Vicentin, telecomunicaciones e impuesto a la riqueza: el año de la tensión extrema entre el Gobierno y el sector privado

“Estamos generando condiciones macroeconómicas sostenibles y acompañamos a los productores en sus proyectos y esfuerzos. Las mesas de acuerdo entre trabajadores y empresarios son positivas, los sectores que participan son comprensivos del momento que atraviesa el país. Hay sectores que empiezan a reactivarse poco a poco”, aseguró Alberto Fernández en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el primero como presidente. Fue el 1ro. de marzo, tres días después se detectó el primer caso de coronavirus en el país. El 20 de ese mes comenzó la cuarentena. Así, este 2020 se transformó muy rápido en el año de la pandemia, con más de 1,5 millones contagiados y más 42.300 muertos en el país. El parate va a terminar con una caída de entre 10 y 12% en un contexto en el que la pobreza, según la UCA, llegó al 44,2%, unos 20,3 millones de argentinos y argentinas. Brecha cambiaria, inflación, acuerdo con el FMI y más ayuda social si llega una segunda ola del virus, serán los temas de la economía que viene.

El 2020 fue, además, el año de la fuerte tensión entre el Gobierno y el sector privado y los empresarios. El caso Vicentin, el decreto que declaró como básicos a los principales servicios de telecomunicaciones, la ley de teletrabajo, el polémico impuesto a la riqueza que aprobó el Congreso y que extrema la presión tributaria, fueron algunos de los “hitos” de ese contexto. A lo largo de este año, entidades como la Asociación Empresaria Argentina, la poderosa AEA que nuclea a los grandes dueños de empresas locales; el Foro de Convergencia Empresarial, que reúne a más de 60 cámaras, 25 ONG y otras entidades; la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio (CACS) y otras asociaciones emitieron comunicados, duros en muchos casos, manifestando su disconformidad por algunos de los temas arriba mencionados.

“Este año hubo dos grandes puntos de fricción entre el sector privado y el Gobierno. El primero fue la puja por la apertura económica post cuarentena. El otro fue autoinfligido, tiene varios episodios y no son imputables a la pandemia”, definió Marcelo Elizondo, experto en negocios y titular de la consultora DNI en diálogo con Infobae.

“La relación Gobierno-empresarios está basada en la concepción de esta administración de que el poder político es quien conduce la economía y que el sector privado se tiene que someter. Hay desconfianza y eso es el principal elemento de la tensión entre el sector público y el privado. Esa es la gran falencia de este Gobierno en términos de la agenda económica: no da previsibilidad hacia el futuro. Toma medidas de corto plazo, imprevistas, no anunciadas, que cambian las condiciones de acción. El principal insumo de la economía de hoy, la idea de futuro y el cálculo económico, no existe. Eso es un gran problema porque no le damos buenas señales al mundo”, explicó.

Campo y riqueza

El Gobierno fue y vino con el tema Vicentin, una empresa que sigue en la cuerda floja con cuentas embargadas, una situación financiera muy compleja y la Justicia como encargada de definir su destino. Todo eso quedó de lado, incluso para muchos de los propios acreedores de la empresa, luego del imprevisto frente interventor y expropiador que quiso imponer el Gobierno. El repudio fue generalizado: hubo manifestaciones en todo el país y muchos recuerdos de la crisis de 2008 por la Resolución 125. Fernández dio marcha atrás rápido: “Cuando miro atrás y me pregunto qué hice mal en Vicentin, veo que me equivoqué porque pensé que estaba más asumida la situación de crisis. Pensé que iban a salir a festejar. No pasó, empezaron a acusarme de cosas horribles”, dijo.

“Este año, a nuestros problemas viejos se le sumó la pandemia. La presión impositiva y la voracidad fiscal aumentaron con el impuesto a los activos. Por ese lado, el campo no da más. Además, hubo un paso atrás grande en el ida y vuelta y mensajes contrapuestos en temas sobre los que está construida la democracia. Me refiero al derecho a la propiedad y lo que pasó con Vicentin y luego con las intrusiones de terrenos y campos con el apoyo del Gobierno”, explicó Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

El dirigente, que se reunió con Fernández en varias ocasiones, como integrante del Grupo de los Seis, asegura que el Presidente ve al campo como un sector vital, pero que luego su administración aplica políticas que no van en ese sentido. “Empezando por los derechos de exportación. Hay muchas medidas que entorpecen nuestro accionar, estamos con el freno de mano puesto. Pero lo institucional es lo más grave porque nos afecta a todos. ¿Cómo van a venir las inversiones con cepo, con desacople cambiario y con actos que atacan a la propiedad privada?”, se preguntó.

El impuesto a la riqueza fue otro foco de fuerte tensión desde el momento en el que se comenzó a plantear, antes de la pandemia. El Foro de Convergencia, por caso, tildó de “dislate” al proyecto y pidió que el Congreso no lo tratara. No pasó y se aprobó.

“Las señales contra la inversión son muy negativas. Para empezar, hubo 15 nuevos impuestos o incrementos de algunos que ya existían, algo que culminó con este tributo extraordinario que tendrá un impacto muy grande. Se habla de que lo pagarán 10.000 personas, pero serán muchos más. El sector agropecuario estará alcanzado en gran medida. Cuando la gente tome conciencia y vea que tendrá que vender cosas para pagarlo va a ser un desastre”, resumió Miguel Blanco, coordinador del Foro y director general de Swiss Medical.

“Este Gobierno tomó muchas medidas anti empresa. Es una matriz que tiene la política desde hace años: creer que el Estado hace las cosas mejor que los privados. Viene de otros gobiernos, pero se acentuó en este. No creen en la actividad privada y por eso somos un blanco fácil. Por no hablar del avance contra la Justicia, algo que también afecta a las inversiones. No hay clima para invertir. El Estado está fundido, sólo emite, y ese impacto se verá luego de febrero. El panorama es muy complicado”, detalló.

Telcos

Por calendario, el último foco de fricción, al menos hasta que estás líneas se terminan de escribir, fue la reglamentación del polémico decreto de agosto con el que Fernández extendió el congelamiento de los precios de los principales productos de telecomunicaciones y declaró a internet, la telefonía móvil y el cable como “servicios públicos en competencia”. La reglamentación de la semana pasada permitió un aumento del 5 por ciento para enero y fijó una serie de productos que las empresas tendrán que vender a precios subsidiados. Una línea móvil con WhatsApp libre, por caso, a 150 pesos por mes.

Todo el sector se quejó y los analistas aseguran que los nuevos paquetes son imposibles de implementar. Claro dijo que la medida fue inconsulta; Telecom avisó que “un aumento del 5% no nos permite seguir trabajando como lo hicimos hasta ahora” y que ese es el “camino de las oportunidades perdidas”, y Telefónica afirmó que “no se comprende cuál es el racional técnico” de la medida.

“Lo que pasó hay que analizarlo dentro de competitividad global. El mundo telco se está transformando, de la mano del teletrabajo y, sobre todo, con el 5G. Por eso, a pesar de todo el potencial que tenemos en software, por ejemplo, no vamos a poder estar en ese top mundial de innovación. Eso va a pasar porque los privados están frenados y eso frena al resto. Son trabas productivas que nos afectan a todos”, asegura desde Córdoba Miguel Acevedo, presidente de la UIA.

El industrial, otro hombre de negocios que se reunió varias veces a lo largo de este año con Fernández, destacó el trabajo que se hizo con el gabinete económico, sobre todo en los primeros meses de la cuarentena. “En un año tan duro, esa labor fue fructífera, más allá de los encontronazos y las discusiones. La industria está trabajando volviendo a parámetros de 2019. Pero necesitamos inversión y acuerdos; sino no se puede trabajar con previsibilidad. Tenemos que trabajar juntos, ojalá que se pueda dar. Hay que salir de las antinomias”, reclama.

Techint

Por el peso propio de los protagonistas, el cruce más fuerte del año fue el que tuvieron al comienzo de la cuarentena Fernández y Paolo Rocca, el duelo de Techint y uno de los empresarios más ricos del país. “Algunos miserables olvidan a quienes trabajan para ellos y en la crisis los despiden. A esos miserables les habló el Papa Francisco. Ahora les digo yo que no dejaré que lo hagan”, tuiteó el Presidente a fines de marzo.

Días antes, Rocca –quien nunca habló del tema– había echado a 1.450 empleados de su constructora. “Has ganado tanta plata en tu vida, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo; hermano, esta vez colaborá”, agregó el mandatario en una entrevista por radio.

La tensión aflojó con los meses y, en octubre, Rocca almorzó en Olivos, con el Plan Gas y Vaca Muerta como prenda de paz. A finales de noviembre, en el discurso de cierre del presidente en la reciente Conferencia Industrial de la UIA, Fernández reconoció que “de la pobreza no se sale con el Estado y los planes, se sale con empresarios que inviertan y den trabajo”.

“Hoy, la relación entre ambos es formal, recompusieron… Es buena, diría”, asegura un empresario que conoce a ambos. Cerca del Presidente, coinciden. No parece poco en el año de la tensión extrema. “Ojo, eso es hoy, ahora. Acá nunca se sabe que va a pasar dentro de un rato”, aclaró rápido el hombre de negocios, por si quedaba alguna duda.

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