lo tienen, como la Argentina”, señaló Torres. De hecho, dijo el exfuncionario, el déficit primario de la Argentina este año (cerca de 7% del PBI) es bajo comparado con los de otros países de la región y de países desarrollados. Según Torres, “el problema es que no tenemos crédito y financiamos casi todo con emisión”. Por eso, prosiguió, sería esperable que un eventual acuerdo tenga metas fiscales fijas a mediano y largo, pero flexibles a corto plazo, dada la incertidumbre sobre la pandemia. Sin esa flexibilidad, argumentó, en cada revisión trimestral podría plantearse la necesidad de “dispensa” (waiver) de metas por parte del directorio, lo que generaría “fatiga política” y diluiría el rol de catalizador y generador de confianza que se busca al acordar con el FMI.

Para el ex “staffer” del Fondo, el aspecto fiscal es muy difícil de evaluar, por los contradictorios mensajes de Buenos Aires y la incertidumbre del “gasto Covid”. Si hubiera rebrote, señaló, no sería recomendable hacer recortes fiscales en plena recesión y con gente encerrada en sus casas por temor a la pandemia. “Aquí –dijo, por EEUU, como contraejemplo- acordaron un nuevo paquete de USD 900.000 millones y ya empezaron a vacunar; la Argentina ya no tiene IFE ni ATP y aún no empezó a vacunar, un recorte fiscal en pleno rebrote sería insostenible”.

“El FMI podría ser más laxo. Entiende que no tenés espacio para un apretón fiscal, pero a largo plazo necesitás consolidación. Fijate que en el programa con Ecuador fijaron un objetivo de 4,5% de superávit fiscal para 2025, y ellos tienen menos deuda que nosotros”, dijo Daniel Artana, economista jefe de FIEL.

Reformas estructurales, ¿sí o no?

Hace dos semanas, en una entrevista radial, Guzmán dijo que la Argentina aspira a un “Acuerdo de Facilidades Extendidas” (EFF, según sus siglas en inglés) “porque el período de repago es más largo; sobre las así llamadas reformas estructurales, hoy no se está discutiendo. Ni siquiera se les está dando ese nombre”. De todos modos, Guzmán admitió que “la Argentina tiene problemas estructurales clarísimos”.

Según Torres, se trata de una obvia declaración política. “Lo que pasa es que en la Argentina tenemos problemas con las palabras: ‘ajuste, reformas estructurales’ son palabras prohibidas”, dijo el exdirector por la Argentina en el directorio del Fondo. “El EFF es para financiar reformas estructurales, no para otra cosa: para que países con problemas periódicos de balanza de pagos y bajo crecimiento afronten los costos de corto plazo de reformas que necesitan hacer; por ejemplo, la reforma previsional”. Torres explicó que el tema no es la fórmula de movilidad, pues ninguna hará que la Anses deje de ser deficitaria. La cuestión de fondo, señaló, es que solo 20% de la población en edad de trabajar aporta al sistema, lo que remite al problema laboral, vinculado a su vez a un sistema impositivo que desalienta la inversión y la creación de empleo en blanco. “Ahí tenés al menos tres reformas: impositiva, previsional y laboral, así que diga lo que diga Guzmán, reformas estructurales va a haber, si no, no habrá EFF”, enfatizó Torres. Por otra parte, concluyó, es una oportunidad para la Argentina: intentar dejar atrás, con consenso político, ese “país tan raro” en que las cosas parecen cambiar mucho en 20 días, pero nada en 20 años, en una sucesión de políticas económicas erráticas y crisis recurrentes. Además, añadió, le permitiría acceder a la “fiesta” de las tasas de financiamiento internacional más bajas en décadas, que aliviarían la tarea del Banco Central como casi exclusivo financista del Tesoro.

Fondos frescos, ¿sí o no?

Antes de asumir, Alberto Fernández decía que no pediría fondos al FMI. “Yo quiero dejar de pedir y que me dejen pagar”, señalaba, desechando la posibilidad de acceder a los cerca de USD 13.000 millones pendientes del acuerdo que el gobierno de Macri había firmado en 2018.

Ahora, sin embargo, con el BCRA exhausto de reservas, al punto que, según algunos consultores, las reservas netas líquidas del BCRA son ya negativas, el panorama cambió. Tanto Guzmán como el representante argentino en el FMI, Sergio Chodos, no admiten ni descartan que el nuevo acuerdo, además de aparear los vencimientos que la Argentina tiene con el organismo a partir de septiembre de 2021 con “desembolsos”, o más bien asientos contables que eviten que la Argentina le defoltee al FMI, incluya al principio algunos “fondos frescos”, dinero contante y sonante para fortalecer las reservas del BCRA y afrontar en mejores condiciones un segundo round con el coronavirus.

“El Fondo tiene líneas de emergencia que Argentina no usó. Aparte del EFF, podría pedir un Rapid Financing Instrument”, dijo Torres, en referencia a la línea inaugurada por el Fondo en abril, con un límite inicial de 100% de la cuota-parte de cada país en el organismo y que muchos ya solicitaron. En el caso argentino, el límite serían unos USD 4.600 millones (cuota de 3.187 millones de Derechos Especiales de Giro, DEG, la “moneda” del Fondo, a 1,44 dólares por DEG) que podría luego estirarse hasta casi USD 6.900 millones (150% de la cuota).”Más allá de que el objeto de esta ayuda debe estar ligada al combate a la pandemia, dijo Torres, “el dinero es fungible y una entrada de divisas puede ser indirectamente a cambio de un gasto de dinero local”.

En el caso argentino pesa además que el país ya es el principal deudor del organismo; el pedido del RFI activaría una evaluación política. El confuso episodio en el que el canciller Felipe Solá dijo, para ser desmentido por Guzmán y el propio Alberto Fernández, que éste le había dicho al presidente electo de EEUU, Joseph Biden, que el representante de EEUU en el directorio, Mark Rosen, ponía piedras en el camino, no ayuda. Un insider recordó a Infobae que Mark Sobel, el representante de EEUU en el FMI durante la gestión Obama, lo fue sin acuerdo legislativo. Su rol en el diseño de las “Cláusulas de Acción Colectiva” le había ganado la inquina de los inversores “buitre” y el pedido de uno muy prominente, Paul Singer, para que la mayoría republicana en el Senado no aprobara su designación. Obama entonces lo designó “en comisión” y lo mantuvo el tiempo que quiso. Ahora, en cambio, si había una objeción a Rosen, es más difícil que Biden lo remueva, como podría haberlo hecho si no se filtraba el “pedido” de una diplomacia económica amateur.

En cualquier caso, aportó Artana, la provisión de “fondos frescos” reforzaría aún más la exigencia del Fondo de que la Argentina haga “reformas estructurales”.

La política monetaria y el dólar

Si aporta “fondos frescos”, el Fondo será particularmente insistente en acordar un esquema cambiario que impida que los mismos sirvan para enjugar, por un tiempo, un nuevo fracaso, como el del programa 2018-19 y, aunque fuera de programa, el de 2020.

“El programa que se acuerde tiene que encauzar el déficit fiscal y corregir el esquema cambiario. El desdoblamiento múltiple le trae muchos problemas al BCRA; este año nos comimos USD 10.000 millones de reservas netas y ya no hay reservas para contener cualquier caída en la demanda de dinero; el FMI es muy consciente de la necesidad de corregir eso: buscará unificar lo máximo posible el tipo de cambio, probablemente con alguna devaluación”, dijo Esteban Domecq, de la consultora Invecq.

En tanto el ex staffer del Fondo dijo que la tranquilidad cambiaria de las últimas semanas y la actual brecha cambiaria, del 80%, es un falso consuelo respecto del 150% a que había llegado en octubre, porque induce conductas (subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones, apuro para pagar deudas, incentivo a mudar operaciones al exterior) que se reflejan en la fuerte caída del superávit comercial y la virtual desaparición del saldo de divisas. “El aumento de la soja te puede ayudar, pero si no corregís eso no vas a ningún lado, y en dos meses tenés de vuelta una crisis cambiaria”, señaló.

Por cierto, el esquema monetario y cambiario fue uno de los más conflictivos del acuerdo de 2018. En 2019, antes de las PASO, recordó a Infobae otro insider del Fondo, el entonces jefe de misión para la Argentina, el italiano Roberto Cardarelli, le planteó a Nicolás Dujovne la necesidad de alguna forma de control de capitales. “Es algo impensable; nosotros lo levantamos”, fue la respuesta del entonces ministro, que cedió solo cuando el resultado de las PASO disparó el dólar. A más de 20 meses, la Argentina no solo no resolvió, sino que agravó su puja con la divisa de EEUU, reflejo –en rigor– de la previa derrota del peso.

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